Por Canuto  

Nueva York se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en detener durante un año la construcción de grandes centros de datos, mientras crece la preocupación por el consumo de energía, el uso de agua y la presión sobre las comunidades locales.

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  • La moratoria aplica a centros de datos que utilicen 50 megavatios o más y permanecerá vigente durante un año.
  • La gobernadora Kathy Hochul ordenó elaborar una Declaración de Impacto Ambiental Genérica para establecer normas consistentes.
  • Más de 12 gigavatios de grandes cargas energéticas esperan conectarse a la red eléctrica de Nueva York, según un informe reciente.

 

Nueva York se convirtió el martes en el primer estado de Estados Unidos en detener la construcción de nuevos centros de datos grandes. La medida establece una moratoria de un año, en medio de un debate creciente sobre el costo material del auge de la IA.

Las preocupaciones abarcan el aumento de las facturas de energía, el consumo de agua y la presión sobre las comunidades cercanas a estas instalaciones. La decisión también coloca al estado en el centro de una discusión nacional sobre cómo financiar y regular la infraestructura que sostiene los servicios de inteligencia artificial.

Una pausa histórica para la infraestructura de IA

La moratoria convierte a Nueva York en el primer estado del país en aprobar una congelación completa para nuevos centros de datos grandes. La prohibición busca dar tiempo a las autoridades para estudiar los efectos de estas instalaciones antes de autorizar una expansión adicional.

El auge de la inteligencia artificial (IA) ha impulsado una carrera entre compañías tecnológicas para construir centros de datos. Estos complejos concentran servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de refrigeración que requieren grandes cantidades de electricidad durante su operación.

Las instalaciones no solo plantean una cuestión tecnológica. Su presencia puede modificar la demanda de las redes eléctricas, aumentar la necesidad de nuevas conexiones y generar discusiones sobre quién debe asumir los costos asociados con esa expansión.

La decisión de Nueva York refleja una inquietud que también aparece en otros estados. Legisladores y reguladores de varias jurisdicciones analizan medidas para limitar el impacto de los centros de datos en las redes, las facturas de servicios públicos y las comunidades locales.

La gobernadora Kathy Hochul presentó la medida como una respuesta a riesgos que, en su opinión, podrían afectar directamente a los residentes. Su oficina señaló que la pausa permitirá desarrollar reglas más uniformes para las instalaciones que lleguen a operar en el estado.

Durante el periodo de un año, Nueva York evaluará los impactos ambientales vinculados con la construcción y el funcionamiento de los centros de datos. La prohibición terminará cuando el estado complete las normas correspondientes, según la oficina de Hochul.

Electricidad, agua y presión sobre las comunidades

Hochul afirmó que el desarrollo de centros de datos amenaza con aumentar las facturas de servicios públicos. La gobernadora también mencionó el posible agotamiento de recursos naturales y la incertidumbre que enfrentan los neoyorquinos.

“A medida que el desarrollo de centros de datos amenaza con aumentar las facturas de servicios públicos, agotar nuestros recursos naturales y crear incertidumbre para los neoyorquinos, es mi responsabilidad actuar y liderar”, dijo Hochul.

El consumo de electricidad representa uno de los principales puntos de fricción. Los centros de datos necesitan energía constante para mantener activos sus servidores y sus sistemas de refrigeración, incluso cuando la demanda de los usuarios cambia.

El agua constituye otra preocupación señalada en la decisión estatal. Los sistemas utilizados para enfriar los equipos pueden aumentar la presión sobre los suministros locales, especialmente en zonas donde las comunidades ya enfrentan restricciones o competencia por el recurso.

La expansión también genera tensiones sobre el uso del territorio. Los proyectos pueden requerir nuevas conexiones, infraestructura auxiliar y transformaciones en áreas cercanas a barrios, municipios o espacios con importancia ambiental.

La oficina de Hochul indicó que la moratoria permitirá examinar esos efectos de forma amplia. El objetivo consiste en establecer un marco que considere tanto las necesidades de la economía digital como los costos que podrían recaer sobre los residentes.

El estado también estudia eliminar las exenciones fiscales sobre ventas para los grandes centros de datos. Hochul dijo que perseguirá legislación para derogar esos beneficios, aunque la fuente no indicó el valor total de las exenciones ni el calendario de esa iniciativa.

Permisos, normas ambientales y respuesta política

La prohibición se aplicará a los centros de datos que utilicen 50 megavatios o más de energía, de acuerdo con funcionarios de la oficina del gobernador. Ese umbral delimita el alcance de la pausa a los proyectos de mayor tamaño energético.

Durante la moratoria, el Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York no emitirá permisos discrecionales para proyectos que todavía no hayan sido considerados completos. La disposición busca impedir que nuevas obras avancen mientras se prepara la evaluación estatal.

Hochul ordenó a los funcionarios desarrollar una Declaración de Impacto Ambiental Genérica, conocida como GEIS por sus siglas en inglés. El documento deberá revisar los posibles impactos ambientales de construir y operar centros de datos en el estado.

La GEIS también pretende garantizar que las instalaciones que entren en funcionamiento cumplan normas consistentes. Con ello, la administración busca evitar que cada proyecto sea evaluado bajo criterios diferentes o que las comunidades enfrenten reglas fragmentadas.

La legislatura de Nueva York aprobó el mes pasado un proyecto de ley destinado a imponer limitaciones a los centros de datos. Sin embargo, el texto todavía no había sido enviado al escritorio de Hochul para su firma.

Funcionarios de la oficina de la gobernadora describieron ese proyecto como complicado. También señalaron que “tomará tiempo trabajar en eso” con la legislatura estatal, lo que apunta a nuevas negociaciones sobre el alcance de las restricciones.

La reacción política ocurre mientras otros estados consideran medidas similares. En abril, la gobernadora de Maine, Janet Mills, vetó un proyecto de ley que habría impuesto una congelación parecida sobre estas instalaciones.

Una red eléctrica bajo presión

La expansión de los centros de datos en Estados Unidos está elevando la demanda de energía en distintas regiones. Ese crecimiento también ha alimentado preocupaciones sobre el posible aumento de las facturas eléctricas para hogares y empresas.

Hasta mayo, más de 12 gigavatios de grandes cargas energéticas esperaban conectarse a la red eléctrica de Nueva York. La cifra incluye centros de datos y otras cargas de gran tamaño, según un informe reciente del operador independiente de la red estatal.

El dato refleja la magnitud del desafío para la planificación energética. Una red que recibe nuevas solicitudes debe evaluar la capacidad disponible, las conexiones necesarias y la forma en que los costos se distribuirán entre los usuarios.

Nueva York ya enfrenta una posición desfavorable en materia de precios residenciales. El estado tiene el octavo costo minorista más caro de electricidad residencial en Estados Unidos, según datos del Departamento de Energía del país.

La combinación entre precios elevados y nuevas cargas intensivas en energía explica parte de la sensibilidad política del tema. Para los consumidores, la discusión no se limita a la innovación tecnológica, sino que alcanza directamente el presupuesto mensual de sus hogares.

Para las empresas tecnológicas, los centros de datos siguen siendo una pieza esencial del desarrollo de la inteligencia artificial. La moratoria introduce, sin embargo, una pausa regulatoria que puede obligar a revisar calendarios, ubicaciones y costos de nuevos proyectos en Nueva York.

La medida no representa una prohibición permanente de toda infraestructura digital. El estado indicó que levantará la pausa cuando complete las normas ambientales y defina condiciones consistentes para los centros de datos que comiencen a operar.

El rechazo público al crecimiento acelerado

La oposición a la expansión no se limita a funcionarios y organizaciones locales. Una encuesta reciente de Reuters/Ipsos mostró que solo uno de cada tres estadounidenses aprueba el ritmo acelerado de construcción de centros de datos.

La misma encuesta indicó que la mayoría de los participantes se opondría a que se construyera un centro de datos en su propia comunidad. El resultado muestra una brecha entre el entusiasmo nacional por la IA y la aceptación de sus instalaciones físicas.

La inteligencia artificial suele presentarse como una tecnología basada en software y modelos digitales. Sin embargo, su funcionamiento depende de edificios, redes eléctricas, sistemas de refrigeración, agua y terrenos que se ubican dentro de comunidades concretas.

Ese contraste complica el debate público. Los beneficios potenciales de la IA pueden distribuirse entre usuarios y empresas de distintos lugares, mientras que los costos de infraestructura se concentran en las zonas donde se construyen los centros de datos.

Decenas de legislaturas estatales han presentado proyectos para contener los efectos de estas instalaciones sobre las facturas de energía y el medio ambiente. Nueva York es el primer estado en promulgar una moratoria completa.

La pausa podría convertirse en una referencia para otros gobiernos que estudian cómo responder al crecimiento de la demanda. También puede intensificar la discusión sobre exenciones fiscales, responsabilidad ambiental y participación de las comunidades en la aprobación de proyectos.

El caso de Nueva York muestra que la expansión de la IA enfrenta límites que no dependen únicamente de la capacidad informática. La disponibilidad de energía, agua y aceptación social será determinante para el ritmo con que avance la infraestructura.

El próximo escenario regulatorio

La elaboración de la GEIS será el siguiente paso central para la administración estatal. El documento deberá reunir elementos ambientales y operativos que permitan evaluar los centros de datos bajo criterios comunes.

El proceso también ofrecerá un espacio para revisar cómo se relacionan los proyectos con las redes eléctricas locales. La llegada de grandes cargas puede exigir inversiones adicionales y decisiones sobre quién debe cubrirlas.

La discusión legislativa seguirá abierta mientras Hochul trabaja con los representantes estatales. El proyecto aprobado el mes pasado todavía no había llegado a su escritorio, por lo que sus disposiciones finales aún no formaban parte de la moratoria anunciada.

La gobernadora también tendrá que definir el futuro de las exenciones fiscales sobre ventas para grandes centros de datos. Su intención de buscar una derogación añade una dimensión tributaria a la disputa sobre el crecimiento de la IA.

El resultado dependerá de cómo Nueva York equilibre la inversión tecnológica con la protección de los consumidores y los recursos naturales. La administración no ha señalado que quiera abandonar el sector, sino establecer condiciones antes de permitir nuevos proyectos.

La medida llega en un momento de fuerte competencia empresarial por la infraestructura de inteligencia artificial. La pausa de un año puede servir para medir con mayor precisión sus efectos, aunque también plantea interrogantes sobre la capacidad del estado para atraer nuevas inversiones.

Mientras otros estados observan el proceso, Nueva York asumió el papel de primer laboratorio regulatorio para los grandes centros de datos. Su decisión podría influir en el debate nacional sobre quién paga los costos del auge de la IA y cómo se protegen las comunidades anfitrionas.

Imagen de Unsplash.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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