Por Canuto  

Los republicanos del Senado de Estados Unidos publicaron el que describen como borrador final de la Ley Clarity, con 126 cambios solicitados por demócratas, nuevas restricciones éticas para funcionarios y un posible freno de emergencia sobre las recompensas de stablecoins. El proyecto enfrenta una votación procesal que requerirá 60 apoyos y una ventana legislativa cada vez más estrecha antes de las elecciones de medio término.
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  • El nuevo texto incorpora la mayor parte de la propuesta ética Tillis-Gallego y permitiría a fiscales estatales intervenir en casos de conflictos de interés.
  • El secretario del Tesoro podría suspender durante 18 meses ciertas recompensas de stablecoins si provocan retiros sustanciales de depósitos bancarios.
  • La votación de cloture del 15 de septiembre necesita al menos siete votos demócratas o independientes si los 53 republicanos respaldan el proyecto.

Los republicanos del Senado de Estados Unidos publicaron el borrador que calificaron como final de la Digital Asset Market Clarity Act, conocida como Ley Clarity, antes de una votación procesal prevista para el martes 15 de septiembre. El texto, presentado por las senadoras Cynthia Lummis y los senadores John Boozman y Tim Scott, incorpora 126 cambios sustanciales solicitados por los demócratas, en un intento por convertir la iniciativa en un proyecto con respaldo bipartidista.

La publicación llega después de más de un año de negociaciones sobre el marco regulatorio de los activos digitales. Si el Senado invoca la cloture, el nuevo documento se convertiría en la enmienda sustitutiva sobre la que avanzarían el debate y las posteriores votaciones, aunque todavía quedarían varios obstáculos legislativos antes de una aprobación definitiva.

Un acuerdo ético con impacto político

Una de las modificaciones centrales corresponde a las normas de ética incluidas en el proyecto, que reflejan buena parte de la propuesta presentada por los senadores Thom Tillis y Ruben Gallego. Ese lenguaje otorgaría a los fiscales estatales un papel en la aplicación de las reglas sobre conflictos de interés que afectarían a funcionarios públicos, una condición que algunos demócratas habían planteado para respaldar la medida.

El presidente Donald Trump aceptó en gran medida las disposiciones éticas, según información citada por The Block, mientras su familia y sus negocios relacionados con criptomonedas continúan bajo escrutinio político. Entre las actividades mencionadas figuran World Liberty Financial, la stablecoin USD1 y el memecoin TRUMP, todos vinculados al debate sobre los límites que deberían aplicar a quienes participan en la formulación de las reglas del sector.

La declaración financiera de Trump mostró más de USD $1.400 millones en ingresos relacionados con criptomonedas durante 2025. Esa cifra ha alimentado las preguntas sobre posibles conflictos de interés, especialmente porque la administración estadounidense participa en la elaboración de un marco que podría modificar las obligaciones de empresas, plataformas y emisores de activos digitales.

En un comunicado, Lummis afirmó que Trump aceptó voluntariamente restricciones éticas sin precedentes para funcionarios federales electos, jueces y sus cónyuges. El texto, sin embargo, no extiende los límites a otros familiares, como los hijos de un funcionario, y define como sujetos cubiertos a empleados públicos, al presidente, al vicepresidente, a los integrantes del Congreso y a sus cónyuges.

El freno de emergencia para las stablecoins

El nuevo borrador también introduce una herramienta dirigida a la preocupación de los bancos comunitarios por una eventual salida de depósitos hacia stablecoins de pago. La disposición permitiría al secretario del Tesoro imponer un disyuntor sobre ciertas recompensas asociadas con stablecoins si esos productos provocan retiros sustanciales del sistema bancario.

El mecanismo tendría una duración de 18 meses después de la promulgación de la ley y funcionaría como un freno de emergencia. Su alcance busca responder a los temores de que las stablecoins puedan competir por los depósitos que los bancos locales utilizan para financiar préstamos a hogares y empresas dentro de sus comunidades.

El proyecto impediría que las plataformas paguen intereses sobre las tenencias inactivas de stablecoins, aunque conservaría la posibilidad de ofrecer recompensas vinculadas al uso de esos activos. Esa diferencia mantiene abierta una disputa entre bancos y compañías cripto, porque el sector financiero reclama un lenguaje más estricto sobre cualquier forma de rendimiento.

Rob Nichols, presidente y director ejecutivo de la American Bankers Association, sostuvo que los banqueros y los clientes bancarios aprovecharon el receso de agosto para presentar sus argumentos directamente ante los senadores. Según Nichols, los depósitos locales son la base del crédito en las comunidades del país, por lo que consideró positivo que más legisladores reconozcan la necesidad de cerrar el vacío legal sobre los intereses de las stablecoins y fortalecer la Ley Clarity.

Más cambios para desarrolladores y mercados

El documento modifica además la Blockchain Regulatory Certainty Act para limitar los casos en que determinados desarrolladores de software tendrían que registrarse como transmisores de dinero. La propuesta también añadiría un puerto seguro civil, con el objetivo de reducir la exposición legal de algunos participantes tecnológicos cuando sus actividades no impliquen funciones propias de intermediación financiera.

Otras disposiciones incorporarían salvaguardas bajo la supervisión del Comité de Agricultura para abordar operaciones entre afiliadas y conflictos de interés. Estas reglas apuntan a las estructuras de mercado y a las relaciones comerciales que pueden generar incentivos contrapuestos en plataformas o entidades vinculadas.

El texto también busca aclarar cuándo y cómo se aplicarían las leyes estatales de protección al consumidor. Esa precisión es relevante para un mercado que opera con participantes nacionales y globales, pero que puede quedar sujeto a normas diferentes según el estado donde se encuentre el usuario o la empresa.

La combinación de reglas éticas, disposiciones sobre stablecoins y ajustes para desarrolladores muestra que el proyecto intenta resolver varios frentes al mismo tiempo. También explica por qué la negociación ha resultado compleja: los demócratas buscan controles sobre conflictos de interés, los bancos presionan por proteger sus depósitos y la industria cripto pretende evitar obligaciones que, a su juicio, podrían alcanzar a actores tecnológicos que no custodian fondos.

Una ventana legislativa reducida

La primera prueba será la votación de cloture del martes 15 de septiembre, cuando el Senado retome sus actividades después del receso. La medida necesita 60 votos para avanzar, mientras los republicanos cuentan con 53 escaños; por ello, incluso con el respaldo de toda su bancada, requerirían al menos siete votos demócratas o independientes.

La cloture no aprobaría la Ley Clarity por sí sola, sino que abriría el debate sobre el nuevo texto. Después todavía tendrían que procesarse las enmiendas, aprobarse la versión del Senado y resolver la acción de la Cámara de Representantes sobre el sustituto, todo dentro de las pocas semanas restantes del periodo legislativo.

El calendario tentativo del Senado contempla un nuevo periodo de trabajo en los estados a partir del 5 de octubre y fija el día de las elecciones para el 3 de noviembre. A esa presión se suma la decisión de los líderes de la Cámara de cancelar las semanas del 21 y del 28 de septiembre, lo que reduce aún más el tiempo disponible para conciliar y votar el proyecto.

Patrick Witt, director ejecutivo del Consejo de la Casa Blanca de Asesores para Activos Digitales, pidió avanzar después de más de un año de conversaciones y describió la iniciativa como un proyecto bipartidista. Lummis había advertido durante la semana anterior que una falta de aprobación en este Congreso podría retrasar la Ley Clarity hasta 2030, con un costo potencial en empleos, inversión e ingresos fiscales.

Las probabilidades y los próximos obstáculos

La publicación del nuevo borrador elevó las probabilidades de aprobación durante 2026 en Polymarket, desde aproximadamente 22% hasta 32%. Ese movimiento refleja una mayor expectativa de avance, aunque no equivale a una garantía legislativa y todavía depende de que el proyecto supere la votación inicial y conserve suficiente apoyo durante el proceso de enmiendas.

El aspecto más delicado será mantener una coalición que reúna intereses distintos dentro y fuera del Senado. Los demócratas deberán evaluar si las nuevas normas éticas responden a sus exigencias, mientras los republicanos intentarán evitar que las salvaguardas sobre stablecoins y conflictos de interés desplacen el proyecto de su objetivo principal: establecer mayor claridad regulatoria para los mercados de activos digitales.

Los bancos, por su parte, seguirán presionando para endurecer las restricciones sobre recompensas, debido al riesgo que atribuyen a una posible competencia por los depósitos. Las empresas cripto buscarán preservar los incentivos de uso y limitar la responsabilidad de desarrolladores, de modo que el texto final podría enfrentar nuevas disputas antes de llegar a una votación definitiva.

El resultado inmediato dependerá de la votación de 60 senadores, pero el desenlace definitivo exigirá acuerdos adicionales entre ambas cámaras y dentro de cada partido. La Ley Clarity avanza con más respaldo que antes, aunque su estrecha ventana legislativa mantiene abierta la posibilidad de que la iniciativa vuelva a quedar atrapada en la disputa política.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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