Por Canuto  

Monterey Park quedó a un paso de convertirse en la primera ciudad de Estados Unidos en prohibir permanentemente los centros de datos mediante voto popular, en una señal del creciente rechazo local a la infraestructura que impulsa el auge de la inteligencia artificial.
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  • Resultados preliminares mostraban que el 86,3% de más de 7.000 votos apoyaban prohibir los centros de datos en toda la ciudad.
  • La medida surge tras una moratoria indefinida aprobada en abril y la oposición vecinal a un proyecto de casi 250.000 pies cuadrados.
  • El caso refleja una reacción nacional contra instalaciones ligadas a la IA por sus posibles impactos en agua, electricidad, aire y salud pública.

Monterey Park, una ciudad ubicada en la región de Los Ángeles, quedó a las puertas de un hito político en Estados Unidos tras una votación que, de confirmarse, establecerá la primera prohibición permanente de centros de datos aprobada directamente por los electores. Los resultados preliminares del martes mostraban un respaldo abrumador a la medida.

Con el 86,3% de más de 7.000 votos contados hasta las 2:00 a. m. hora del Pacífico, la iniciativa superaba con amplio margen el umbral necesario para imponerse. La regla requería mayoría simple, es decir, al menos el 51% de apoyo.

Más allá del resultado local, el caso de Monterey Park concentra varias tensiones del momento. Entre ellas destacan el rápido crecimiento de la infraestructura vinculada a la inteligencia artificial, las preocupaciones ambientales asociadas a los centros de datos y la resistencia comunitaria ante proyectos que muchos residentes consideran invasivos.

Según informó The Guardian, aunque otras ciudades y condados en Estados Unidos ya han aprobado moratorias temporales o indefinidas, Monterey Park sería el primer lugar en concretar una prohibición de este tipo mediante una iniciativa sometida al voto ciudadano.

Un rechazo contundente con peso político y legal

Jose Sanchez, integrante del concejo municipal, calificó el resultado preliminar como una “victoria abrumadora” para los residentes que no quieren vivir cerca de centros de datos. A su juicio, el mensaje de las urnas fue inequívoco.

“Esto muestra inequívocamente que los residentes de Monterey Park no quieren centros de datos en su comunidad”, dijo Sanchez. También expresó su deseo de que otras comunidades tomen este antecedente como inspiración para impedir que estas instalaciones “invadan su patio trasero”.

El concejo municipal ya había aprobado en abril una moratoria indefinida sobre los centros de datos. Esa decisión se produjo tras un aumento del descontento vecinal frente a HMC StratCap, firma de inversión que impulsaba un proyecto en la ciudad.

Ese desarrollo, que posteriormente fue retirado por sus promotores, habría cubierto casi 250.000 pies cuadrados. Los residentes manifestaron inquietud por posibles efectos ambientales negativos, por el alza de los servicios públicos y por la cercanía de la instalación a zonas residenciales.

Sanchez sostuvo que llevar el tema a una boleta electoral respondía también a una lógica de protección jurídica. Explicó que el objetivo era hacer la prohibición “mucho más permanente” y darle mayor peso ante eventuales disputas en los tribunales.

La preocupación no era abstracta. HMC StratCap había amenazado con demandar por una posible extensión de la moratoria y por la propia medida electoral, aunque después indicó que no buscaría acciones legales.

La iniciativa consultaba a los votantes sobre una prohibición “en toda la ciudad” para proteger la calidad del aire, los recursos de agua potable y la salud pública, además de prevenir impactos en las tarifas de electricidad y agua. La norma permanecerá vigente “hasta que sea finalizada por los votantes”.

La empresa cuestionó con anterioridad el lenguaje de la propuesta. En una carta dirigida al concejo municipal el 4 de marzo, HMC StratCap afirmó que la proposición estaba redactada de forma que sesgaría a los votantes a favor de la medida.

Una campaña local acelerada y multilingüe

El empuje ciudadano detrás de la prohibición tuvo un componente organizativo intenso. Amy J Wong, cofundadora de San Gabriel Valley Progressive Action y aliada clave del grupo No Data Center en Monterey Park, dijo que el concejo municipal tomó en serio las preocupaciones de la comunidad.

Wong señaló que esa receptividad no es habitual en muchos ayuntamientos. También dijo que la presión de base fue útil para que los funcionarios entendieran el costo político de avanzar con el proyecto pese al rechazo vecinal.

“Reconocieron que muchos residentes están enojados, y, si avanzan con el centro de datos, podrían ser votados fuera”, afirmó. Esa percepción habría ayudado a alinear la acción del concejo con el sentir de buena parte de la ciudad.

La campaña, sin embargo, se desarrolló contrarreloj. Wong explicó que una iniciativa electoral de este tipo suele contar con varios meses de preparación, pero en este caso los organizadores dispusieron de apenas dos meses.

En ese lapso, imprimieron 10.000 volantes y enviaron correspondencia en inglés, chino y español. El esfuerzo se centró no solo en convencer, sino también en aclarar cómo debía emitirse el voto para apoyar la prohibición.

De acuerdo con Wong, muchos vecinos ya eran escépticos frente a los centros de datos y veían la prohibición como una decisión obvia. Aun así, persistía confusión sobre si votar “sí” o “no” equivalía a respaldar el veto.

“Tuvimos que educar a algunas personas que pensaban que apoyar una prohibición significaba que tenían que votar ‘no’”, explicó. Horas antes del cierre de las urnas, dijo sentirse bastante confiada sobre el desenlace.

El tema incluso alcanzó a los más jóvenes. Sanchez, exalcalde de la ciudad y actual profesor de educación cívica en una escuela secundaria, comentó que sus estudiantes le preguntan con frecuencia sobre los centros de datos. También, dijo, recibe opiniones de su hija de nueve años, aunque aún no pueda votar.

Un precedente en un debate nacional sobre IA, agua y energía

La votación en Monterey Park ocurre en medio de una reacción cada vez más visible contra la expansión de instalaciones que sostienen el auge de la inteligencia artificial. En muchas comunidades, los centros de datos son vistos como símbolos del crecimiento tecnológico, pero también como focos de presión sobre recursos básicos.

Las críticas suelen concentrarse en el consumo de agua, la demanda eléctrica, el impacto sobre la calidad del aire y el riesgo de que la infraestructura se ubique demasiado cerca de viviendas. En este contexto, las campañas locales han pasado de la protesta a la presión política organizada.

Siete de cada diez estadounidenses se oponen a la construcción de centros de datos de IA en sus zonas locales, según una nueva encuesta de Gallup citada en el reporte. Ese dato ayuda a dimensionar por qué este tipo de conflictos se ha extendido con rapidez.

En distintas partes del país ya existen esfuerzos regulatorios similares, aunque no idénticos. En Port Washington, Wisconsin, los votantes aprobaron una medida que obliga a los funcionarios locales a conseguir aprobación electoral antes de ofrecer incentivos fiscales a desarrolladores de centros de datos.

En agosto, los residentes del municipio de Augusta, en Michigan, votarán en un referéndum enfocado en la rezonificación de 500 acres de tierra para un centro de datos propuesto. En noviembre, Janesville, Wisconsin, prevé votar una medida que exigiría aprobación de los electores antes de validar cualquier proyecto de más de USD $450 millones.

La Data Center Coalition, una asociación comercial que sigue el desarrollo de estas instalaciones en todo el país, indicó que no tiene conocimiento de otras medidas de votación sobre centros de datos aprobadas más allá de los casos de Monterey Park y Port Washington. Sanchez dijo tampoco conocer otros antecedentes.

La organización empresarial se opone a la iniciativa californiana. Khara Boender, directora de política estatal de la agrupación, afirmó que la medida transmite una “señal de que el área está cerrada para negocios”.

Boender argumentó que una prohibición privaría a los residentes de la posibilidad de competir por empleos e inversiones. También sostuvo que el área renunciaría a inversiones económicas sustanciales de largo plazo, a empleos bien remunerados y a ingresos fiscales críticos que podrían desplazarse a localidades vecinas o a otros estados.

Moratorias, elecciones y el pulso regulatorio en Estados Unidos

El conflicto de Monterey Park no está aislado del clima político nacional. A medida que la oposición ciudadana gana visibilidad, las comunidades piden a sus autoridades locales que aprueben ordenanzas protectoras y bloqueen proyectos antes de que queden encaminados.

En varios casos, los residentes consideran que los desarrolladores actúan con demasiada rapidez y sin suficiente consulta pública. Esa percepción ha impulsado llamados a establecer moratorias estatales mientras se debaten reglas más estrictas.

Al menos una docena de estados están considerando moratorias en la actual sesión legislativa, aunque ninguna ha sido convertida en ley hasta ahora. El tema también se ha colado en algunas campañas para gobernaciones estatales.

En Pennsylvania y Georgia, aspirantes que desafían a los gobernadores en funciones han adoptado posiciones más duras sobre la regulación de la IA al proponer prohibiciones temporales. La discusión, por tanto, ya no se limita a planeación urbana o uso de suelo.

California, por ahora, no evalúa una moratoria estatal sobre centros de datos. Además, el candidato demócrata a la gobernación Tom Steyer se ha distanciado de su respaldo anterior a una medida de ese tipo.

Dentro del propio estado ya existen otras ciudades que han aprobado vetos temporales. Entre ellas figuran El Monte, Baldwin Park y Montebello, lo que muestra que la presión local contra esta infraestructura se está consolidando en distintos municipios.

Si los resultados finales ratifican el conteo preliminar, Monterey Park no solo habrá frenado un proyecto concreto. También habrá creado un precedente nacional sobre cómo una comunidad puede usar el voto directo para blindarse frente al crecimiento de la infraestructura tecnológica asociada a la IA.


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