Por Canuto  

Siete demócratas del Senado buscan reabrir las negociaciones sobre la CLARITY Act después de una votación de 49-50 que impidió iniciar el debate. El revés mantiene sin resolver la división entre la SEC y la CFTC, mientras las empresas siguen evaluando cada token bajo un mosaico de riesgos federales y licencias estatales.

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  • Siete demócratas dijeron que la votación fallida no representa el final de sus esfuerzos por aprobar la CLARITY Act.
  • Neil Bergquist, CEO y cofundador de Coinme, advirtió que una ley federal no eliminaría las licencias estatales.
  • La falta de una clasificación uniforme obliga a las plataformas a valorar los riesgos legales y operativos de cada token.

 

 

La disputa legislativa sobre la estructura del mercado de activos digitales en Estados Unidos volvió a abrirse después de que siete senadores demócratas prometieran continuar las conversaciones sobre la CLARITY Act.

El anuncio llegó un día después de que el Senado rechazara, por 49 votos contra 50, una moción de cierre que habría permitido avanzar hacia el debate de la propuesta. El resultado dejó al proyecto a 11 votos de los 60 necesarios para superar esa etapa, aunque sus defensores todavía intentan encontrar una fórmula bipartidista.

La iniciativa busca establecer reglas federales para clasificar distintos activos digitales y delimitar qué actividades corresponderían a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) o a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).

Para la industria, esa división podría reducir el espacio de interpretación que hoy obliga a exchanges, emisores y plataformas a diseñar análisis propios. Sin embargo, las negociaciones también permanecen trabadas por disposiciones éticas relacionadas con funcionarios electos y sus posibles negocios de activos digitales.

Una votación fallida deja abierta la negociación

Los senadores Kirsten Gillibrand, Angela Alsobrooks, Cory Booker, Catherine Cortez Masto, Ruben Gallego, Mark Warner y Raphael Warnock votaron en contra de la moción de cierre el 15 de septiembre. Al día siguiente, los siete emitieron una declaración conjunta en la que describieron el resultado como “no el final” de su trabajo sobre la legislación y destacaron que las conversaciones habían acumulado dos años de negociaciones. También se comprometieron a continuar la búsqueda de un acuerdo bipartidista.

La declaración no incluyó una fecha para una nueva votación, por lo que cualquier intento de reactivar el proyecto todavía tendría que reunir una coalición de 60 senadores. Antes del revés, los demócratas habían presentado una contrapropuesta con sus cambios preferidos, pero los republicanos la rechazaron. Gillibrand había señalado que las reglas de ética eran una condición para obtener apoyo demócrata, incluyendo restricciones aplicables a legisladores que emitan memecoins.

La senadora Cynthia Lummis había advertido antes de la votación que la oportunidad representaba un “ahora o nunca”. Después de la derrota, sostuvo que la legislación había terminado para el Congreso actual, una evaluación que contrasta con la posición de los siete demócratas que todavía buscan reabrir el diálogo. La diferencia muestra que el proyecto no solo enfrenta una barrera numérica en el Senado, sino también desacuerdos sobre cuánto debe abarcar una ley de estructura de mercado.

El calendario legislativo añade presión a cualquier acuerdo. Analistas de StoneX estimaron que el Senado disponía de alrededor de 14 días laborables antes de que la campaña electoral consumiera buena parte de la agenda, y la iniciativa todavía tendría que pasar por la Cámara de Representantes y completar las etapas restantes del proceso. Neil Bergquist, CEO y cofundador de Coinme, no espera que el proyecto regrese antes de las elecciones de mitad de mandato y considera que su forma final dependerá de qué partido controle el próximo Congreso.

La ley federal no eliminaría las licencias estatales

Bergquist explicó que la CLARITY Act habría atendido principalmente la clasificación de los activos digitales y la autoridad federal aplicable a cada actividad, pero no habría creado un sistema nacional único de licencias. En su análisis, los estados seguirían imponiendo requisitos propios a las empresas que atienden a sus residentes, como licencias de transmisión de dinero u otras aprobaciones regulatorias. Esa separación significa que una compañía podría obtener mayor claridad federal y, al mismo tiempo, continuar gestionando obligaciones diferentes en cada jurisdicción.

“Como el proyecto se centró en la estructura del mercado federal, los requisitos de licencia estado por estado no habrían cambiado”, dijo Bergquist. El ejecutivo añadió que esas obligaciones podrían mantenerse “de cualquier manera, con o sin el proyecto”, porque dependen de decisiones regulatorias estatales que la legislación federal no pretendía sustituir.

Para una plataforma que opera en varios estados, la eventual ley respondería algunas preguntas sobre la supervisión federal, pero no resolvería todos los costos de cumplimiento. Las empresas tendrían que revisar simultáneamente las reglas estatales aplicables a sus servicios y las normas federales vinculadas con los activos que ofrecen. En la práctica, la aprobación podría ordenar una parte del mapa regulatorio sin eliminar el mosaico de requisitos que caracteriza al mercado estadounidense.

La diferencia también resulta relevante para los consumidores y para las compañías financieras que evalúan entrar en el sector. Una clasificación federal más previsible podría reducir disputas sobre la agencia competente, pero la necesidad de tramitar licencias locales seguiría afectando los tiempos, los gastos jurídicos y la estrategia de expansión. Por eso, Bergquist presentó la CLARITY Act como una posible reducción de incertidumbre, no como una solución total para todas las obligaciones regulatorias.

La ambigüedad mantiene bajo presión a los listados de tokens

Sin una prueba federal consistente que distinga entre tokens considerados valores y activos tratados como materias primas, Coinme analiza cada posible listado mediante una revisión que combina riesgos legales y operativos. El proceso incluye asuntos de valores, ciberseguridad y liquidez, pero aun una evaluación completa no elimina la posibilidad de que un regulador clasifique el activo de otra manera en el futuro. Esa exposición obliga a las plataformas a tomar decisiones antes de contar con una respuesta definitiva de las agencias.

“Sin una guía clara, existe el riesgo de que nuestra interpretación de cómo el regulador clasificará el token sea diferente de una determinación futura”, afirmó Bergquist. Coinme utiliza declaraciones anteriores de la SEC y la CFTC, además de acciones de cumplimiento, para construir su análisis, aunque el ejecutivo describió el resultado como una “conjetura informada” porque ninguna agencia ha sostenido una línea completamente estable para todas las categorías de tokens.

Los cambios políticos agregan otra capa de incertidumbre a esa evaluación. Un nuevo presidente puede designar liderazgos diferentes en ambas agencias, y los funcionarios entrantes podrían adoptar interpretaciones distintas de las posiciones defendidas por sus antecesores, lo que afecta decisiones de listado tomadas bajo reglas que todavía no tienen una base legislativa permanente.

La situación es especialmente relevante para las altcoins, los emisores de tokens, las plataformas de finanzas descentralizadas y los exchanges estadounidenses, cuyos tratamientos legales siguen dependiendo de clasificaciones no resueltas. BTC cuenta con un nivel de certeza comparativamente mayor y ya se negocia mediante fondos cotizados regulados en Estados Unidos, además de ser tratado generalmente como una materia prima, mientras muchos otros activos pueden exponer a una plataforma a futuras reclamaciones bajo la ley de valores.

Costos de cumplimiento y próximos pasos para el sector

Según Bergquist, una clasificación federal más clara podría reducir los costos porque las empresas no tendrían que repetir desde cero el análisis jurídico de cada activo y cada jurisdicción. “CLARITY podría haber reducido los costos y ampliado el acceso de los consumidores”, sostuvo, al vincular la posible estandarización regulatoria con una oferta más amplia de productos y servicios digitales.

El ejecutivo también planteó que una ley aprobada podría facilitar la llegada de bancos, gestores de activos y otros inversionistas institucionales. Esas entidades suelen proteger negocios rentables y, por esa razón, pueden considerar demasiado costosa la exposición a un marco legal incierto, incluso cuando exista demanda por productos relacionados con activos digitales.

La falta de acción legislativa no ha detenido por completo la actividad del mercado ni las iniciativas del sector financiero. Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, calificó el revés como un “bache, no un obstáculo”, después de observar el desempeño de BTC y los lanzamientos continuos de productos financieros; la firma señaló que el activo pasó de un mínimo de julio cercano a USD $57.950 a superar USD $80.000 a comienzos de septiembre, mientras disminuían las probabilidades de que el proyecto se convirtiera en ley.

Mientras el Congreso permanece estancado, Bergquist espera que la SEC y la CFTC continúen elaborando reglas bajo sus facultades existentes. También advirtió que esas normas podrían carecer de la durabilidad de una ley, porque nuevos liderazgos regulatorios pueden revisar o revertir las posiciones anteriores, una vulnerabilidad que mantiene abierta la discusión sobre clasificación de tokens, infraestructura de finanzas descentralizadas, autocustodia y activos tokenizados.

El Congreso mantiene otras iniciativas sobre activos digitales

La derrota de la moción de cierre no puso fin a toda la actividad legislativa relacionada con criptomonedas. Un día después de la votación, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara aprobó por 38 votos contra 5 la Digital Asset Tax Certainty Act, un proyecto tributario separado que busca atender varias áreas que no dependen directamente de la estructura del mercado.

La propuesta fiscal incluye una excepción de minimis para ciertas tarifas de red y transacción de hasta USD $10. También aborda préstamos de activos digitales, reglas de ventas de lavado, recompensas de staking, obligaciones de intermediarios y requisitos de reporte, aunque no resuelve la disputa central sobre si un token debe quedar bajo la SEC o la CFTC.

La coexistencia de ambos procesos muestra que el Congreso puede avanzar en asuntos específicos incluso cuando no logra acordar una arquitectura general para el mercado. Para las compañías, sin embargo, una reforma tributaria parcial no sustituye la necesidad de conocer qué agencia supervisará sus productos ni qué licencias estatales deben obtener antes de operar.

El futuro de la CLARITY Act dependerá de que los negociadores encuentren un punto de equilibrio entre las exigencias éticas demócratas, las prioridades republicanas y el tiempo disponible antes de las elecciones de mitad de mandato. Hasta entonces, las empresas seguirán combinando análisis internos, antecedentes regulatorios y controles estatales para decidir qué activos pueden ofrecer, mientras la SEC y la CFTC continúan ocupando el centro de una disputa que el Congreso todavía no logra cerrar.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

 


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