Por Canuto  

El nuevo juicio de Roman Storm por dos cargos vinculados con Tornado Cash fue aplazado hasta abril de 2027, mientras sigue pendiente una moción de absolución y crece el debate sobre los límites legales para los desarrolladores de software de privacidad.
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  • Un juez federal de Nueva York fijó el nuevo juicio para el 26 de abril de 2027, después de que el jurado no alcanzara un veredicto en dos cargos.
  • Storm fue declarado culpable en agosto de 2025 por conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, pero aún no ha sido sentenciado por ese cargo.
  • El caso ha recibido apoyo de defensores de la privacidad y ocurre en medio de una orientación del Departamento de Justicia sobre software descentralizado y no custodial.

El nuevo juicio contra Roman Storm, desarrollador de Tornado Cash, tendrá que esperar hasta la primavera de 2027. La jueza Katherine Failla fijó el proceso para el 26 de abril de ese año en el Thurgood Marshall Courthouse, en Manhattan, luego de que un jurado no alcanzara un veredicto sobre dos de los cargos más graves que enfrenta el programador.

La orden, emitida el martes por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, también modificó el calendario previo al juicio. Las partes deberán presentar sus revelaciones de expertos el 5 de febrero de 2027 y asistir a una conferencia final el 20 de abril, pocos días antes del inicio previsto del nuevo proceso.

Failla excluyó el tiempo intermedio del cómputo de la Ley de Juicios Rápidos de Estados Unidos. La magistrada citó la moción de Storm para obtener una absolución y su solicitud relacionada para trasladar el nuevo juicio a una fecha de finales de abril de 2027, una alternativa que, según la orden, fue propuesta por la defensa.

Un aplazamiento que prolonga la disputa

La Fiscalía Federal, bajo la dirección del fiscal federal Jay Clayton, había solicitado en marzo que el nuevo juicio comenzara el 5 o el 12 de octubre de este año. Los abogados de Storm consideraron prematura esa propuesta mientras la moción de absolución siguiera pendiente, porque una decisión favorable podría eliminar la necesidad de volver a presentar los cargos ante un jurado.

El primer juicio terminó con un resultado dividido. En agosto de 2025, un jurado de Manhattan declaró culpable a Storm por conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, pero no logró ponerse de acuerdo sobre la conspiración para cometer lavado de dinero ni sobre la conspiración para violar sanciones estadounidenses.

Esos dos cargos son precisamente los que el gobierno pretende llevar nuevamente a juicio y tienen una pena máxima combinada de 40 años. Storm todavía no ha recibido sentencia por el cargo de transmisión de dinero sin licencia, que por sí solo contempla una pena máxima de cinco años.

El aplazamiento convierte el caso en una batalla legal de varios años y mantiene abierta una discusión que excede la situación personal del desarrollador. El proceso enfrenta la interpretación de las leyes financieras estadounidenses con la responsabilidad de quienes crean herramientas capaces de facilitar transacciones privadas sin custodiar directamente los fondos de sus usuarios.

Storm dice que el caso busca enviar un mensaje

Storm reaccionó a la orden con un mensaje en el que sostuvo que el proceso pretende influir sobre toda la industria. Afirmó que un jurado quedó dividido en los dos cargos más serios y cuestionó que el Distrito Sur de Nueva York continúe adelante, antes de resumir su interpretación con la frase: “Se trata de dar un ejemplo”.

El desarrollador también recordó un evento de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York celebrado en febrero de 2024. En esa actividad, Tara La Morte, jefa de la Unidad de Finanzas Ilícitas y Lavado de Dinero del Distrito Sur de Nueva York, habría señalado que su oficina quería que la industria tomara nota y presentó el proceso contra Tornado Cash como un ejemplo para impulsar el cumplimiento del sector.

La referencia forma parte de los argumentos de Storm sobre el alcance institucional de su caso, pero no cambia por sí misma los cargos ni el calendario establecido por la jueza. La posición de la fiscalía sostiene que las conductas imputadas pueden ser juzgadas bajo la legislación vigente, mientras la defensa intenta demostrar que el procesamiento excede los límites razonables para un desarrollador de software.

Storm también puso el foco en Chainalysis, empresa de análisis de cadenas de bloques. Según su argumento, la firma operaba su propio relé de Tornado Cash y obtenía comisiones por las transacciones que pasaban por él, una afirmación que, de acuerdo con el desarrollador, estaba respaldada por las transcripciones del juicio.

La disputa por el testimonio de Chainalysis

El desarrollador aseguró que sus abogados citaron a Chainalysis para que declarara, pero que el testigo de la empresa invocó la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense. Como consecuencia, Storm afirmó que el jurado nunca escuchó esa parte de la evidencia; Chainalysis declinó hacer comentarios sobre el señalamiento.

La controversia ilustra una tensión frecuente en los procesos relacionados con herramientas de privacidad. Las empresas de análisis pueden estudiar el movimiento de activos en redes públicas, mientras que los protocolos de mezcla intentan dificultar la asociación entre las direcciones que envían y reciben fondos.

Sin embargo, la existencia de una herramienta técnica no determina por sí sola la responsabilidad penal de sus desarrolladores. El nuevo juicio deberá volver a examinar los elementos específicos de la conspiración para lavar dinero y de la conspiración para infringir sanciones, sin que el desenlace del primer cargo desaparezca del expediente.

La defensa busca que la corte resuelva primero la moción de absolución, una petición que podría modificar el camino procesal antes de abril de 2027. Mientras tanto, la fecha fijada ofrece a ambas partes un periodo amplio para preparar nuevas pruebas, revisar testimonios y definir cómo presentarán ante otro jurado la relación entre código, operación y responsabilidad.

Privacidad, desarrolladores y política criminal

El caso ha atraído la atención de defensores de la privacidad y de figuras relevantes del ecosistema Ethereum. La Fundación Frontera Electrónica ha expresado interés en el proceso, mientras Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, respaldó a Storm en enero y se describió como usuario activo de herramientas de privacidad, incluidas algunas desarrolladas por el programador.

La situación de Storm tampoco constituye el único proceso penal relacionado con Tornado Cash o con servicios de privacidad. Alexey Pertsev, quien trabajó junto a Storm en Tornado Cash, fue declarado culpable de lavado de dinero en Países Bajos en mayo de 2024 y recibió una condena de 64 meses.

Pertsev quedó en libertad bajo monitoreo electrónico en febrero de 2025 mientras apela la decisión. La Fundación Ethereum se comprometió a aportar USD $1,25 millones para su defensa, una señal del peso que la comunidad atribuye a la discusión sobre el desarrollo de software de privacidad.

En Estados Unidos, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, cofundadores de Samourai Wallet, se declararon culpables de conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Ambos fueron sentenciados en noviembre de 2025: Rodriguez recibió cinco años y Hill cuatro.

Una tensión con la orientación del Departamento de Justicia

El proceso de Storm también convive con una orientación posterior del propio Departamento de Justicia. Días después de su veredicto de culpabilidad, Matthew Galeotti, entonces director interino de la división penal del departamento, indicó que los fiscales ya no aprobarían cargos bajo el estatuto utilizado contra Storm cuando el software fuera descentralizado y no custodial.

Galeotti aclaró que esa política tendría aplicación hacia el futuro, por lo que no anuló automáticamente el veredicto de Storm ni impidió que la fiscalía solicitara un nuevo juicio por los cargos pendientes. La diferencia entre una norma de acusación prospectiva y un proceso iniciado bajo criterios anteriores será uno de los elementos centrales del debate jurídico.

La tensión aumenta porque Storm aún espera la sentencia por el cargo que sí terminó con condena. Aunque ese delito contempla hasta cinco años de prisión, la pena concreta dependerá del proceso de sentencia y de los argumentos que presenten la defensa y el gobierno.

La audiencia de abril de 2027 permitirá medir cómo evolucionará la interpretación estadounidense sobre los desarrolladores de protocolos no custodiales. Hasta entonces, el expediente de Tornado Cash seguirá funcionando como una referencia para proyectos de privacidad, fiscales y defensores que discuten dónde termina la creación de una herramienta y comienza la responsabilidad por su uso.

El caso permanece abierto en dos frentes: la moción de absolución y el nuevo juicio por los cargos en los que el jurado quedó dividido. La combinación de una fecha lejana, una condena parcial y una política criminal posterior mantiene la incertidumbre tanto para Roman Storm como para el sector que observa el proceso como una posible señal regulatoria.

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