Por Canuto  

El Senado mexicano aprobó por 72 votos contra 37 una reforma que condiciona la protección legal de los proveedores de internet a que cuenten con una política para infractores reincidentes. El texto no define cuántas infracciones constituyen reincidencia ni exige expresamente una orden judicial antes de que un proveedor aplique su política.
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  • El Senado aprobó la reforma por 72 votos contra 37; la Cámara de Diputados ya había avalado el texto.
  • Los proveedores deberán contar con una política para terminar el servicio de infractores reincidentes, aunque la reforma no define ese término ni fija un número de infracciones.
  • El IMPI podría imponer multas de hasta MXN $4.700.000 si se cumplen las condiciones de responsabilidad previstas.


Senado de México aprueba reforma que podría dejar sin internet a reincidentes de piratería

Una reforma que alcanza a los proveedores de acceso

El Senado de México aprobó una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que incorpora a los proveedores de internet a las condiciones para protegerse de ciertas responsabilidades por infracciones cometidas a través de sus servicios. Entre los requisitos figura contar con una política para terminar el servicio de infractores reincidentes.

La reforma fue aprobada por 72 votos contra 37, según informó El Economista. La Cámara de Diputados ya había aprobado el texto. Tras el voto del Senado, el decreto debe completar el trámite correspondiente antes de su publicación y entrada en vigor.

El gobierno propuso los cambios en mayo con el argumento de alinear la legislación mexicana con el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC. La discusión también se produce bajo presión de titulares de derechos estadounidenses, que han reclamado reglas más claras sobre la responsabilidad de intermediarios cuando sus servicios se utilizan para infringir copyright.

En enero, la coalición de la industria del copyright IIPA sostuvo que la reforma mexicana de 2020 no establecía un principio claro de responsabilidad secundaria para quienes inducen o promueven infracciones. En abril, el USTR trasladó a México a un nivel inferior de su lista de vigilancia de piratería y citó el borrador de las enmiendas, de acuerdo con el reporte de TorrentFreak.

Qué deberán hacer los ISP y qué responsabilidad arriesgan

México incorporó en 2020 puertos seguros inspirados en la DMCA, una figura que limita la responsabilidad de ciertos intermediarios cuando cumplen condiciones legales. En ese esquema, las plataformas de alojamiento y los buscadores solo pueden acceder a esa protección si tienen una política para retirar cuentas de infractores reincidentes; la obligación no se extendía de igual forma a los proveedores regulares de acceso a internet.

La nueva reforma suma a esos proveedores al requisito: para acogerse a la protección, deberán tener una política para terminar el servicio de quienes sean considerados infractores reincidentes. Esa política tendrá que estar publicada permanentemente en el sitio web del ISP y en sus términos de servicio, además de incluir un mecanismo básico para notificar a los usuarios.

La consecuencia potencial va más allá de cerrar una cuenta dentro de una plataforma: lo que podría interrumpirse es la conexión a internet misma. El medio empresarial mexicano EL CEO señaló que proveedores de acceso como Telmex e Izzi necesitarían contar con una política de este tipo para cumplir las nuevas condiciones.

La reforma prevé que un ISP que incumpla las condiciones de su puerto seguro puede quedar expuesto a responsabilidad si, con conocimiento, contribuye a la infracción, la induce o la causa. También contempla el supuesto de que el proveedor pueda controlar al usuario infractor y obtenga un beneficio directo de la infracción; en esos casos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede imponer multas de hasta MXN $4.700.000, unos USD $250.000, según la infracción.

La ley deja abierto quién es reincidente

El texto aprobado no define explícitamente qué significa ser un infractor reincidente y tampoco establece cuántas infracciones bastarían para que un proveedor aplique su política de terminación del servicio. Esa falta de un umbral uniforme deja a cada proveedor la tarea de establecer sus criterios, lo que podría traducirse en diferencias entre compañías.

Aurora López-Portillo, directora de servicios legales de ClarkeModet, dijo a EL CEO que cada proveedor tendría que determinar su propio umbral. También recomendó que los ISP verifiquen si las acusaciones tienen fundamento y permitan responder a los usuarios, aunque reconoció que la ley no convierte esos pasos en una obligación expresa.

La inquietud no se limita a la forma de contar infracciones: una conexión doméstica suele ser compartida y la conducta atribuida a una persona puede afectar a quienes viven con ella. Durante el debate, el senador opositor Gabriel Elizondo advirtió que una familia entera podría quedarse sin internet por la actividad de un solo integrante.

Legisladores de la oposición habían propuesto exigir una orden judicial antes de suspender el servicio, pero esa alternativa no quedó incorporada en el texto aprobado. Por ello, la reforma no establece expresamente un procedimiento judicial previo ni un número preciso de infracciones para activar la política del proveedor.

El contraste con la decisión de la Corte Suprema de EE. UU.

La reforma mexicana toma un camino distinto al debatido recientemente en Estados Unidos, donde la DMCA también exige a los proveedores que buscan protección de puerto seguro adoptar una política contra infractores reincidentes en circunstancias apropiadas. Sin embargo, la Corte Suprema estadounidense concluyó en marzo, en el caso Cox, que conocer la existencia de piratería y no actuar por sí solo no basta para responsabilizar a un ISP por contribuir a ella.

En esa causa, el tribunal anuló un veredicto de USD $1.000 millones contra Cox. El juez Thomas escribió que, bajo los precedentes de la Corte, una empresa no se convierte en infractora de derechos de autor por ofrecer un servicio al público en general aunque sepa que algunos usuarios lo emplearán para vulnerar esos derechos.

La diferencia descrita por TorrentFreak está en cómo opera el puerto seguro mexicano: no cumplir sus condiciones, incluida la política de reincidentes, constituye un elemento para que el proveedor pierda esa protección. Aun así, la pérdida del puerto seguro no equivale automáticamente a responsabilidad; el ISP también debe haber contribuido conscientemente, inducido o causado la infracción, o poder controlar al usuario y beneficiarse directamente de ella.

Las nuevas reglas entrarán en vigor 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El reporte indicó que, hasta el momento de su publicación, esa incorporación al Diario Oficial todavía no se había producido, por lo que la fecha efectiva dependía de ese paso.

Queda por ver cómo Telmex, Izzi y otros proveedores redactarán sus políticas y qué criterios usarán para distinguir una infracción aislada de una reincidencia. La falta de una definición legal, junto con la ausencia de una exigencia expresa de orden judicial, mantiene abierta la discusión sobre cómo equilibrar la protección de los derechos de autor con la continuidad del acceso a internet y la posibilidad de responder a una acusación.


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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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