Por Canuto  

El gobierno de EE. UU. usará software espía en secreto durante décadas, pero los tribunales federales finalmente publicarán cuántas veces lo hacen. Expertos y legisladores celebran la medida que podría revelar un uso más extendido de lo que se pensaba.

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  • Los tribunales de EE. UU. publicarán a partir de 2029 cuántas veces autorizaron el uso de software espía para interceptar comunicaciones en tiempo real.
  • La medida responde a la presión del senador Ron Wyden y organizaciones de derechos digitales para aumentar la transparencia gubernamental.
  • Italia ya publica estos datos; en 2023, el software espía se utilizó contra más de 4.000 objetivos.

 

 

La vigilancia electrónica del gobierno de Estados Unidos ha sido un tema envuelto en el secreto, especialmente en lo que respecta al uso de software espía y herramientas de hacking. Desde 1998, el FBI ha empleado estas técnicas, pero nunca se ha publicado una cifra oficial sobre la frecuencia de su uso, lo que ha permitido que la opacidad reine en un área crítica para los derechos civiles.

Los tribunales pondrán números a la vigilancia

Esa situación está a punto de cambiar. Según informó TechCrunch, la Oficina Administrativa de los Tribunales de EE. UU. confirmó que comenzará a rastrear la categoría de vigilancia “software espía/hacking” a partir del Informe de Intervenciones Telefónicas de 2028, que se publicará al año siguiente.

Es decir, desde 2029 el poder judicial divulgará públicamente exactamente cuántas veces los jueces autorizaron el uso de intervenciones telefónicas realizadas con herramientas de hacking y software espía, conocidas en el lenguaje federal como técnicas de investigación de redes (NIT).

Esta nueva estadística se sumará a los informes anuales que la Oficina Administrativa ha publicado durante casi dos décadas sobre intervenciones telefónicas, los cuales desglosan cuántas autorizaciones se emitieron, en qué estados, bajo qué tipo de delito y por qué nivel judicial. Las intervenciones telefónicas permiten a la policía acceder en tiempo real a llamadas, mensajes y otras comunicaciones, y dado su carácter invasivo, exigen un alto estándar de evidencia antes de que un juez las autorice. La inclusión del software espía en esta categoría implica que se contabilizarán únicamente los casos en que se interceptan comunicaciones en vivo, no los registros de dispositivos donde se extraen datos almacenados, que siguen un proceso legal distinto.

El portavoz de la Oficina Administrativa explicó a TechCrunch que antes de incorporar estos datos al informe anual deben actualizarse los formularios y procedimientos de presentación para acomodar las nuevas categorías. Aunque el cambio podría parecer técnico, tiene profundas implicaciones: por primera vez, el público podrá conocer la magnitud del uso de herramientas de hacking por parte de las autoridades federales en un área que antes era completamente opaca.

La decisión llega después de años de presión por parte del senador demócrata Ron Wyden, quien desde 2017 ha pedido que se publiquen este tipo de datos y ha criticado “el secreto innecesario en torno a las órdenes de vigilancia electrónica”. Wyden celebró el anuncio en una declaración a TechCrunch, pero advirtió que aún falta más: “El pueblo estadounidense sigue en gran medida en la oscuridad sobre las diferentes formas en que el gobierno los espía“, dijo, y señaló que el Congreso debe aprobar su Ley de Transparencia en la Vigilancia Gubernamental, reintroducida a principios de este año.

Reacciones de legisladores y expertos

Los expertos en privacidad recibieron la noticia como una victoria significativa en la lucha por la transparencia gubernamental. Eva Galperin, directora de ciberseguridad de la Electronic Frontier Foundation (EFF), señaló que hasta ahora “solo hemos podido adivinar el tamaño del problema”, y que la publicación de estos datos ayudará a responsabilizar al gobierno cuando haya usos abusivos de software espía.

Galperin añadió: “Poder señalar un informe que diga que el software espía se usó X número de veces ayudará con la rendición de cuentas, especialmente si resulta que ese número es bastante alto. Es difícil decir que estás usando software espía como una herramienta quirúrgica cuando lo has desplegado decenas de miles de veces”.

Brett Max Kaufman, consejero principal del Centro para la Democracia de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), calificó el cambio como “un paso importante y largamente esperado hacia la transparencia en torno al hacking gubernamental”, y expresó que debería llevar a políticas y leyes mejor informadas en el futuro. Sus palabras reflejan un consenso entre las organizaciones de derechos civiles: la falta de datos ha alimentado la especulación y ha dificultado la exigencia de rendición de cuentas.

La medida, sin embargo, tiene límites claros. La nueva estadística solo revelará cuándo las autoridades han utilizado software espía para interceptar comunicaciones en tiempo real, como llamadas o mensajes de Signal y WhatsApp, pero no cuándo usan herramientas para hackear remotamente un teléfono y extraer datos almacenados (imágenes, archivos, ubicación). Esa distinción es fundamental, porque el segundo proceso legal, el de registro, sigue sin estar sujeto a este tipo de transparencia. Para muchos, esto significa que aún queda un largo camino por recorrer para saber el alcance completo de la vigilancia gubernamental.

A pesar de estas limitaciones, el anuncio marca un cambio de rumbo en una política que durante años se ha caracterizado por la falta de datos. El hecho de que los tribunales federales hayan acordado recopilar y publicar información sobre hacking es un reconocimiento de que el secreto ya no es sostenible, y que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se utilizan estas herramientas tan intrusivas.

Contexto internacional y próximos pasos

Estados Unidos no es el único país que enfrenta esta problemática. Italia ya publica datos detallados sobre el uso de software espía: según datos de 2023, el software espía se utilizó contra 4.321 objetivos en el país. Esa transparencia ha permitido a investigadores y periodistas escudriñar el uso de estas herramientas y ha generado debates públicos sobre su regulación, algo que hasta ahora ha sido difícil de replicar en EE. UU.

Con la publicación de los informes a partir de 2029, se espera que organizaciones como la EFF y la ACLU puedan analizar las cifras, compararlas con otros países y presionar por una mayor apertura. La información también podría servir para revisar las políticas de asignación de recursos y la formación de los agentes que utilizan estas técnicas, así como para evaluar si las restricciones judiciales son suficientes.

Ron Wyden, quien ha sido uno de los críticos más vocales del secreto en la vigilancia, insiste en que su proyecto de ley va más allá de los informes anuales, pues busca establecer requisitos de transparencia más amplios para todas las formas de vigilancia gubernamental. Aunque el acuerdo de los tribunales es un avance, él y otros legisladores consideran que es solo el primer paso hacia un sistema donde la ciudadanía pueda conocer el costo real de su seguridad.

Mientras tanto, el debate sobre los límites de la vigilancia continúa, especialmente en un contexto donde el software espía comercial ha sido utilizado para atacar a periodistas y activistas en todo el mundo. La decisión de los tribunales de EE. UU. de publicar estos datos envía una señal importante sobre la necesidad de rendir cuentas, pero su impacto real dependerá de cómo se implementen los cambios y de si otros poderes del Estado siguen el ejemplo. El tiempo dirá si esta medida es suficiente para iluminar una práctica que ha permanecido en las sombras durante demasiado tiempo.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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