Pensilvania endurece el escrutinio local sobre los centros de datos

La orden ejecutiva 2026-05 de Josh Shapiro no paraliza los centros de datos en Pensilvania, pero elimina el acceso de las propuestas de centros de datos de inteligencia artificial a la vía rápida estatal y condiciona los permisos a las aprobaciones municipales. La medida también abre un nuevo frente jurídico alrededor de la Enmienda de Derechos Ambientales del estado.
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• La orden ejecutiva 2026-05 excluye las propuestas de centros de datos de inteligencia artificial del Programa de Vía Rápida de Permisos de Pensilvania.
• Los permisos estatales quedarán condicionados al cumplimiento de los planes locales y a todas las aprobaciones municipales requeridas.
• Los estándares GRID plantean exigencias de energía, costos, operación y transparencia para los desarrolladores que quieran una revisión continua.

Los proyectos de centros de datos en Pensilvania enfrentarán un escrutinio local más intenso después de que el gobernador Josh Shapiro firmara la orden ejecutiva 2026-05 el 18 de agosto de 2026. La medida no establece una suspensión total de los permisos, pero cambia el orden de revisión y eleva las exigencias de transparencia, energía y cumplimiento ambiental para una industria que busca expandirse rápidamente.

El cambio se produce en un momento de creciente reacción pública contra las instalaciones que alojan servidores para servicios digitales, computación en la nube e inteligencia artificial. Los cuestionamientos suelen concentrarse en el consumo eléctrico, el uso de agua, el ruido, el calor y los costos potenciales para las comunidades, mientras los gobiernos estatales intentan equilibrar la inversión económica con la protección de los residentes.

Una revisión estatal condicionada por los municipios

La orden de Shapiro hace que las propuestas de centros de datos de inteligencia artificial sean inelegibles para el Programa de Vía Rápida de Permisos de Pensilvania, diseñado para agilizar autorizaciones de determinados proyectos de alto impacto. Al retirar esa posibilidad, el gobierno estatal introduce un proceso potencialmente más lento y reduce la capacidad de los desarrolladores para avanzar con una revisión acelerada.

La disposición con mayor impacto político exige que los desarrolladores demuestren primero el cumplimiento de los planes locales y obtengan todas las aprobaciones municipales requeridas antes de recibir permisos estatales. En la práctica, los funcionarios municipales tendrán mayor influencia sobre el calendario y las condiciones de los proyectos, porque las decisiones estatales dependerán de que el expediente local esté completo.

La política también prohíbe que cualquier agencia bajo la supervisión del gobernador celebre acuerdos de confidencialidad relacionados con un proyecto de centro de datos. Esa restricción busca impedir que elementos relevantes del proceso permanezcan reservados entre una empresa y el gobierno, una preocupación frecuente en comunidades que conocen los proyectos cuando las negociaciones ya están avanzadas.

Además, el Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania deberá crear un mapa público con información sobre los permisos de los proyectos de centros de datos conocidos en el estado. El instrumento puede facilitar el seguimiento ciudadano de las instalaciones, aunque la orden no especifica en el material citado el alcance exacto de los datos que aparecerán ni la fecha de publicación del mapa.

Dos niveles para tramitar los permisos

La orden ejecutiva crea un sistema de dos niveles según la disposición del desarrollador a cumplir con los estándares GRID, siglas de Governor’s Responsible Infrastructure Development. Los proyectos que acepten esas reglas podrán tener sus solicitudes estatales revisadas de manera continua a medida que se presenten y recibir los permisos de forma continua una vez satisfechos todos los requisitos locales.

Los estándares GRID exigen que los desarrolladores aseguren toda la energía necesaria para alimentar sus instalaciones, incluida una parte procedente de fuentes limpias. También obligan a pagar el 100% de los costos del proyecto y a cumplir requisitos ambientales de operación y presentación de informes, trasladando a las empresas una mayor responsabilidad financiera y regulatoria.

Los proyectos que no acepten los estándares enfrentan un umbral procesal más exigente: el Departamento de Protección Ambiental ni siquiera comenzará a revisar sus solicitudes estatales hasta que hayan obtenido todos los permisos locales necesarios. La diferencia crea un incentivo evidente para que las compañías adopten las reglas GRID si buscan reducir la incertidumbre y evitar que la revisión estatal permanezca detenida.

El resultado previsible es un proceso de autorización más dependiente de las conversaciones entre desarrolladores, municipios y residentes. Los gobiernos locales ya cuentan con autoridad significativa sobre las decisiones de uso del suelo, por lo que la orden puede llevar a las empresas a modificar diseños, calendarios o compromisos comunitarios antes de solicitar la aprobación estatal.

La disputa energética detrás de los centros de datos

Los centros de datos requieren grandes cantidades de electricidad para operar servidores y sistemas de enfriamiento de manera continua. Esa demanda conecta las decisiones de uso del suelo con la planificación de la red eléctrica, la contratación de generación y la posible distribución de costos entre los operadores de las instalaciones y otros usuarios del sistema.

La orden de Pensilvania responde a esa tensión mediante los estándares GRID, que obligan a los desarrolladores a asegurar la energía requerida y asumir el 100% de los costos de sus proyectos. La disposición apunta a evitar que una comunidad reciba una instalación sin claridad sobre quién pagará la infraestructura necesaria para conectarla y sostener su operación.

El gobernador también se suma a una tendencia nacional de medidas ejecutivas frente a la oposición a los centros de datos. En julio de 2026, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, impuso una suspensión de un año para la construcción de grandes centros de datos que aún no habían recibido permisos para comenzar las obras, mientras se elaboraba una declaración de impacto ambiental genérica sobre los efectos de estas instalaciones.

En agosto de 2026, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció otra pausa en la aprobación de centros de datos, hasta que las agencias estatales pudieran auditar los proyectos y sus posibles impactos en la red eléctrica. Las respuestas son distintas, pero comparten una preocupación: los gobiernos buscan información y herramientas de control antes de permitir que la expansión de la infraestructura digital transforme la demanda energética regional.

El posible papel de los derechos ambientales

Michael Helbing, director ejecutivo del Centro de Derecho y Política Energética de Penn State, considera especialmente relevante que la orden cite los derechos constitucionales de los habitantes de Pensilvania como parte de su justificación. Aunque el texto no identifica expresamente cuáles derechos invoca, Helbing sostiene que parece aludir a la Enmienda de Derechos Ambientales de la Constitución estatal.

La enmienda forma parte del Artículo 1 de la Constitución de Pensilvania, junto con derechos políticos como la libertad de expresión y la libertad de religión. Su texto garantiza el derecho del pueblo al aire limpio, al agua pura y a la preservación de los valores naturales, escénicos, históricos y estéticos del medio ambiente, una formulación que puede adquirir importancia en disputas sobre instalaciones de gran escala.

Pensilvania añadió la enmienda a su Constitución en 1971, pero decisiones judiciales anteriores limitaron durante años su efecto práctico. Opiniones más recientes de la Corte Suprema de Pensilvania le han dado nueva fuerza y han abierto preguntas sobre cómo debe interpretarse cuando una decisión pública favorece el desarrollo económico, pero también puede aumentar presiones sobre el entorno.

Según el análisis de Helbing, no necesariamente basta con que el estado cumpla las leyes ambientales existentes para satisfacer la enmienda. Una ley o acción estatal que deteriore razonablemente el derecho al aire limpio, al agua pura u otros valores ambientales podría considerarse inconstitucional, aunque el alcance de esa prueba dependerá de futuros litigios y de la forma en que los tribunales ponderen cada expediente.

Una prueba para el equilibrio entre desarrollo y protección

Si el estado utiliza la Enmienda de Derechos Ambientales para defender la orden ejecutiva, los tribunales tendrán otra oportunidad de interpretar el alcance de sus obligaciones constitucionales. Los jueces podrían verse obligados a equilibrar la protección del ambiente con los derechos procesales y de propiedad de una industria que pretende desarrollar terrenos y construir infraestructura tecnológica.

Ese conflicto no se limita a la autorización de un edificio concreto. También puede involucrar la demanda eléctrica, los sistemas de enfriamiento, el impacto territorial de las líneas de transmisión y la información que las comunidades necesitan para evaluar una propuesta antes de que avance hacia la etapa estatal.

Para los municipios, la orden representa una oportunidad de participar con mayor peso en proyectos que anteriormente podían percibirse como definidos principalmente por empresas y agencias estatales. Para los desarrolladores, en cambio, añade la necesidad de negociar temprano con las autoridades locales y demostrar que pueden asumir los costos, las obligaciones energéticas y los compromisos de información asociados con sus instalaciones.

El análisis publicado por The Conversation advierte que el resultado dependerá en buena medida de la respuesta judicial y de la interpretación que reciba la enmienda en los próximos casos. Si los tribunales reconocen una herramienta constitucional más robusta, el estado e incluso los ciudadanos podrían contar con mayores recursos para exigir aire limpio, agua pura y la preservación de los valores ambientales frente a la expansión de los centros de datos.

La orden de Shapiro, por tanto, no elimina el desarrollo de centros de datos en Pensilvania, pero sí modifica los incentivos que rodean cada proyecto. Su efecto más inmediato será trasladar parte de la negociación al ámbito municipal, mientras el mapa público, los estándares GRID y la posible controversia constitucional convierten el proceso de permisos en un asunto de mayor vigilancia pública.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

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