Por Canuto  

La prohibición estadounidense contra nuevos drones extranjeros enfrenta un problema básico: empresas con direcciones dudosas, agentes imposibles de localizar y declaraciones que nadie parece verificar lograron obtener autorizaciones regulatorias.
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  • Odyssey Robot obtuvo aprobación para un dron asociado con la tecnología OcuSync de DJI, pese a declarar que el producto era fabricado en Estados Unidos.
  • La empresa afirmó operar desde un coworking de Pasadena y ensamblar sus drones en una recicladora de Texas que niega tener esa actividad.
  • La FCC propuso multas contra ocho empresas pantalla y amenazó con prohibir retroactivamente productos ya aprobados, pero sus mecanismos de control siguen siendo limitados.

 

La prohibición estadounidense contra nuevos drones fabricados en el extranjero pretendía reducir riesgos de seguridad nacional. Sin embargo, una investigación periodística expuso que el sistema puede ser burlado mediante empresas pantalla, direcciones comerciales dudosas y declaraciones que las autoridades no verifican de forma activa.

El caso más llamativo involucra a Odyssey Robot, que opera bajo la marca Galiview Tech. La compañía consiguió una autorización de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, conocida como FCC, para un dron que presenta varios indicios de utilizar tecnología asociada con DJI, informa The Verge.

Una prohibición con controles insuficientes

El 22 de diciembre de 2025, el gobierno estadounidense afirmó que los drones de consumo fabricados en el extranjero representaban una amenaza inaceptable para la seguridad nacional. No presentó evidencia pública que demostrara esa acusación, pero la FCC restringió el ingreso de nuevos modelos extranjeros al mercado.

La medida impide que los drones extranjeros obtengan autorización sin una exención especial. El procedimiento no se concentra en evaluar la seguridad técnica de cada producto, sino en solicitar planes sobre fabricación e inversión dentro de Estados Unidos.

El esquema otorga un amplio margen de decisión al presidente de la FCC, Brendan Carr, y al presidente Donald Trump. La lógica de la política prioriza el origen empresarial y los compromisos industriales sobre pruebas concretas acerca del funcionamiento o la seguridad de los equipos.

La mayoría de los drones de consumo se fabrica en China. Aunque existen productores estadounidenses, suelen concentrarse en aeronaves destinadas a vigilancia y operaciones militares, un segmento más lucrativo que el mercado de drones recreativos o para creadores de contenido.

La investigación señala que la prohibición no generó de inmediato una nueva industria estadounidense de drones de consumo. En cambio, habría creado incentivos para que algunas compañías presentaran estructuras corporativas estadounidenses sin demostrar que realmente fabricaban productos en el país.

La huella tecnológica de DJI

DJI se convirtió en el principal fabricante mundial de drones de consumo gracias, en buena medida, a sus sistemas de transmisión de video OcuSync y Lightbridge. Estas tecnologías permiten controlar aeronaves a larga distancia con baja latencia y una señal particularmente estable.

La ventaja tecnológica de DJI resulta difícil de replicar. Según la investigación, los productos de otras marcas probados por el medio no ofrecían una conexión tan confiable como la de los drones de la compañía china.

OcuSync deja una huella identificable en las solicitudes regulatorias. El sistema emplea pares específicos de frecuencias de radio, que aparecen en las bases de datos de la FCC y permiten comparar equipos aparentemente fabricados por empresas diferentes.

El desarrollador de software y periodista Konrad Iturbe observó esas frecuencias y detectó la aparición repentina de marcas que parecían versiones apenas modificadas de productos de DJI. Iturbe las describió como empresas pantalla de la compañía china.

Skyrover fue uno de los ejemplos más visibles. La marca lanzó un dron económico que coincidía prácticamente por completo con el DJI Mini 4 Pro, mientras investigadores de seguridad detectaron código de DJI dentro de su aplicación.

Otro caso fue Xtra, una marca que permitió comercializar cámaras similares a las de DJI en Estados Unidos. Al comparar ambos productos, la investigación encontró una semejanza tan amplia que resultaba difícil considerarlos diseños independientes.

Odyssey Robot y la dirección que no era una fábrica

En junio, Iturbe identificó un nuevo caso mediante la revisión de registros regulatorios. La empresa Odyssey Robot, que opera con el nombre Galiview Tech, había obtenido en marzo la primera aprobación de la FCC para un dron equipado con tecnología de DJI desde el inicio de la prohibición.

La conexión no parecía especialmente oculta. El sitio web de Galiview mencionaba OcuSync, una tecnología registrada por DJI, como una característica del producto que ofrecía al público.

El 6 de febrero, Randolph Howard Eason presentó ante la FCC una declaración en la que aseguró que el dron y su controlador estaban fabricados en Estados Unidos. La solicitud también indicó que el diseño, desarrollo y fabricación ocurrían en 21 Miller Alley, Suite 210, Pasadena, California.

Esa dirección correspondía a Industrious, un espacio de coworking. El lugar contaba con un pequeño despacho para dos personas, pero sus reglas prohibían explícitamente que los miembros fabricaran productos dentro de las instalaciones.

Una visita al despacho encontró tres escritorios y sillas, sin monitores, teclados, cargadores, regletas eléctricas ni decoración. Dos escritorios estaban cubiertos por paquetes de cartón sellados, sin señales visibles de una operación de fabricación.

Odyssey también declaró que sus drones se ensamblaban en eTak Worldwide Corporation, ubicada en Grand Prairie, Texas. La empresa cuenta con un almacén de 80.000 pies cuadrados y 15 muelles de carga, pero su actividad real es el reciclaje y desmantelamiento de residuos electrónicos.

Empresas, marcas y contactos difíciles de rastrear

El sitio web de Galiview afirmaba que Galiview Inc. había sido fundada en 2022 y tenía su sede en San Francisco. Al mismo tiempo, mostraba un número telefónico de Las Vegas y una dirección en Pasadena.

Los registros públicos indicaban otra historia. Galiview no aparecía como una corporación independiente, sino como una marca de Odyssey Robot, LLC, creada en Delaware en enero de 2025 y registrada en California en diciembre del mismo año.

La empresa habría intentado previamente utilizar el nombre Flyon. Solicitudes de marca presentadas en febrero de 2026 mostraban planes para comercializar al menos tres productos: Galiview Titan, Galiview Venus y Galiview Nova.

Los correos enviados a la única dirección pública de contacto no obtuvieron respuesta. El número telefónico asociado también estaba desconectado y reproducía un mensaje que informaba que el suscriptor ya no se encontraba en servicio.

eTak Worldwide tampoco respondió llamadas ni mensajes. Richard Lee, fundador de eTak e iNet Expert, finalmente afirmó que nunca había escuchado de Odyssey Robot hasta una semana antes de la conversación con el medio.

Lee rechazó que eTak ensamblara drones y explicó que la compañía solo reacondicionaba productos. También indicó que no contaba con la mano de obra necesaria para fabricar aeronaves y negó cualquier relación con DJI.

El empresario dijo que eTak había reciclado baterías para Wistron, cartuchos de tinta ultravioleta para Anker y aspiradoras para Ecovacs. Sin embargo, aseguró que el uso de su nombre en la documentación de Odyssey era injusto y que probablemente alguien había tomado la dirección de un buscador.

El papel de los agentes y los organismos privados

Desde 2023, las empresas extranjeras que venden dispositivos inalámbricos en Estados Unidos deben contar con un agente estadounidense. Esa persona o entidad sirve como contacto legal para recibir documentos y facilitar la aplicación de las normas.

Las reglas no exigen que la FCC compruebe plenamente si el agente es una persona conocida, confiable y localizable. Tampoco obligan de manera explícita a confirmar que mantenga una oficina permanente, un teléfono operativo y un correo electrónico válido.

Greg Kunkle, socio de Keller & Heckman, dijo que no existe una verificación real y sistemática de los agentes estadounidenses. Según su explicación, una declaración incorrecta constituye una infracción, pero la FCC o los organismos encargados de aprobar los equipos no suelen comprobarla activamente.

Durante la última década, las autorizaciones regulatorias fueron gestionadas en gran medida por unas 40 empresas privadas conocidas como organismos de certificación de telecomunicaciones, o TCB. Una vez que un TCB completa su evaluación, la autorización llega directamente a la base de datos de la FCC.

La FCC publicó directrices específicas en diciembre para que los TCB verificaran direcciones físicas válidas. Las recomendaciones aclaran que no deben aceptar únicamente la certificación del solicitante cuando existen razones para creer que un producto puede estar prohibido.

TÜV Rheinland, el TCB que aprobó la solicitud de Odyssey, afirmó que no tenía evidencia concreta para cuestionar sus certificaciones. También indicó que los informes de prueba anexos eran auténticos y que no había recibido una comunicación de la FCC sobre el caso.

Multas, productos retroactivos y límites de aplicación

Los TCB deben auditar, en teoría, el 5% de todos los dispositivos que certifican durante un año calendario. La revisión debe incluir casos en los que una empresa no entrega una muestra del producto para su evaluación.

El 10 de julio, la FCC propuso multas de USD $25.000 contra ocho empresas identificadas como posibles pantallas de DJI. La agencia reconoció que conoció varias de esas marcas gracias a la investigación de Iturbe y a la cobertura periodística.

Las sanciones se relacionaron, entre otros factores, con la falta de respuesta de los agentes estadounidenses a las cartas oficiales. En 2024, la FCC también propuso multas superiores a USD $700.000 contra Eken, un fabricante de timbres de video con sede en Hong Kong.

La capacidad de cobrar esas sanciones sigue siendo limitada. La propia FCC citó el caso de Eken como evidencia de que actores extranjeros pueden evadir la legislación estadounidense cuando los productos bajo su responsabilidad perjudican a consumidores locales.

El 17 de julio, la agencia amenazó con prohibir de forma retroactiva la importación, venta, comercialización y distribución de productos ya aprobados de algunas empresas pantalla. La medida podría afectar a marcas que lograron vender drones antes del veto.

El exjefe de cumplimiento de la FCC, Peter Hyun, explicó que la agencia puede ordenar confiscaciones, emitir cartas de cese y desistimiento o solicitar que una empresa justifique por qué no debería perder su autorización.

La FCC también podría colaborar con el Departamento de Justicia en un eventual cargo de contrabando. Sin embargo, los responsables que operan mediante números desconectados, intermediarios y entidades anónimas pueden resultar difíciles de identificar y llevar ante la justicia.

Una alerta para la regulación tecnológica

El 21 de julio, la FCC reveló que había enviado una orden de muestra de causa a Odyssey Robot. La comunicación ocurrió después de que la investigación periodística alertara a la agencia sobre las inconsistencias de la compañía.

La revisión se limitó a enviar cartas a Odyssey y eTak para comprobar si respondían. Odyssey no contestó, mientras eTak negó cualquier relación y entregó su respuesta a la FCC el 13 de julio.

El caso plantea dudas sobre cuántos productos similares pueden avanzar sin que periodistas o investigadores independientes detecten sus irregularidades. Un sistema que depende de alertas externas puede dejar pasar compañías difíciles de localizar.

La FCC también tomó medidas contra Shenzhen STS después de acusar al laboratorio de entregar deliberadamente resultados falsos para audífonos Bluetooth, teléfonos y tabletas. El laboratorio atribuyó el problema a personal negligente.

Además, la agencia propuso que minoristas en línea como Amazon muestren los identificadores de la FCC en las páginas de cada dispositivo. Amazon ya recopila esos datos de los vendedores, pero no exige que aparezcan públicamente.

Odyssey Robot estaba registrada mediante Delaware Business Incorporators y California Registered Agent. Delaware permite crear sociedades de responsabilidad limitada de forma anónima, una característica que puede facilitar estructuras corporativas opacas.

Un abogado de Hawái que tramitó la marca Galiview declaró que nunca tuvo contacto directo con Odyssey. Explicó que procesa solicitudes para empresas chinas como actividad secundaria y recibe encargos de una firma de ese país que cobra una tarifa fija.

Kunkle estimó que crear una estructura con marcas, organismos de certificación y laboratorios de prueba podría costar alrededor de USD $20.000. Para una compañía grande, esa cifra puede representar un gasto pequeño frente a la posibilidad de acceder al mercado estadounidense.

La investigación concluye que una prohibición basada en el origen de los productos pierde eficacia cuando las autoridades no verifican identidades, direcciones y procesos de fabricación. El caso Odyssey Robot muestra que el problema no solo está en la tecnología importada, sino también en la capacidad institucional para controlar la documentación.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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