Por Canuto  

Nuevo México inició en Santa Fe un juicio contra Meta por el escándalo de Cambridge Analytica, casi una década después de que los datos de unos 87 millones de perfiles fueran utilizados para publicidad política.
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  • El juicio estatal comenzó en Santa Fe el 9 de septiembre y podría extenderse durante aproximadamente cuatro semanas, con una declaración grabada de Mark Zuckerberg.
  • Nuevo México calcula que unos 350.000 residentes quedaron expuestos y reclama hasta USD $5.000 por cada violación.
  • Un acuerdo multistatal con Meta dejó fuera los reclamos específicos de Nuevo México relacionados con Cambridge Analytica, por lo que el caso continúa en tribunales.

Nuevo México lleva a Meta a juicio por el escándalo de Cambridge Analytica

Casi una década después de que Cambridge Analytica utilizara datos extraídos de millones de perfiles de Facebook, Meta enfrenta un juicio estatal en Nuevo México. El proceso comenzó el 9 de septiembre en un tribunal de Santa Fe, mientras el estado busca demostrar que la compañía no informó ni protegió adecuadamente a sus usuarios frente a un cuestionario de personalidad que terminó alimentando publicidad política dirigida.

El caso coloca a Nuevo México entre los estados que mantuvieron reclamos propios después de que otros estados de Estados Unidos alcanzaran un acuerdo con Meta sobre problemas relacionados con la privacidad y la seguridad infantil. Florida tampoco firmó ese pacto, aunque su objeción se centró en que las condiciones no eran suficientemente estrictas para el conglomerado propietario de Facebook e Instagram.

El caso de los perfiles utilizados para publicidad política

Según el reporte de The Associated Press, el estado sostiene en documentos judiciales que Facebook no advirtió a sus usuarios sobre los riesgos asociados con una aplicación de cuestionarios de personalidad. Esa herramienta extrajo información de aproximadamente 87 millones de perfiles y, de acuerdo con la acusación, esos datos llegaron a Cambridge Analytica, una firma de consultoría política que posteriormente desapareció.

La información recopilada habría servido para crear anuncios dirigidos durante las elecciones presidenciales de 2016. Entre los clientes de Cambridge Analytica estuvo la campaña de Donald Trump de ese año, un vínculo que convirtió el episodio en uno de los casos más conocidos sobre el uso político de datos personales en plataformas digitales.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, afirmó que el problema no se limitó a una filtración aislada, sino que reveló un patrón más amplio en la forma en que Facebook describía la recopilación, el intercambio y la explotación de la información de sus usuarios. En una declaración emitida antes del inicio del juicio, Torrez sostuvo que la vulneración expuso datos privados y también mostró una supuesta tergiversación de las prácticas de la empresa.

El conflicto resulta especialmente relevante para el modelo de negocio de Meta, porque Facebook obtiene casi todos sus ingresos de la venta de publicidad. La disputa judicial examina, por tanto, la relación entre la recopilación de datos, la segmentación comercial y la capacidad de una plataforma para controlar el destino de la información que sus usuarios entregan al registrarse o interactuar con sus servicios.

La estrategia independiente de Nuevo México

El juicio podría durar alrededor de cuatro semanas e incluirá una declaración en video de Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta. La presencia de esa declaración busca aportar la perspectiva de la dirección de la compañía sobre sus políticas de privacidad, aunque el proceso también se apoyará en documentos y argumentos relacionados con las prácticas de Facebook antes y después de las elecciones de 2016.

Nuevo México solicita las penalidades civiles máximas previstas por la Ley de Prácticas Injustas del estado, de hasta USD $5.000 por cada violación. Además, el fiscal general pide una orden judicial que obligue a Meta a detener futuras infracciones relacionadas con los datos de sus usuarios, una medida que podría tener consecuencias operativas más allá del eventual pago económico.

El estado estima que aproximadamente 350.000 habitantes de Nuevo México quedaron expuestos en la vulneración vinculada con Cambridge Analytica. Esa cifra será central para la discusión sobre el posible alcance de las sanciones, aunque el resultado dependerá de cómo el tribunal interprete cada infracción y de la responsabilidad que logre atribuir a Facebook bajo la legislación estatal.

La demanda avanzó por una vía distinta a la resolución multistatal anunciada recientemente. En agosto, Meta acordó pagar hasta USD $18.000 millones para resolver una demanda relacionada con la seguridad infantil y otros problemas de privacidad, pero el acuerdo incluyó una disposición que eximía a la empresa de futuras responsabilidades vinculadas con Cambridge Analytica, según el reporte de The Associated Press. Esa disposición no cerró el reclamo específico de Nuevo México.

Un acuerdo que no cerró todas las disputas

La cláusula permitió que Nuevo México continuara adelante con su caso sobre la filtración de datos. La decisión refleja la estrategia del fiscal general de actuar por separado en el enjuiciamiento de Meta, en lugar de aceptar una solución conjunta que, a juicio del estado, no habría preservado plenamente sus reclamaciones.

Florida fue el único otro estado que no suscribió el acuerdo multistatal, pero su postura no produjo el mismo desenlace procesal descrito para Nuevo México. El estado argumentó que el pacto no imponía exigencias suficientemente rigurosas a Meta, mientras Nuevo México utilizó su propia demanda para presentar ante un tribunal los alegatos sobre Cambridge Analytica.

El antecedente inmediato para el proceso es otro juicio ganado por Nuevo México contra Meta sobre las protecciones de seguridad destinadas a menores. En agosto, el estado obtuvo un total de USD $942 millones en un litigio desarrollado en dos fases, y el tribunal también ordenó a la compañía adoptar nuevas salvaguardas, como tecnología de verificación de edad y límites de tiempo en sus plataformas.

El nuevo caso no determina por sí mismo el futuro de toda la regulación sobre datos personales en Estados Unidos, pero sí mantiene abierto un capítulo que otras negociaciones habían intentado cerrar. Para los usuarios, la disputa plantea una pregunta concreta: si una plataforma puede monetizar información personal para orientar anuncios, qué obligaciones debe cumplir cuando esa información termina en manos de actores políticos o consultores externos.

Qué está en juego para Meta y los usuarios

La demanda de Nuevo México combina una reclamación económica con una solicitud de cambios permanentes en la conducta de Meta. Si el tribunal acepta los argumentos estatales, la compañía podría enfrentar sanciones calculadas por cada violación y una orden que limite la forma en que administra los datos de quienes utilizan Facebook e Instagram.

El caso también coloca bajo escrutinio la diferencia entre consentimiento formal y comprensión real por parte del usuario. Aunque una persona haya interactuado con un cuestionario dentro de una red social, el estado sostiene que Facebook debía advertir con claridad qué información podía extraerse, cómo podía compartirse y qué usos posteriores podían darle terceros.

La disputa llega en un momento en que las plataformas digitales enfrentan una presión creciente para explicar sus sistemas de segmentación publicitaria. El juicio no trata sobre criptomonedas ni sobre tecnología de cadena de bloques, pero sus posibles consecuencias interesan a cualquier empresa que convierta datos de usuarios en un activo comercial, especialmente cuando utiliza herramientas automatizadas para clasificar audiencias y decidir qué mensajes reciben.

Por ahora, el tribunal de Santa Fe deberá valorar los argumentos del estado y la defensa de Meta durante un proceso previsto para extenderse aproximadamente un mes. La declaración grabada de Zuckerberg, las estimaciones sobre los residentes afectados y el alcance de las sanciones solicitadas serán algunos de los elementos que determinarán si Nuevo México logra convertir una acusación de privacidad en una orden judicial con efectos concretos.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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