Por Canuto  

El auge de herramientas como ChatGPT y Claude está cambiando la dinámica de los litigios sin abogado en Estados Unidos. Un estudio aún no revisado por pares y testimonios recogidos en medios internacionales apuntan a un aumento de escritos judiciales con apariencia profesional, pero sin base legal suficiente, lo que está elevando la carga de trabajo en los tribunales federales.
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  • Un estudio citado por medios estadounidenses asegura que el 18% de las presentaciones pro se ya contiene texto generado por IA.
  • Durante los primeros 180 días de un caso, el volumen de entradas en expediente por tribunal habría crecido un 64% en promedio en la etapa posterior a la expansión de los LLM.
  • Jueces y abogados advierten que la IA puede democratizar el acceso al derecho, pero también producir documentos convincentes que ocultan reclamos sin sustancia.

La rápida adopción de modelos de lenguaje como ChatGPT y Claude está llegando con fuerza a un terreno especialmente sensible: los tribunales federales de Estados Unidos. La novedad no es solo que abogados y firmas exploren estas herramientas, sino que personas sin representación legal las están usando para redactar demandas, mociones y resúmenes de jurisprudencia con una apariencia cada vez más profesional.

Ese cambio está generando inquietud entre jueces, funcionarios judiciales y analistas del sistema legal. El problema, según coinciden diversas voces, no es únicamente la posible presencia de errores o citas defectuosas, sino la capacidad de la IA para producir documentos prolijos y convincentes que pueden parecer sólidos aunque no contengan una reclamación jurídicamente válida.

Para entender el trasfondo, conviene recordar qué significa litigar pro se. En Estados Unidos, este término describe a quienes se representan a sí mismos ante los tribunales, sin abogado. Históricamente, este tipo de presentaciones ya suponía una carga especial para el sistema, pero la irrupción de la IA generativa está alterando la escala, la velocidad y la complejidad del fenómeno.

Un estudio de Anand Shah, del MIT, y Joshua Levy, de la USC, todavía no revisado por pares, sostiene que desde el despliegue amplio de los grandes modelos de lenguaje el 18% de las presentaciones pro se contiene texto que los autores clasificaron como generado por IA. Según ese mismo trabajo, el volumen total de entradas en el expediente por tribunal durante los primeros 180 días de un caso aumentó un 64% en promedio a lo largo del período posterior a la expansión de estas herramientas.

Una carga creciente para los tribunales

El caso de Donald Sauve, presentado en reportes periodísticos recientes, ilustra el tipo de tensión que enfrentan hoy algunos tribunales. Sauve acudió a un tribunal federal de Minnesota con una denuncia escrita a mano contra su exesposa, su abogado y un juez estatal, alegando que se le había privado ilegalmente de su vivienda. Esa demanda fue desestimada con rapidez por falta de jurisdicción.

Tres meses después, volvió a intentarlo, pero esta vez con asistencia de chatbots de IA. Según el relato citado por la publicación Digit, regresó con una denuncia redactada con ayuda de ChatGPT y Claude, además de 50 presentaciones adicionales y una síntesis de jurisprudencia basada en la investigación legal que había realizado para respaldar sus argumentos.

La diferencia formal fue evidente. Los documentos, de acuerdo con ese reporte, parecían profesionales y creíbles. Sin embargo, el desenlace no cambió. El tribunal volvió a desechar la acción, aunque el proceso exigió mucho más tiempo y trabajo administrativo antes de llegar a la misma conclusión.

Cada uno de esos escritos tuvo que ser leído, registrado, titulado por un secretario e incorporado al expediente público. Solo después de ese proceso el juez Patrick J. Schiltz concluyó que Sauve no había formulado de forma clara ni una sola reclamación. Finalmente, Schiltz ordenó que cualquier presentación adicional de Sauve fuera destruida sin previo aviso.

La advertencia del magistrado fue directa. Según se recoge en los informes, un tribunal no puede esperar excavar entre cientos de páginas de documentos en busca de hechos que puedan sostener una reclamación. En otra valoración citada por la cobertura del caso, el propio Schiltz llegó a describir el fenómeno como “una amenaza existencial para los tribunales federales”.

La ilusión de legitimidad jurídica

Uno de los puntos más delicados del debate es que la IA no necesariamente produce escritos absurdos a primera vista. Por el contrario, puede generar textos ordenados, bien estructurados, con terminología jurídica, formato adecuado y citas que aparentan conocimiento técnico. Eso hace más difícil filtrar de inmediato cuáles presentaciones tienen sustancia y cuáles solo imitan la forma del lenguaje legal.

Ese es, precisamente, el núcleo del problema expuesto en los reportes. La tecnología puede ayudar a un litigante sin abogado a construir un documento con apariencia legítima, pero no puede crear por sí sola los hechos, la jurisdicción, la causa de acción ni los fundamentos materiales que exige un tribunal. En otras palabras, puede pulir el envase sin corregir la falta de contenido.

La distinción importa porque un escrito claramente deficiente puede ser descartado con mayor rapidez. En cambio, un documento extenso y bien presentado obliga al personal judicial a dedicar más tiempo a revisar si detrás de esa presentación existe realmente un caso viable. Eso convierte a la IA en un multiplicador de carga burocrática y judicial, incluso cuando el resultado final es el rechazo.

Los datos citados refuerzan esta preocupación. Según el New York Times, los litigantes pro se perdieron el 96% de sus casos entre 1998 y 2017. Aun así, la nueva ola de herramientas de IA podría estar incentivando a más personas a acudir a los tribunales con la expectativa de que una mejor redacción aumente sus probabilidades de éxito, aunque la base legal siga siendo débil.

Más litigantes no presos y más documentos por caso

El estudio de Shah y Levy también apunta a un cambio relevante en el perfil de las presentaciones. Tradicionalmente, muchas acciones pro se provenían de personas encarceladas que trabajaban en sus casos desde prisión. Sin embargo, los autores sostienen que la proporción nacional de presentaciones pro se de no presos saltó desde un nivel históricamente estable de alrededor del 11% hasta el 16,8% en el año fiscal 2025.

Ese aumento, señalan los investigadores, no tendría precedentes en 25 años de registros administrativos. Si la lectura es correcta, la IA no solo estaría incrementando el número de escritos dentro de cada caso, sino también ampliando la base de ciudadanos que se sienten capaces de iniciar procesos judiciales sin contratar defensa legal.

El contexto general ayuda a dimensionar el impacto potencial. Los tribunales federales de distrito enfrentan cerca de 300.000 casos civiles al año, mientras otros 42.000 litigios civiles llegan a cortes de apelación, según las cifras citadas en la cobertura. Hasta un tercio de esos asuntos habría sido iniciado por litigantes pro se.

Con esa escala, incluso un incremento modesto en la cantidad de escritos por expediente puede traducirse en miles de horas adicionales de trabajo para jueces, secretarios y personal administrativo. El problema no es abstracto. Cada presentación requiere procesamiento formal, lectura y archivo, aun cuando termine siendo infundada.

Democratización del derecho, pero con límites

El debate, sin embargo, no es completamente unilateral. Tanto jueces como abogados reconocen que la IA también puede tener un efecto positivo al reducir barreras de acceso a la justicia. Para personas que no pueden pagar representación legal, una herramienta capaz de explicar procedimientos, ordenar hechos y mejorar la claridad de un escrito podría ser útil en contextos muy concretos.

Ese potencial democratizador es real, sobre todo en un sistema donde la asistencia legal suele ser costosa y desigual. Para muchos ciudadanos, una demanda puede ser el único mecanismo disponible para intentar reparar un daño cuando sienten que otras instituciones no responden. Desde esa óptica, la expansión de la IA toca una tensión más amplia entre eficiencia judicial y acceso ciudadano.

La propia cobertura original de Gizmodo subraya esa ambivalencia. Aunque advierte sobre las demandas frívolas generadas con IA y el tiempo que hacen perder a los tribunales, también plantea que los litigios son a veces la única herramienta de los estadounidenses más desfavorecidos. Esa lectura evita reducir el fenómeno a una caricatura tecnológica y lo ubica dentro de una crisis mayor de acceso legal.

El problema, en todo caso, parece estar en que la estructura actual de la justicia no fue diseñada para absorber una avalancha de escritos producidos en minutos por sistemas que dominan la forma, pero no garantizan fondo. En ese escenario, la IA puede ampliar oportunidades para algunos usuarios, mientras al mismo tiempo deteriora la capacidad operativa del sistema en su conjunto.

Para los lectores del ecosistema tecnológico, el caso ofrece una advertencia familiar. Como ocurre en otros sectores, la IA generativa puede reducir costos de entrada y multiplicar productividad, pero también abaratar el ruido, la saturación y el trabajo de verificación. En los tribunales, ese costo no lo asume solo quien usa la herramienta, sino también una infraestructura pública limitada que debe procesar cada documento.

Por ahora, la discusión apenas comienza. Si los hallazgos preliminares se consolidan y los tribunales confirman la tendencia, Estados Unidos podría verse obligado a redefinir protocolos, filtros y criterios para manejar presentaciones asistidas por IA sin cerrar la puerta a quienes realmente necesitan acceso al sistema judicial.


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