Por Canuto  

TP-Link busca recuperar acceso a las ventas de sus nuevos routers en Estados Unidos con una alianza de fabricación en Mississippi que, según el titular de la propuesta, alcanza USD $1.000 millones. El plan llega en medio de restricciones federales, acusaciones de varios estados y un debate de seguridad que la empresa niega.
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  • TP-Link firmó una carta de intención con Key Tronic para ensamblar routers en Corinth, Mississippi, en vez de importarlos de Vietnam.
  • La empresa busca aprobación condicional de la FCC para vender dos routers Wi-Fi 8, mientras sus productos nuevos siguen sujetos a restricciones.
  • Las autoridades federales y estatales han planteado preocupaciones de seguridad y vínculos con China; TP-Link rechaza esas acusaciones.

 

Una oferta de manufactura para recuperar acceso

TP-Link intenta abrir una vía para vender en Estados Unidos sus nuevos routers, incluidos dos modelos Wi-Fi 8 que ya busca comercializar en otros mercados. La compañía firmó una carta de intención con Key Tronic para ensamblar equipos en Corinth, Mississippi, una iniciativa que presenta como parte de una estrategia para ampliar la manufactura nacional y responder a las objeciones que frenan sus productos.

La propuesta se ha presentado como una alianza de manufactura estadounidense valorada en USD $1.000 millones, aunque la información disponible no detalla los términos financieros, el calendario de inversión ni el volumen de producción previsto. El acuerdo todavía es una carta de intención, por lo que no equivale a una planta en operación ni garantiza que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) autorice de inmediato las ventas.

La medida busca reforzar la solicitud de TP-Link para obtener una aprobación condicional de la FCC y vender dos routers Wi-Fi 8 de próxima generación en el país. La empresa sostiene que esa autorización permitiría a los consumidores estadounidenses acceder a los mismos equipos que pronto estarán disponibles en otras regiones, mientras el bloqueo actual deja a Estados Unidos fuera de sus planes de lanzamiento.

Jeffrey Chao, CEO de TP-Link Systems Inc., afirmó que el acuerdo con Key Tronic demuestra el compromiso de la compañía con la manufactura avanzada nacional. También dijo que el ensamblaje local podría respaldar empleos tecnológicos y favorecer la innovación estadounidense, aunque la propuesta aún debe superar tanto las dudas regulatorias como el escrutinio político que pesa sobre el fabricante.

El conflicto regulatorio y la cronología de las restricciones

La disputa comenzó a finales de 2024, cuando el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino pidió al Departamento de Comercio investigar a TP-Link. El comité señaló entonces que los productos de la empresa se vendían en tiendas vinculadas con el Ejército y la Fuerza Aérea, así como en el Navy Exchange, y advirtió que routers de la marca podrían enviar datos de usuarios a China.

En esa etapa, los legisladores instaron al Departamento de Comercio a utilizar sus facultades para investigar a la compañía y tomar medidas frente a posibles riesgos para la seguridad nacional. Se trataba de alegaciones y preocupaciones expresadas por el comité, no de una conclusión pública que probara que los routers enviaban información a China; TP-Link ha rechazado de forma reiterada que mantenga vínculos con el Gobierno chino.

La presión aumentó a mediados de 2025, cuando 17 integrantes del Congreso solicitaron al Departamento de Comercio prohibir la venta del hardware de TP-Link en Estados Unidos por sus presuntos lazos con el Partido Comunista Chino. A finales de ese año, otros 23 miembros de la Cámara y el Senado pidieron nuevas investigaciones, además de evaluar la inclusión de la empresa en la Lista Cubierta y comunicar al público los riesgos que pudieran encontrar.

En marzo de 2026, la FCC incorporó a TP-Link y a otros fabricantes de routers a su Lista Cubierta, una medida que impide vender en el país routers fabricados en el extranjero que no cuenten con una aprobación previa. La comisión justificó su decisión por el uso de vulnerabilidades en routers domésticos y de pequeñas oficinas para interrumpir conexiones, espiar redes locales y robar propiedad intelectual, riesgos que atribuyó a dispositivos producidos fuera de Estados Unidos.

Un mercado importante y nuevas acusaciones estatales

Desde que se impusieron las restricciones, Amazon, Asus y Netgear obtuvieron aprobaciones condicionales de la FCC para vender nuevos productos inalámbricos en Estados Unidos, según Tom’s Hardware. Esas autorizaciones tienen una vigencia de 18 meses desde su emisión, mientras TP-Link continúa a la espera, una diferencia que puede afectar su capacidad para competir con lanzamientos recientes en uno de sus mercados más relevantes.

El impacto potencial se hizo visible cuando TP-Link abrió preventas de su router Archer 8 Ultra, con disponibilidad anunciada para Reino Unido, Alemania y Australia, pero no para Estados Unidos. La empresa también prepara el Deco 8 Ultra, y ambos productos quedaron fuera de la lista estadounidense por las restricciones vigentes, pese a que TP-Link había sido el mayor proveedor mundial de routers Wi-Fi y dispositivos relacionados durante más de una década.

El panorama se complicó aún más cuando Florida, Montana, Iowa y Nebraska demandaron a TP-Link Systems a comienzos de octubre. Los estados sostienen que la compañía hizo afirmaciones falsas o engañosas sobre la seguridad de sus productos y sus vínculos con China; son acusaciones planteadas en litigios, no hechos establecidos por una sentencia mencionada en la información disponible.

El fiscal general de Montana, Austin Knudsen, afirmó que routers antiguos de TP-Link en hogares de su estado podrían seguir expuestos porque algunos modelos no reciben actualizaciones automáticas ni cuentan ya con soporte de seguridad. Knudsen también cuestionó la estructura de la empresa: dijo que TP-Link menciona unos 300 empleados en Estados Unidos, frente a más de 11.000 trabajadores dedicados a desarrollo y manufactura en China, y alegó que menos del 1% del valor de los componentes para el mercado estadounidense se obtiene en Vietnam.

La respuesta de TP-Link y lo que falta por resolver

El fiscal general de Iowa, Bird, sostuvo que la seguridad de los datos de los residentes y la seguridad nacional están en riesgo por la conexión de TP-Link con el Gobierno comunista chino. Según su declaración, la empresa asegura a los consumidores que sus routers y datos son seguros y que no tiene vínculos con China, afirmaciones que el funcionario calificó de falsas; TP-Link, por su parte, niega los señalamientos.

El 13 de octubre, TP-Link envió una carta a la FCC en la que defendió su estrategia «primero América» y criticó las demandas estatales. La empresa describió las alegaciones de un grupo de 21 funcionarios estatales como infundadas y previamente desacreditadas, y acusó a sus críticos de elevar un estándar que, a su juicio, sería imposible de cumplir para cualquier fabricante de routers.

En la misma comunicación, TP-Link sostuvo que la innovación de sus productos contribuyó a su liderazgo en el mercado estadounidense y que la sucesión de litigios y declaraciones perjudica la competencia. También argumentó que la amplia presencia de sus dispositivos convierte la disputa en un asunto relevante para la infraestructura crítica, aunque la empresa no ha logrado que esa defensa despeje las preocupaciones regulatorias ni las demandas estatales.

La compañía afirma que fue la primera en ofrecer routers Wi-Fi 7 en Estados Unidos y aspira ahora a ocupar una posición similar con Wi-Fi 8, para lo cual ya abrió preventas de sus equipos en otros países. Sin una aprobación condicional, sin embargo, el Archer 8 Ultra y el Deco 8 Ultra seguirán fuera del alcance de los consumidores estadounidenses, y TP-Link estima que su participación en el mercado de routers de consumo del país ronda el 65%.

La alianza con Key Tronic ofrece a TP-Link una respuesta concreta a las exigencias de fabricación local, pero no resuelve por sí sola el debate sobre seguridad, origen de componentes ni gobernanza corporativa. El siguiente paso dependerá de la evaluación de la FCC y de cómo avancen las demandas estatales, mientras la empresa intenta evitar que la ausencia de sus nuevos productos ceda más espacio a competidores ya autorizados.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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