Dos empresarios tailandeses demandaron a Tether en Nueva York por congelar USD $42,4 millones en USDT antes de que existiera una orden de decomiso. El caso plantea una disputa de fondo sobre el poder de los emisores de stablecoins para bloquear tokens adquiridos en el mercado abierto, así como sobre los intereses generados por reservas que sus propietarios no pueden canjear.
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• Dos demandantes alegan que Tether incluyó diez direcciones de Ethereum en su lista negra casi cuatro meses antes de una orden de decomiso.
• La demanda sostiene que una solicitud informal de un agente de Homeland Security Investigations no constituía un proceso legal.
• Los reclamos incluyen conversión ilegal, usurpación de bienes muebles y enriquecimiento injusto por los intereses de las reservas.

Tether enfrenta una demanda por congelar USD $42,4 millones en USDT

Dos empresarios tailandeses demandaron a Tether ante un tribunal federal de Nueva York por el congelamiento de USD $42,4 millones en USDT. Nutthawat Rukthammachalern y Natthawat Kasamvilas sostienen que el emisor bloqueó sus billeteras casi cuatro meses antes de que existiera una orden judicial de decomiso, una secuencia que vuelve a poner bajo escrutinio el poder de las stablecoins centralizadas.

La demanda fue presentada el 31 de agosto ante el Distrito Sur de Nueva York, en el expediente 1:26-cv-07400, y plantea una pregunta con implicaciones para los mercados de activos digitales: ¿puede un emisor inmovilizar tokens adquiridos en el mercado abierto sin un proceso legal previo? El caso todavía no tiene una decisión judicial, mientras Tether tampoco ha respondido públicamente a los señalamientos incluidos en el expediente.

El bloqueo ocurrió antes de la orden de decomiso

Los demandantes afirman que Tether incluyó diez direcciones de Ethereum en su lista negra el 30 de octubre de 2025. Según su versión, esas billeteras contenían exactamente 42.417.785,62 USDT, fondos que dejaron de ser transferibles después de la intervención del emisor y que, por tanto, ya no podían circular ni canjearse en las condiciones habituales del mercado.

Rukthammachalern y Kasamvilas aseguran que nunca abrieron una cuenta directamente con Tether y que tampoco aceptaron sus términos de servicio. Su posición busca diferenciar la relación entre el emisor y los usuarios originales de la relación con compradores posteriores, porque los tokens habrían sido adquiridos de segunda mano en el mercado abierto.

Dos días después del bloqueo, los empresarios enviaron un correo electrónico a Tether para pedir explicaciones sobre la medida. La compañía, según la demanda, los remitió a un agente especial de Homeland Security Investigations, conocido como HSI, pero no les proporcionó una base legal específica para justificar la inmovilización.

El expediente sostiene que la actuación de Tether respondió inicialmente a una solicitud informal del agente de HSI. La cita central de los demandantes afirma que una petición de ese tipo no constituye un proceso legal bajo la legislación federal, argumento que intenta convertir el momento del congelamiento en el núcleo de la controversia y no únicamente el origen de los fondos.

La orden posterior y el destino de los tokens

Un juez magistrado del Distrito Este de Carolina del Norte emitió la orden de decomiso 5:26-MJ-1267-JG el 19 de febrero de 2026. El documento instruyó a Tether a quemar los tokens congelados y a reemitirlos hacia una billetera controlada por el Gobierno, de acuerdo con la información contenida en la demanda.

Cinco días después, los fiscales de Carolina del Norte anunciaron un decomiso de aproximadamente USD $61 millones en USDT que, según las autoridades, había sido rastreado hasta un fraude de inversión romántica. La demanda no discute que el Gobierno pueda calificar esas monedas como producto de una estafa, pero sí cuestiona que el emisor las haya bloqueado antes de contar con una orden formal.

La asesora corporativa y de propiedad intelectual Ariel Givner identificó el expediente y destacó esa diferencia entre los argumentos de los empresarios y la investigación criminal. En otras palabras, los demandantes no niegan necesariamente la acusación sobre el origen ilícito de los activos, sino que disputan el procedimiento y el intervalo en que Tether restringió su movimiento.

La secuencia temporal será relevante para el tribunal porque separa dos actos con efectos distintos: primero, la lista negra que impidió operar con las billeteras; después, la orden que ordenó destruir y reemitir los tokens. Hasta ahora, ningún juez se ha pronunciado sobre si el bloqueo inicial fue válido, si la posterior orden subsanó el problema o si los demandantes conservan derecho a reclamar compensación.

Intereses, reservas y reclamos económicos

Los empresarios presentaron cinco reclamaciones, entre ellas conversión ilegal, usurpación de bienes muebles, conocida en el derecho anglosajón como trespass to chattels, y enriquecimiento injusto. La demanda busca que el tribunal restaure la transferibilidad de los activos, prohíba cualquier quema adicional, ordene la restitución de los rendimientos y conceda daños punitivos.

El reclamo por enriquecimiento injusto se concentra en los intereses que, según los demandantes, Tether continuaría obteniendo mientras mantiene reservas asociadas a tokens congelados. La demanda calcula que la compañía posee aproximadamente USD $130.000 millones en valores del Tesoro a través de Cantor Fitzgerald, y sostiene que puede seguir cobrando los cupones aunque los titulares afectados no puedan canjear sus USDT.

Ese argumento traslada la disputa desde la disponibilidad de las monedas hacia la economía de las reservas que respaldan a la stablecoin. Si los fondos permanecen inmovilizados durante un periodo prolongado, los demandantes consideran que el emisor obtiene un beneficio financiero del capital que ellos ya no pueden utilizar, aunque el tribunal todavía debe determinar si esa teoría tiene sustento legal.

La compensación solicitada combina remedios sobre los tokens y reclamos monetarios. Además de pedir que las unidades vuelvan a ser transferibles, los empresarios reclaman impedir su quema, recuperar el rendimiento atribuido a las reservas y recibir daños punitivos, objetivos que podrían enfrentar obstáculos si el tribunal concluye que las acciones posteriores estuvieron amparadas por la orden de decomiso.

Un debate más amplio para las stablecoins

El momento de las listas negras de Tether ya había sido objeto de escrutinio en otros episodios, según el contexto presentado por BeInCrypto. En algunos casos, fondos vinculados con investigaciones escaparon antes de que se completaran las restricciones, mientras la empresa actuó en cuestión de horas ante solicitudes relacionadas con sanciones de la OFAC.

La comparación con Circle añade otro punto al debate sobre los emisores centralizados. La compañía se negó en un caso distinto a reemitir USDC congelado sin una autorización legal clara, una postura que los demandantes pueden utilizar para contrastar el alcance de las decisiones que toman los administradores de diferentes stablecoins.

USDT no funciona como un activo completamente autónomo, porque Tether conserva facultades técnicas para incluir direcciones en listas negras y bloquear movimientos en determinadas circunstancias. Esa capacidad facilita la cooperación con investigaciones y sanciones, pero también genera preguntas sobre el debido proceso cuando los tokens cambian de propietario varias veces antes de que una autoridad emita una orden.

El valor de mercado de aproximadamente USD $183.000 millones de USDT amplía la importancia potencial del litigio más allá de las diez billeteras involucradas. Un fallo sobre la relación entre congelamientos preventivos, órdenes de decomiso, compradores secundarios e intereses de las reservas podría influir en la forma en que usuarios, emisores y autoridades entienden los derechos asociados con las stablecoins.

Qué puede ocurrir a continuación

El primer paso procesal relevante será la respuesta de Tether a la demanda presentada en el Distrito Sur de Nueva York. Esa contestación podría exponer la base jurídica que la compañía considera suficiente para atender la solicitud inicial de HSI, además de aclarar si sostiene que sus términos, sus contratos con intermediarios o la naturaleza de los tokens limitan los reclamos de los compradores.

El segundo elemento pendiente corresponde al Distrito Este de Carolina del Norte, donde los demandantes presentaron el 31 de julio una solicitud de devolución. El resultado de esa petición puede afectar la disponibilidad de los fondos y ofrecer una señal sobre la relación entre el decomiso ordenado por ese tribunal y el litigio civil iniciado en Nueva York.

La demanda también tendrá que superar la cuestión de la legitimación y demostrar que los empresarios pueden reclamar frente a Tether pese a no haber mantenido una cuenta directa con la empresa. Su argumento depende, en parte, de que la adquisición en el mercado abierto no eliminó sus derechos sobre la transferibilidad de los tokens ni autorizó un bloqueo sin fundamento legal.

Por ahora, las acusaciones siguen siendo alegatos y no conclusiones judiciales sobre la conducta de Tether o sobre el origen de los activos. El caso, sin embargo, coloca en una misma disputa la trazabilidad de blockchain, la cooperación entre emisores y autoridades, los derechos de los compradores secundarios y los rendimientos financieros de las reservas que respaldan a una de las mayores stablecoins del mercado.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

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