Por Canuto  

Según informó CryptoBriefing, un magistrado federal ordenó a Meta identificar a quienes habrían decidido obtener por torrents libros de Anna’s Archive y LibGen para entrenar sus modelos de IA. La medida, según el reporte, desplaza el foco desde los empleados que ejecutaron las descargas hacia la cadena de supervisión y las posibles responsabilidades sobre la distribución de archivos.
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  • Según el reporte sobre la orden, Meta debe identificar a quienes habrían decidido las descargas y aportar información sobre conversaciones relacionadas con el seeding de archivos de LibGen.
  • Las alegaciones citadas en el caso sostienen que Meta habría descargado más de 81 TB de Anna’s Archive y decenas de terabytes adicionales de LibGen entre 2022 y 2024.
  • Las demandas de autores y de Entrepreneur Media cuestionan la adquisición de los libros; una resolución sobre el entrenamiento de Llama no determina por sí sola si hubo infracción al obtener o compartir los archivos.

 

La orden pone la cadena de mando bajo la lupa

Según informó CryptoBriefing, un magistrado federal de California ordenó a Meta Platforms identificar a las personas que habrían participado en la decisión de obtener libros mediante BitTorrent desde Anna’s Archive y Library Genesis, conocida como LibGen. El reporte sitúa la resolución el 20 de octubre de 2026 y señala que amplía el foco de las demandas: ya no se limitaría a los empleados que ejecutaron las descargas, sino que buscaría esclarecer quiénes las autorizaron o respaldaron desde niveles de supervisión y dirección.

El reporte atribuye la orden al magistrado Thomas Hixson y la ubica en el proceso de descubrimiento de pruebas, la etapa en la que las partes solicitan información relevante para sus litigios. Según la misma información, la medida también incluye comunicaciones sobre el seeding de archivos, en particular las vinculadas con la colección Scimag de LibGen. En las redes de torrents, ese término describe la carga de fragmentos de un archivo a otros usuarios mientras se descarga.

La diferencia entre descargar un archivo y compartirlo adquiere relevancia jurídica en este caso. Un usuario que hace seeding no solo recibe copias, sino que también puede contribuir a distribuirlas a otros participantes de la red. Los demandantes sostienen que ese comportamiento podría constituir una infracción adicional. La orden reportada no determina por sí misma que Meta haya infringido derechos de autor; según la descripción de CryptoBriefing, exige identificar a quienes tomaron decisiones y aportar información sobre las conversaciones pertinentes.

El requerimiento, de acuerdo con la información del litigio citada en el reporte, sigue al testimonio de empleados de Meta que estuvieron a cargo de las descargas por torrents. Según esos testimonios, supervisores, gerentes y ejecutivos aprobaron la actividad, aunque la empresa habría presentado algunas decisiones como resultado de un consenso entre integrantes del equipo y no como una autorización formal de la alta dirección. La identificación de esas personas permitiría a los demandantes contrastar las declaraciones de los trabajadores con documentos y comunicaciones internas.

Las explicaciones de Meta y el alcance de las descargas

Según el reporte, Meta sostuvo que empleados de nivel inferior realizaron las descargas y que no encontró documentación que registrara aprobaciones formales para llevarlas a cabo. La empresa ya habría identificado a algunos trabajadores relacionados con los datos utilizados en el proyecto, pero esa información no respondería necesariamente a la pregunta central de los demandantes: quién decidió recurrir a bibliotecas sombra para obtener los libros y qué nivel de supervisión recibió la iniciativa.

La compañía también habría planteado que las decisiones surgieron de un acuerdo colectivo del equipo, en lugar de una autorización explícita de sus altos cargos. Sin embargo, los testimonios citados en el litigio atribuyen la aprobación a supervisores, gerentes y ejecutivos, y la información reportada señala que dentro de Meta existían reservas sobre la legalidad de la práctica. La orden buscaría precisar esos puntos, pero no establece por sí sola qué sabía cada persona ni si alguien autorizó deliberadamente una infracción.

La disputa de descubrimiento tendría antecedentes recientes: según la información citada por CryptoBriefing, en septiembre de 2026 otra orden exigió a Meta entregar historiales de comandos de los servidores utilizados para las descargas por torrents. Ese tipo de registro puede ayudar a reconstruir las acciones ejecutadas en los equipos y servidores, mientras que la nueva exigencia apuntaría a identificar a las personas y decisiones detrás de ellas. Ambas medidas formarían parte de la recopilación de pruebas y no equivaldrían a una sentencia sobre responsabilidad.

La escala descrita en las demandas también explica por qué la adquisición de los archivos ocupa un lugar central. Según las alegaciones citadas en la información del caso, Meta habría descargado más de 81 TB de Anna’s Archive, además de decenas de terabytes adicionales de LibGen, durante el período comprendido entre 2022 y 2024. Las cifras se refieren a las descargas denunciadas en el litigio y no prueban, por sí solas, que cada archivo estuviera protegido o que se hubiera usado de una forma jurídicamente ilícita.

Dos litigios separan el entrenamiento de la obtención de libros

La información de CryptoBriefing vincula la orden con dos casos ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California. Uno es Kadrey v. Meta, una demanda colectiva presentada por autores de libros, entre ellos Richard Kadrey, junto con la comediante Sarah Silverman; el otro es una acción separada de la editorial Entrepreneur Media. Ambas controversias examinan la forma en que Meta reunió materiales para entrenar sus modelos de lenguaje Llama.

La disputa tiene dos aspectos que conviene distinguir: el uso de obras para entrenar un modelo y la manera en que se consiguieron los archivos originales. En Kadrey v. Meta, una resolución judicial abordó el uso de las obras para el entrenamiento y consideró que podía calificarse como uso legítimo, o fair use, según la información disponible sobre el caso. Esa conclusión no resuelve automáticamente si descargar libros desde bibliotecas sombra o compartirlos durante el seeding infringió derechos de autor.

Los demandantes sostienen que la descarga puede constituir infracción dolosa, es decir, una violación que, según su planteamiento, se habría cometido con conocimiento de los derechos involucrados. También alegan infracción contributiva, una teoría que atribuye responsabilidad a quien ayuda a que otros infrinjan derechos, y vinculan ese argumento con la posible distribución de fragmentos mediante seeding. Esos planteamientos son alegaciones de las partes y deberán evaluarse a partir de las pruebas y los argumentos presentados ante el tribunal.

Por eso, la petición de nombres puede tener consecuencias estratégicas sin anticipar el resultado final de los casos. Si las comunicaciones muestran quién decidió descargar los libros, qué advertencias recibió y cómo se gestionó el seeding, los demandantes podrán apoyar con mayor precisión sus argumentos sobre conocimiento e intención. A la vez, identificar a los responsables no demuestra automáticamente que Meta actuara de forma ilícita: el tribunal tendrá que valorar las pruebas, las defensas de la empresa y las normas aplicables.

Lo que queda por aclarar en el proceso

La orden descrita en el reporte centra la atención en una pregunta concreta: quién decidió utilizar BitTorrent para obtener las colecciones de Anna’s Archive y LibGen, y quién participó en las conversaciones sobre la distribución de archivos. La respuesta podría aclarar si la iniciativa nació y se mantuvo en un equipo operativo o si contó con intervención de niveles superiores. Por ahora, la información citada no identifica a las personas que Meta debería nombrar ni anticipa qué documentos respaldarían su respuesta.

También queda por establecer qué ocurrió con la colección Scimag de LibGen durante el seeding. Si los usuarios compartieron fragmentos mientras descargaban los archivos, ese dato podría respaldar la teoría de que hubo redistribución y no solo una copia obtenida para uso interno, aunque la existencia y el alcance de esa conducta deben probarse en el litigio. La orden, según el reporte, solicita información sobre las discusiones relacionadas con esa actividad, pero no confirma que todas las descargas incluyeran seeding.

Para Meta, el proceso obligaría a explicar cómo se tomaron decisiones en torno a materiales utilizados para desarrollar Llama, y no únicamente cómo trabajaron los empleados que operaron los servidores. Para los demandantes, los nombres y las comunicaciones internas podrían ayudar a sustentar sus alegaciones de conocimiento e infracción, especialmente si encuentran advertencias previas sobre la legalidad de la práctica. Ninguno de esos posibles efectos sustituye la decisión judicial sobre los hechos y las responsabilidades.

En adelante, el litigio deberá separar con cuidado la legalidad del entrenamiento de modelos, la obtención inicial de los libros y cualquier redistribución que haya ocurrido durante las descargas. Las decisiones sobre uso legítimo se refieren al entrenamiento, mientras que la orden descrita por CryptoBriefing se concentraría en la cadena de mando y en el comportamiento asociado a BitTorrent. Esa distinción mantiene abierta la controversia sobre cómo Meta consiguió los materiales, incluso mientras las partes discuten qué protección legal puede tener su uso para entrenar inteligencia artificial.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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