Por Canuto  

Un juez federal permitió que Tennessee mantenga en vigor su prohibición de cajeros automáticos de criptomonedas, en una decisión que debilita el intento de CoinFlip por frenar la ley y que podría influir en futuros choques regulatorios sobre estos kioscos en Estados Unidos.

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  • Un tribunal federal rechazó suspender temporalmente la prohibición de cajeros de criptomonedas en Tennessee.
  • La ley convierte en delito de Clase A instalar, operar o permitir kioscos cripto en el estado.
  • El caso de CoinFlip podría marcar un precedente sobre hasta dónde pueden llegar los estados al restringir el acceso físico a activos digitales.

 

La industria de los cajeros automáticos (ATM) de criptomonedas recibió un revés importante en Tennessee. Un juez federal rechazó la solicitud de CoinFlip para frenar temporalmente la nueva prohibición estatal mientras continúa un desafío constitucional contra la norma.

La decisión permite que el Capítulo Público 766 siga aplicándose de inmediato. Para el sector, el caso ya se perfila como una prueba clave sobre el alcance que pueden tener los estados para restringir o incluso eliminar estos puntos físicos de acceso a criptoactivos.

El fallo fue anunciado el 7 de julio por el fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti. Aunque la corte no resolvió aún si la prohibición es constitucional, sí concluyó que los demandantes no cumplieron el exigente estándar necesario para obtener un alivio de emergencia.

La disputa ocurre en medio de un endurecimiento regulatorio más amplio en Estados Unidos. Cada vez más autoridades estatales y federales relacionan a estos kioscos con fraudes que afectan en especial a adultos mayores y a usuarios vulnerables.

Para quienes siguen el sector, los cajeros cripto han sido una vía de entrada para comprar activos digitales con efectivo. Sin embargo, sus críticos sostienen que también se han convertido en un canal útil para estafadores que presionan a víctimas para enviar fondos de forma rápida y difícil de revertir.

La decisión judicial y lo que implica para Tennessee

Según la norma estatal, instalar, operar o permitir un quiosco de criptomonedas en cualquier lugar de Tennessee constituye un delito de Clase A. Esa redacción coloca a los operadores y a los comercios anfitriones ante un riesgo legal inmediato.

La demanda fue presentada por GPD Holdings LLC, que opera como CoinFlip, junto con Charles Wernicke, propietario vinculado a un kiosco. Ambos intentaron detener la entrada en vigor de la ley antes del 1 de julio, fecha fijada para su aplicación.

El juez federal Travis McDonough consideró insuficientes los argumentos presentados en esta etapa preliminar. En esencia, estimó que el interés público en la protección al consumidor pesa más, por ahora, que el daño económico alegado por los demandantes.

La corte dejó claro que su evaluación se basó en un expediente todavía limitado. Eso significa que la decisión no valida automáticamente la constitucionalidad de la prohibición, sino que permite su cumplimiento mientras el litigio sigue avanzando.

Ese matiz es importante porque el tribunal no cerró la puerta a un examen más profundo en fases posteriores. Lo que sí mostró es que obtener una suspensión urgente de una ley de este tipo exigirá pruebas mucho más sólidas sobre perjuicios inmediatos y sobre posibles conflictos con la Constitución.

En su razonamiento preliminar, la corte sugirió que CoinFlip no aportó hechos suficientes para probar que la ley de Tennessee afecta al comercio interestatal. Del otro lado, el estado apoyó su defensa en conclusiones legislativas y en estadísticas federales relacionadas con fraude.

Tras la decisión, Skrmetti fue especialmente duro con la industria. El fiscal general afirmó que los cajeros automáticos de criptomonedas son herramientas para estafadores que atacan a residentes vulnerables de Tennessee y que rara vez se utilizan para algo cercano a un propósito legítimo.

CoinFlip rechaza esa lectura de forma frontal. En documentos judiciales, su director ejecutivo, Ben Weiss, sostuvo que los kioscos sirven a usuarios que manejan efectivo, no tienen acceso a servicios bancarios o prefieren no conectar su cuenta bancaria a plataformas de criptomonedas.

La empresa también advirtió que desmontar sus máquinas del estado causaría un daño irreversible. Según su posición, no se trata solo de equipos físicos, sino de relaciones comerciales y de confianza construidas durante años con clientes y comercios minoristas asociados.

El contexto nacional: de restricciones a prohibiciones

El caso de Tennessee no aparece en el vacío. En Estados Unidos se ha ido consolidando un cambio regulatorio que empuja a varios estados a pasar de controles parciales a prohibiciones directas sobre los cajeros automáticos de criptomonedas.

Indiana fue el primer estado en prohibir por completo estas máquinas. Después, Tennessee y Minnesota siguieron el mismo camino, aunque otros estados han preferido establecer reglas más estrictas sin llegar aún a una prohibición total.

De acuerdo con la Asociación Americana de Banquero, al menos 20 estados ya cuentan con medidas distintas para estos kioscos. Entre ellas figuran límites de transacción, exigencias de licencia y programas obligatorios de reembolso frente a fraude.

El debate también llegó al Congreso. Los representantes Sean Casten y María Elvira Salazar presentaron la Acta Bipartidista para Detener las Estafas de Cajeros Automáticos de Criptomonedas, con el argumento de que estos puntos de pago se han vuelto un medio popular en fraudes dirigidos a personas mayores.

Casten sostuvo que los extorsionadores pueden aprovecharse de los ancianos de forma rápida y sencilla. Salazar, por su parte, afirmó que debe hacerse más para proteger a los jubilados frente a este tipo de engaños.

Algunos legisladores creen incluso que regular no basta. El senador de Nueva Jersey, Paul Moriarty, dijo a The Jersey Vindicator que los cajeros automáticos de criptomonedas no tienen un propósito legítimo y que sus operadores obtienen ganancias a costa de personas estafadas.

Ese endurecimiento político está íntimamente ligado al crecimiento de las pérdidas. Datos del Centro de Quejas de Crimen por Internet del FBI para 2024 muestran que las víctimas perdieron USD $247 millones en estafas vinculadas a cajeros de criptomonedas.

Una parte importante de esas víctimas corresponde a adultos mayores. Esa realidad ha dado fuerza a un enfoque regulatorio que coloca la protección al consumidor por encima del argumento de acceso alternativo al sistema financiero.

Para lectores menos familiarizados con este mercado, estos kioscos permiten convertir efectivo en criptoactivos, y en algunos casos también realizar operaciones inversas. Su propuesta de valor ha sido la inmediatez, pero esa misma rapidez puede facilitar transferencias inducidas por fraude.

La presión económica y legal sobre los operadores

El revés judicial en Tennessee llega cuando muchas empresas del sector ya enfrentan un escenario complejo. La combinación de menor crecimiento, costos de cumplimiento y escrutinio oficial ha elevado la presión sobre los modelos de negocio basados en kioscos físicos.

Texas ofrece una señal clara del tamaño del problema. Allí se registraron alrededor de USD $56,8 millones en pérdidas por fraudes asociados a cajeros automáticos de criptomonedas el año pasado, más que en cualquier otro estado del país.

Las consecuencias no son solo regulatorias. Bitcoin Depot, una de las firmas más conocidas del sector, solicitó protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 tras sufrir fuertes caídas de ingresos.

Además, reguladores de varios estados han iniciado demandas o han impulsado nuevas medidas contra operadores de kioscos. Ese patrón sugiere que el negocio ya no enfrenta solo vigilancia puntual, sino una ofensiva más estructural.

La industria, sin embargo, insiste en que las máquinas no son la causa directa de los delitos. Los operadores argumentan que los criminales manipulan a víctimas desprevenidas para ejecutar transacciones ilícitas, del mismo modo que pueden aprovechar otros canales de pago.

Como defensa, varias compañías afirman haber incorporado monitoreo de transacciones, procesos de identificación de clientes y herramientas de prevención de fraude. Su mensaje es que el problema central está en el abuso criminal del sistema, no en la existencia del dispositivo.

Ese argumento tiene peso para una parte del ecosistema cripto, sobre todo entre quienes defienden opciones de acceso para usuarios sin banca tradicional. No obstante, hasta ahora no ha sido suficiente para frenar la creciente hostilidad política hacia este segmento.

También influye el hecho de que los cajeros cripto operan en espacios físicos visibles, como tiendas o estaciones de servicio. Eso los vuelve un blanco regulatorio más sencillo que otras formas digitales de compra de criptomonedas, que pueden dispersarse entre múltiples plataformas en línea.

Lo que puede venir después del caso CoinFlip

Aunque Tennessee obtuvo una victoria temprana, la disputa de fondo está lejos de resolverse. El litigio constitucional seguirá su curso y podría definir con mayor claridad qué límites tienen los estados al restringir la infraestructura física de acceso a activos digitales.

En otras palabras, el fallo actual no dice que toda prohibición estatal de cajeros cripto sea constitucional. Lo que establece es que, por ahora, Tennessee puede hacer cumplir su ley mientras ese examen jurídico más profundo todavía no concluye.

Esa señal puede influir en otros reguladores estatales. Legisladores que estudian medidas similares podrían interpretar el veredicto como una muestra de que los tribunales están dispuestos a permitir la aplicación temporal de leyes de protección al consumidor mientras se discuten sus méritos finales.

Para CoinFlip y para el resto de la industria, el caso ya supera el marco local. Lo que está en juego es si los estados pueden limitar de forma severa el acceso presencial a criptomonedas, incluso cuando las plataformas digitales sigan disponibles para parte del público.

Desde una óptica de política pública, el conflicto enfrenta dos principios difíciles de equilibrar. Por un lado, la protección de consumidores vulnerables ante esquemas de fraude; por otro, la preservación de canales de acceso para usuarios que dependen del efectivo o que están fuera del sistema bancario tradicional.

La cobertura de Cryptopolitan destaca que esta batalla puede terminar convertida en un precedente relevante para todo el país. Si otras cortes adoptan enfoques similares, los operadores de kioscos podrían verse obligados a rediseñar su expansión o incluso a retirarse de varios mercados estatales.

Por ahora, la ventaja es del estado de Tennessee. Pero el desenlace definitivo dependerá de si los demandantes logran demostrar en etapas posteriores que la ley vulnera principios constitucionales o interfiere de manera indebida con el comercio interestatal.

Mientras tanto, la industria de cajeros automáticos de criptomonedas entra en una fase de alta incertidumbre. Cada nuevo caso, cada cifra de fraude y cada decisión judicial alimentan una discusión más amplia sobre si estos kioscos deben reformarse, restringirse o desaparecer del mapa regulatorio estadounidense.

Imagen editada de Unsplash

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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