Por Canuto  

La administración de Donald Trump ha intensificado su ofensiva contra la Corte Penal Internacional con nuevas sanciones contra su presidenta y un alto funcionario, mientras evalúa medidas adicionales que podrían dificultar sus operaciones financieras.
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  • Estados Unidos impuso una nueva ronda de sanciones contra la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y otro alto funcionario del tribunal.
  • Washington también ha considerado restringir las operaciones financieras de la corte, aunque no existe confirmación pública sobre un bloqueo general de transacciones en dólares.
  • La ofensiva está vinculada a la oposición de Trump y su administración a las actuaciones de la CPI contra funcionarios estadounidenses e israelíes, incluido Benjamin Netanyahu.

La administración de Donald Trump ha ampliado su ofensiva contra la Corte Penal Internacional (CPI) mediante una nueva ronda de sanciones, en una disputa que combina presión diplomática, restricciones personales y posibles medidas financieras contra la institución.

Estados Unidos impuso sanciones contra la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y otro alto funcionario del tribunal, según reportes difundidos en agosto. La Casa Blanca ya había adoptado medidas contra la corte en 2025, cuando Trump firmó una orden ejecutiva que contemplaba sanciones económicas y restricciones de viaje para personas que ayudaran en determinadas actuaciones de la CPI.

La administración estadounidense también ha planteado nuevas restricciones con un alcance potencialmente mayor. Entre las medidas atribuidas a Washington figura la posibilidad de limitar las transacciones en dólares de la corte, pero no hay una confirmación pública de que se haya aprobado un bloqueo general ni de que exista un calendario definitivo para aplicarlo.

### Una presión financiera todavía no confirmada

Informaciones atribuidas a The Wall Street Journal señalaron que Washington estudiaba prohibir que la CPI realizara determinadas transacciones en dólares estadounidenses. El esquema descrito contemplaría un período de gracia cercano a seis meses antes de bloquear la mayoría de las operaciones financieras, aunque los detalles no han sido confirmados oficialmente.

La diferencia entre una propuesta en evaluación y una sanción vigente es relevante. Las medidas conocidas hasta ahora se han dirigido contra funcionarios de la corte, mientras que una prohibición amplia de operaciones en dólares afectaría directamente la capacidad institucional de la CPI para pagar proveedores, administrar cuentas y procesar transferencias internacionales.

El alcance de una eventual restricción dependería de su diseño. Washington tendría que establecer si la medida abarcaría todas las operaciones, si incluiría excepciones humanitarias o administrativas y qué entidades financieras quedarían obligadas a cumplirla. Hasta que exista un anuncio oficial, no puede afirmarse que la corte haya quedado aislada del sistema financiero global.

Aun así, la influencia del dólar en los pagos internacionales podría convertir una orden estadounidense en una fuente de presión para bancos y proveedores extranjeros. Las instituciones que mantuvieran vínculos con la CPI podrían enfrentar mayores exigencias de cumplimiento, dependiendo de las sanciones y de sus mecanismos de aplicación.

### El conflicto de Trump con la CPI

La Casa Blanca ya había justificado sus primeras medidas contra la corte alegando que la CPI había emprendido acciones “ilegítimas e infundadas” contra Estados Unidos y su aliado Israel. Washington sostiene que la institución no debe ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses, mientras que Estados Unidos e Israel no han ratificado el Estatuto de Roma que creó la CPI.

En julio, el secretario de Estado Marco Rubio anunció una campaña para neutralizar lo que describió como una amenaza de la CPI contra la soberanía estadounidense. Según los reportes sobre sus declaraciones, Rubio acusó al tribunal de reclamar autoridad para procesar a militares y funcionarios estadounidenses que actuaran en nombre del interés nacional.

La administración también ha acusado a la corte de mantener investigaciones contra militares y funcionarios de inteligencia estadounidenses. Esa postura constituye el marco político de las sanciones, aunque la nueva ronda de medidas también está relacionada con las actuaciones de la CPI contra funcionarios israelíes.

En agosto, la corte deploró el anuncio de nuevas sanciones estadounidenses contra su presidenta y un fiscal de alto rango. La medida muestra que la campaña de Washington ya no se limita a declaraciones políticas y órdenes generales, sino que también alcanza a integrantes concretos de la institución.

### Netanyahu y la orden de arresto

La CPI emitió el 21 de noviembre de 2024 una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu por hechos relacionados con la guerra de Gaza. La corte lo acusa de responsabilidad penal por crímenes de guerra y de lesa humanidad, cargos que Israel y sus aliados han rechazado.

La orden convirtió al primer ministro israelí en uno de los principales focos de la disputa entre Washington y la CPI. Trump ha defendido políticamente a Netanyahu, y la oposición de su administración a las actuaciones del tribunal contra funcionarios israelíes forma parte del contexto de las sanciones.

La confrontación, por tanto, combina una objeción institucional de Estados Unidos con una respuesta concreta a la situación del primer ministro israelí. Las nuevas sanciones contra funcionarios de la CPI materializan esa disputa, mientras que el posible bloqueo financiero representaría una escalada adicional todavía pendiente de confirmación.

### Qué puede ocurrir con las sanciones

La información disponible no establece una fecha definitiva para una eventual prohibición de transacciones en dólares ni describe con precisión el conjunto completo de restricciones. El período de gracia de aproximadamente seis meses aparece en reportes sobre una medida en evaluación, no como una regla oficialmente anunciada.

Por ahora, el elemento confirmado es la imposición de nuevas sanciones contra funcionarios de la CPI y la continuidad de la campaña de presión impulsada por la administración Trump. Las medidas de 2025 ya contemplaban sanciones económicas y de viaje contra personas que ayudaran en determinadas actuaciones del tribunal.

Una futura restricción financiera amplia elevaría el costo diplomático de la campaña y podría afectar las relaciones de la CPI con bancos, contratistas y organizaciones internacionales. Sin embargo, no es posible determinar su impacto operativo hasta conocer el texto, las excepciones y los mecanismos de cumplimiento.

El desenlace marcará una nueva etapa en el enfrentamiento entre Washington y la Corte Penal Internacional. Mientras las sanciones personales ya fueron anunciadas, el alcance de cualquier medida dirigida específicamente contra las transacciones en dólares sigue sin estar confirmado públicamente.

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