Por Canuto  

Morgan Stanley dio un paso clave en su avance hacia los activos digitales: solicitó un estatuto de fideicomiso nacional en EE. UU. para crear una entidad de custodia cripto propia, con la que busca ofrecer servicios regulados de resguardo, trading, transferencias e incluso staking para clientes institucionales y de gestión patrimonial.
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  • Morgan Stanley solicitó un estatuto de fideicomiso nacional para custodiar criptomonedas y habilitar servicios vinculados en EE. UU.
  • La entidad propuesta se llamaría Morgan Stanley digital trust, national association y sería creada “desde cero”.
  • La petición se inserta en una carrera institucional por infraestructura cripto regulada, tras años de volatilidad y fallas en exchanges.

Morgan Stanley avanzó un paso más en su estrategia de activos digitales al solicitar un estatuto de fideicomiso nacional en Estados Unidos. Con esa autorización, la firma busca poder custodiar criptomonedas de clientes y prestar servicios relacionados bajo un marco regulado a nivel federal.

La solicitud figura en registros públicos ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y, según el documento, se presentó el 18 de febrero. El nombre propuesto para la nueva entidad es Morgan Stanley digital trust, national association, lo que anticipa una estructura separada de su banco tradicional.

El movimiento se enmarca en un impulso institucional más amplio por construir infraestructura de activos digitales con supervisión regulatoria. En los últimos años, la demanda de custodia y ejecución “de grado institucional” creció, especialmente después de episodios de alta volatilidad y colapsos notorios de plataformas del sector.

Qué implica la carta de fideicomiso nacional y por qué importa

Un estatuto de fideicomiso nacional permite realizar operaciones fiduciarias, como la custodia de activos y la prestación de servicios de administración y confianza. En la práctica, este tipo de licencia suele abrir puertas para atender a clientes que exigen estándares estrictos de resguardo, controles y auditoría.

La solicitud describe un banco “de novo”, es decir, una institución formada desde cero en lugar de adquirir una ya existente. Esa elección sugiere que Morgan Stanley quiere diseñar el vehículo regulatorio con capacidades específicas para activos digitales y procesos internos alineados a su arquitectura de cumplimiento.

Estos bancos fiduciarios ocupan un espacio más limitado que los bancos de servicio completo. Por lo general, no pueden aceptar depósitos ni otorgar préstamos, pero sí pueden especializarse en custodia y servicios asociados, un punto especialmente relevante cuando se trata de activos digitales que requieren controles operativos y tecnológicos particulares.

Si los reguladores aprueban la carta, Morgan Stanley podría mantener criptomonedas de clientes directamente. Eso reduciría la dependencia de custodios externos y reforzaría su propuesta de valor para inversionistas institucionales que buscan un proveedor más integral dentro del mismo grupo financiero.

Custodia, trading, transferencias y staking: los servicios que perfila la subsidiaria

De acuerdo con reportes citados por Bloomberg y Forbes, la subsidiaria planeada brindaría custodia para activos digitales seleccionados. Además, apoyaría la actividad de inversión mediante compras, ventas, intercambios y transferencias, funciones que acercan la oferta a un “stack” operativo más completo.

La solicitud también incluye planes para ofrecer servicios de staking. En términos sencillos, el staking es un mecanismo mediante el cual ciertos criptoactivos pueden participar en la validación de redes y, a cambio, generar recompensas, un servicio que ha ganado terreno entre plataformas orientadas a clientes institucionales.

La incorporación del staking en una entidad sujeta a supervisión federal refleja un cambio relevante en el mercado. Durante años, parte de la discusión regulatoria se centró en cómo encajar estos servicios dentro de marcos de protección al inversionista, gestión de riesgos y requerimientos operativos.

En conjunto, el paquete de custodia, ejecución y staking apunta a un objetivo: ofrecer infraestructura regulada para operar y mantener criptoactivos en Estados Unidos. Eso se vuelve especialmente atractivo para clientes de alto patrimonio y entidades que priorizan gobernanza, segregación de activos y continuidad operacional.

Una estrategia más amplia: gestión patrimonial y ETFs cripto

El pedido del estatuto no aparece aislado. Morgan Stanley ha expandido de forma constante su presencia en el sector, con señales tanto en su estructura interna como en productos orientados a mercados públicos.

En enero, el banco nombró a la ejecutiva de mercados de acciones Amy Oldenburg para liderar una nueva división de activos digitales. Ese ajuste organizacional sugiere que la firma busca coordinar esfuerzos entre mercados, producto, cumplimiento y tecnología para sostener una agenda cripto de largo plazo.

Además, ofertas de empleo citadas en el reporte indican que Morgan Stanley ha estado contratando especialistas adicionales en roles de estrategia y producto vinculados a servicios cripto. La contratación especializada suele anticipar lanzamientos, integraciones operativas y desarrollo de capacidades internas que no se resuelven solo con alianzas.

En paralelo, el banco de inversión también ha presentado solicitudes para lanzar fondos cotizados en bolsa (ETFs) al contado de Bitcoin y Solana, seguidos de un propuesto ETF de Ether con staking. Leídas en conjunto, estas iniciativas apuntan a integrar activos digitales dentro del menú tradicional de gestión patrimonial.

La carrera por supervisión federal: el contexto de la OCC y otras solicitudes

La solicitud de Morgan Stanley se da en un contexto de mayor interés por obtener supervisión federal para operaciones ligadas a activos digitales. En particular, varias firmas han buscado estructuras que les permitan operar servicios clave bajo un paraguas regulatorio claro, algo que los clientes institucionales suelen exigir.

El reporte también menciona que empresas de pagos y plataformas de trading, entre ellas Bridge (propiedad de Stripe) y Crypto.com, han buscado aprobaciones similares. Esa competencia refleja un mercado donde la custodia y la infraestructura regulada se han convertido en un diferenciador estratégico.

La presión de la demanda institucional se ha intensificado tras años de volatilidad del mercado y fallas de intercambio de alto perfil. Para muchos participantes, la robustez del custodio y la claridad de su estatus regulatorio influyen tanto como el precio del activo o la liquidez de un mercado.

En ese marco, contar con una entidad propia y regulada puede mejorar el control sobre riesgos operativos, procesos de liquidación y gobierno corporativo. También puede facilitar la expansión de productos, especialmente cuando se busca ofrecerlos desde una misma marca con procesos estandarizados.

Qué ha aprobado la OCC y por qué el modelo fiduciario gana espacio

En diciembre, la OCC aprobó estatutos de banco fiduciario nacional para varias firmas de cripto y activos digitales, incluidas BitGo, Fidelity digital assets, Circle, Ripple y Paxos. Esa lista muestra que el regulador ha venido habilitando estructuras específicas para custodia y servicios vinculados, sin convertirlas necesariamente en bancos de servicio completo.

Este modelo puede ser atractivo, por ejemplo, para emisores de stablecoins que buscan custodiar activos y ejecutar servicios de conversión y liquidación sin depender por completo de terceros. Aunque el artículo no detalla alcances técnicos, la lógica se relaciona con control de reservas, operaciones y cumplimiento.

El texto también menciona que World liberty financial solicitó a inicios de este año un estatuto bancario nacional de EE. UU. en un contexto donde las stablecoins migran de una herramienta de trading hacia infraestructura de pagos. Esa transición ha elevado el interés por licencias y marcos de supervisión.

Para Morgan Stanley, la aprobación del estatuto podría significar un salto hacia una oferta de servicio completo para inversionistas institucionales en cripto, al menos dentro del alcance que permite una carta fiduciaria. El resultado final dependerá de la revisión regulatoria y de cómo la entidad defina qué activos soporta y bajo qué condiciones operativas.


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