Por Canuto  

La inspección policial británica advierte que algunos agentes pueden tratar coincidencias del reconocimiento facial retroactivo como pruebas concluyentes, pese a que requieren corroboración. El informe pide estándares nacionales y mejores controles para reducir riesgos de actuaciones injustificadas; el Gobierno anunció nuevas salvaguardas para esta tecnología.
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  • La HMICFRS detectó reglas fragmentadas y una brecha de comprensión sobre el uso de búsquedas faciales retroactivas.
  • Algunos investigadores actuaron a partir de coincidencias sin suficientes pesquisas de corroboración, mientras la capacitación sigue siendo desigual.
  • El informe también alerta sobre imágenes de detención retenidas indebidamente y reclama controles legales y de gobernanza más sólidos; el Gobierno anunció nuevas salvaguardas.

La policía del Reino Unido debe reforzar sus controles para evitar que una coincidencia obtenida mediante reconocimiento facial retroactivo derive en actuaciones injustificadas contra personas inocentes. La Inspección de Justicia Penal, conocida como HMICFRS, encontró que algunos investigadores confunden los resultados de estas búsquedas con pruebas concluyentes, cuando en realidad deben servir como inteligencia para orientar nuevas pesquisas.

El informe describe una gobernanza fragmentada, normas distintas entre fuerzas y una aplicación desigual de los procedimientos. También advierte que la falta de corroboración y la retención inadecuada de imágenes policiales pueden debilitar las garantías, mientras la inspección reclama reglas nacionales para una tecnología que ya forma parte de las investigaciones.

Una coincidencia requiere más investigación

El reconocimiento facial retroactivo, o RFR por sus siglas en inglés, permite comparar una imagen con fotografías disponibles en bases de datos policiales después de que ocurre un hecho. Una coincidencia potencial no identifica por sí sola a una persona como responsable: el resultado debe conducir a comprobaciones adicionales antes de que los agentes adopten medidas de cumplimiento. La HMICFRS encontró, sin embargo, que esa distinción no siempre está clara para quienes realizan las investigaciones.

Según el informe, existe una brecha importante entre las fuerzas policiales y la Agencia Nacional del Delito sobre cómo utilizar el RFR de forma responsable. Aunque representantes del Consejo Nacional de Jefes de Policía transmiten habitualmente que los resultados son inteligencia y no prueba, los investigadores individuales a menudo los interpretan como evidencia. La inspección señaló que algunos agentes tampoco sabían que debían hacer nuevas averiguaciones antes de actuar.

La HMICFRS dijo que ciertos investigadores no realizaron suficientes pesquisas de corroboración antes de proceder a partir de coincidencias potenciales. En un pequeño número de casos, la confianza excesiva en los resultados condujo a actuaciones investigativas inapropiadas, según el informe, que describió esos hallazgos como profundamente preocupantes. Algunas fuerzas mejoraron sus procesos después de incidentes, pero la inspección encontró que la práctica continúa siendo inconsistente.

El informe también matiza que un arresto no es automáticamente injusto: durante una investigación, los agentes pueden necesitar detener a alguien para descartar su participación. La preocupación se centra en que la coincidencia facial no se convierta en la única base para actuar, sin verificación suficiente ni juicio humano. La HMICFRS indicó que la carga de asegurar procedimientos fiables recae también en las propias fuerzas, algunas de las cuales carecen de reglas formales para las pesquisas de RFR.

Reglas dispersas y presión operativa

La inspección atribuyó parte de los problemas a marcos de gobernanza y legislación fragmentados y poco desarrollados. El Reino Unido no cuenta con una ley específica que establezca un enfoque uniforme para el uso policial del reconocimiento facial, y la HMICFRS sostiene que las normas existentes no han seguido el ritmo de la tecnología. Además, las políticas que regulan el RFR varían y no están coordinadas entre las fuerzas.

Por ese motivo, el informe pidió incorporar un código legal en el próximo proyecto de Ley de Reforma Policial, con estándares nacionales para orientar el uso de la tecnología. La falta de criterios comunes dificulta que las fuerzas apliquen prácticas consistentes y que la supervisión permita identificar fallas antes de que se repitan. La inspección plantea que una estructura más clara debe acompañar el uso de una herramienta capaz de influir en decisiones sobre sospechosos.

El Gobierno británico anunció nuevas salvaguardas para el uso policial del reconocimiento facial, según una comunicación oficial. El anuncio indica que la tecnología quedará sujeta a controles más estrictos, pero no significa por sí mismo que las nuevas medidas ya estén vigentes.

La carga de trabajo también aparece entre las razones que el personal ofreció para explicar por qué no siempre realiza verificaciones adicionales antes de actuar. En una fuerza, según el informe, algunos directivos alentaban a los agentes a avanzar rápidamente con las investigaciones tras obtener una coincidencia de RFR. La HMICFRS no presenta esa presión como una justificación, sino como un factor que puede reducir el tiempo disponible para corroborar los resultados.

Las fuerzas con mejores prácticas tendían a contar con equipos centralizados de reconocimiento facial, una organización que, de acuerdo con la inspección, favorecía una gobernanza más sólida y procesos consistentes. La formación de los agentes, en cambio, sigue siendo desigual en todo el país. El informe considera que mejorar la capacitación ayudaría a que el RFR se utilice de manera más eficaz y conforme a la ley, en vez de depender de criterios dispares entre equipos.

Datos retenidos y confianza pública

Otro hallazgo importante se refiere a las imágenes de detención de sospechosos que las fuerzas conservan en la Base de Datos Policial Nacional, utilizada para muchas consultas de RFR. La guía policial establece en qué circunstancias pueden retenerse esas fotografías y cuándo deben eliminarse, pero la inspección encontró que algunas fuerzas no borraron imágenes que ya debían haber sido suprimidas. El problema afecta tanto la administración de datos como los controles que rodean las búsquedas.

El proyecto de Ley de Reforma Policial contempla agrupar las imágenes de detención con datos como el ADN y las huellas dactilares, e introducir medidas más firmes para asegurar que se retengan o eliminen según las exigencias legales. Una revisión del Ministerio del Interior realizada en 2017 había concluido que implantar un marco legal de ese tipo no era viable: la policía no podía automatizar la eliminación y hacerlo manualmente consumiría demasiado tiempo. El nuevo planteamiento vuelve a poner sobre la mesa cómo hacer cumplir los plazos de conservación.

La HMICFRS también alertó sobre el riesgo de que el mal uso del reconocimiento facial, tanto retroactivo como en otras modalidades, deteriore la confianza pública. Encuestas realizadas en 2025 por el Ada Lovelace Institute y el Alan Turing Institute, así como por el Policy Institute de King’s College London, reflejaron opiniones generalmente favorables sobre su uso policial, con niveles de apoyo que iban del 91% al 53%. Cifras del Ministerio del Interior publicadas el jueves junto con el informe mostraron que solo el 4% de los agentes comunicó una experiencia negativa con la tecnología.

Kathryn Stone afirmó que el reconocimiento facial transformó la labor policial al permitir comparar imágenes en segundos y resolver delitos con mayor rapidez, pero insistió en que deben existir salvaguardas adecuadas. Añadió que los riesgos relacionados con sesgos y retención de datos deben gestionarse y que las decisiones deben permanecer bajo juicio humano. Para sostener la confianza, dijo, hacen falta un marco legal más claro, estándares nacionales sólidos y mejores mecanismos de gobernanza y supervisión.

Jasleen Chaggar, responsable sénior de asuntos legales y políticos de Big Brother Watch, pidió al Gobierno intervenir con urgencia y sostuvo que la policía no debería seguir usando el RFR cuando existe riesgo de arrestar injustamente a alguien. A su juicio, tratar una coincidencia como prueba auténtica, en vez de como una puntuación de probabilidad, aumenta la posibilidad de que personas inocentes sean investigadas por delitos cometidos en ciudades que nunca visitaron, como ya ha ocurrido en casos anteriores.

Chaggar también denunció que la policía ni siquiera registra siempre el uso del reconocimiento facial retroactivo, lo que, según ella, puede dejar a una persona bajo sospecha sin constancia de por qué fue vinculada a una investigación. Esa crítica y los hallazgos de la HMICFRS apuntan a problemas distintos pero relacionados: la calidad de las decisiones y la posibilidad de auditarlas después. La inspección plantea que reglas claras, formación y controles sobre los datos son piezas necesarias para reducir esos riesgos.

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