Por Canuto  

Un panel del Noveno Circuito de Apelaciones de EE. UU. frenó la aplicación de dos obligaciones climáticas de California, aunque permitió que el estado exija ciertos datos sobre emisiones propias y energía consumida por las empresas. El fallo invoca límites constitucionales a la expresión obligada y representa una victoria parcial para los grupos empresariales que impugnaron las leyes.
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  • El tribunal bloqueó la exigencia de reportar riesgos financieros climáticos y emisiones de la cadena de valor.
  • California sí podrá aplicar parte de la ley sobre emisiones propias y energía comprada y consumida.
  • La disputa regresará a un juez federal en Los Ángeles, mientras el fiscal general del estado evalúa sus próximos pasos.

Un panel de tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos limitó el alcance de las leyes climáticas de California y bloqueó que el estado aplique dos de sus principales exigencias de divulgación empresarial. La decisión, emitida el lunes 9 de noviembre en San Francisco, impide por ahora que las compañías deban reportar determinados riesgos financieros vinculados al clima y emisiones indirectas asociadas con sus cadenas de valor.

El fallo no anuló por completo las obligaciones de reporte: el panel permitió que California aplique disposiciones de una de las leyes para exigir información sobre las emisiones propias de las grandes empresas y las vinculadas con la energía que compran y consumen. La resolución supone una victoria parcial para la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la American Farm Bureau Federation y grupos empresariales californianos que presentaron la demanda, según informó Reuters.

El alcance del fallo y las obligaciones que continúan

La disputa gira en torno a dos normas que el gobernador demócrata Gavin Newsom firmó en 2023, en una iniciativa que convirtió a California en el primer estado del país en exigir estas divulgaciones climáticas. Una de ellas, el Proyecto de Ley del Senado 261, obliga a empresas con ingresos anuales superiores a USD $500 millones a divulgar cada dos años los riesgos financieros relacionados con el cambio climático.

La segunda norma, el Proyecto de Ley del Senado 253, se aplica a compañías con más de USD $1.000 millones en ingresos anuales y exige reportes cada año sobre emisiones de proveedores, clientes y otros participantes de sus cadenas de valor. Esa información va más allá de las emisiones directas de una empresa e incluye impactos que ocurren fuera de sus operaciones inmediatas, por ejemplo, en distintos eslabones de su actividad comercial.

La fecha del fallo coincide con el plazo fijado para los primeros reportes de emisiones de Alcance 1 y 2. La firma legal Thompson Hine señala que la norma final de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) estableció el 10 de noviembre de 2026 como fecha límite para esos informes. El panel permitió que el estado aplique las disposiciones relativas a las emisiones propias de las empresas y a las asociadas con la energía que compran y utilizan, pero bloqueó la obligación de reportar emisiones de la cadena de valor.

La sentencia impide que el estado aplique la ley de riesgos financieros climáticos y parte de la norma de responsabilidad sobre datos corporativos del clima. Esa delimitación importa porque las dos leyes tienen umbrales, periodicidades y tipos de información diferentes, de modo que el fallo conserva algunas obligaciones mientras detiene otras que alcanzaban juicios de las compañías sobre riesgos o datos de terceros.

La Primera Enmienda, eje de la decisión

Los demandantes sostuvieron que las leyes impondrían costos masivos a empresas públicas y privadas y vulnerarían las protecciones de libertad de expresión de la Primera Enmienda. El tribunal consideró por unanimidad que la exigencia de divulgar cada dos años riesgos financieros relacionados con el clima probablemente no superaría ese examen constitucional, porque obliga a las compañías a formular valoraciones que el panel describió como cargadas de valores sobre un asunto políticamente sensible.

La jueza de circuito Jacqueline Nguyen, designada por el presidente demócrata Barack Obama, escribió que el cambio climático afectará cada vez más la actividad humana y obligará a los sistemas sociales, económicos y políticos a adaptarse. Añadió que la Primera Enmienda limita la capacidad del gobierno para obligar a hablar, una premisa que el panel aplicó a las obligaciones de divulgación impugnadas.

Respecto del reporte de emisiones de proveedores, clientes y otros integrantes de las cadenas de valor, los jueces concluyeron que el requisito iba demasiado lejos frente a los objetivos que California invocó: ayudar a los inversores, reducir emisiones y prevenir expresiones engañosas. El panel señaló que el estado pudo haber difundido información ya disponible al público o creado incentivos para que las empresas divulgaran datos o redujeran sus emisiones voluntariamente.

La resolución no niega la importancia de los riesgos climáticos ni concluye que toda divulgación empresarial sea inconstitucional. Su razonamiento se centra en si el gobierno puede imponer esas expresiones y en el alcance de las obligaciones específicas cuestionadas, una distinción que deja espacio para que California mantenga la parte de la ley sobre ciertos datos de emisiones mientras se resuelve el litigio.

Reacciones y próximos pasos judiciales

Entre los funcionarios demandados estaban representantes de la Junta de Recursos del Aire de California y el fiscal general estatal, Rob Bonta, encargado de hacer cumplir las leyes. La oficina de Bonta dijo que estaba evaluando los próximos pasos y expresó satisfacción porque parte de la ley de divulgación de emisiones podrá aplicarse, además de reafirmar su compromiso con el acceso de los californianos a datos climáticos.

Daryl Joseffer, presidente del US Chamber Litigation Center, calificó la decisión como una victoria importante porque detuvo los requisitos de divulgación más onerosos. También anunció que la Cámara de Comercio buscará medidas cautelares permanentes, por lo que la resolución del panel no necesariamente cierra el proceso judicial ni determina por sí sola el desenlace final de la disputa.

Travis Cushman, subconsejero general de la American Farm Bureau Federation, describió el resultado como una victoria para las pequeñas empresas. Su argumento es que, sin el reporte obligatorio de emisiones de las cadenas de valor, las grandes compañías tendrían menos incentivos para pedir a granjas pequeñas y medianas que les proporcionen esos datos.

El panel devolvió el caso al juez federal Otis Wright, en Los Ángeles, quien había permitido que California aplicara ambas leyes. El Noveno Circuito ya había suspendido en noviembre anterior la aplicación de la ley sobre riesgos financieros mientras avanzaba la apelación, y ahora el tribunal inferior deberá continuar con el caso a la luz de la nueva decisión.

Una decisión dividida sobre el alcance de la regulación

El juez de circuito Mark Bennett, designado por el presidente republicano Donald Trump, discrepó parcialmente: habría bloqueado ambas leyes, en lugar de permitir la aplicación de parte de los requisitos sobre emisiones. El panel también incluyó a la jueza federal Kiyo Matsumoto, designada por el presidente republicano George W. Bush, quien normalmente ejerce en Brooklyn, Nueva York.

La diferencia entre la postura mayoritaria y la disidencia refleja el alcance de la controversia, aunque no cambia el resultado operativo inmediato: California conserva la posibilidad de exigir algunos datos de emisiones, pero no podrá aplicar las obligaciones que el panel consideró excesivas o constitucionalmente problemáticas. El litigio sigue abierto, y la petición de medidas cautelares permanentes anunciada por la Cámara de Comercio podría prolongar la batalla sobre qué información pueden exigir los estados a las empresas.

El caso también enfrenta dos intereses que el tribunal reconoció en su análisis: la disponibilidad de información útil para inversores y las restricciones constitucionales a la expresión obligatoria por parte de empresas. California ha argumentado que los datos climáticos son críticos en un estado expuesto a incendios forestales, sequías, aumento del nivel del mar y temperaturas superiores a 100 grados Fahrenheit, equivalentes a unos 38 grados Celsius.

El fallo no elimina esos riesgos ni resuelve el debate sobre cómo deben medirlos las empresas, pero establece límites judiciales a la forma en que el estado puede exigir que los describan. Por ahora, el resultado es un recorte parcial de las normas de divulgación más ambiciosas del país, con el caso de regreso ante Wright y con la oficina de Bonta revisando cómo responder.

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