Por Canuto  

Los embajadores de la Unión Europea acordaron retirar a Alisher Usmanov y Mijaíl Fridman de la lista de sancionados por la guerra en Ucrania, mientras preparan una renovación mucho más extensa de las medidas contra Rusia.
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  • Los gobiernos de la Unión Europea tienen pocas horas para oponerse al acuerdo antes de que avance.
  • Francia y Eslovaquia presionaron por la salida de Alisher Usmanov, mientras Luxemburgo pidió retirar a Mijaíl Fridman.
  • El paquete mantendría las sanciones contra miles de personas y entidades rusas durante tres años.

Un acuerdo todavía sujeto a objeciones

Los enviados de los 27 países de la Unión Europea acordaron el lunes retirar a Alisher Usmanov y Mijaíl Fridman de la lista de sancionados por la guerra de Rusia en Ucrania. La decisión aún quedaba condicionada a que ningún gobierno del bloque presentara una objeción durante las horas siguientes, por lo que el entendimiento diplomático no equivalía todavía a una ejecución definitiva de la medida.

El acuerdo forma parte de un paquete más amplio destinado a renovar las sanciones contra miles de personas y entidades rusas. Según diplomáticos europeos citados por Reuters, la prórroga propuesta alcanzaría tres años, un plazo considerablemente superior a los períodos habituales de seis o 12 meses que suelen utilizarse para mantener este tipo de restricciones.

La posibilidad de retirar a ambos empresarios generó sorpresa e indignación entre algunos países de la Unión Europea, debido a que las medidas fueron adoptadas en 2022 como respuesta a la invasión rusa de Ucrania. El paquete, por tanto, combina una extensión excepcionalmente prolongada de las sanciones generales con la exclusión de dos figuras empresariales incluidas originalmente en el régimen de restricciones.

Las sanciones europeas implican una prohibición de viajar al bloque y la congelación de los activos mantenidos dentro de la Unión Europea. La eventual salida de Usmanov y Fridman de esa lista cambiaría directamente el alcance de esas limitaciones, aunque la información disponible no indica que el acuerdo permita recuperar de inmediato todos los bienes o derechos afectados por otras medidas legales.

Las presiones detrás de la retirada

Francia se sumó este mes a Eslovaquia para presionar por la eliminación de Usmanov de la lista, una iniciativa que tomó por sorpresa a varios gobiernos europeos. Luxemburgo exigió posteriormente la salida de Fridman, según los diplomáticos consultados, lo que vinculó el destino de ambos empresarios dentro de una misma negociación política.

Francia habría pedido levantar las sanciones contra Usmanov después de recibir, según su propia explicación, presiones de Azerbaiyán. Tres diplomáticos europeos dijeron previamente a Reuters que esas presiones estaban relacionadas con la detención de al menos dos ciudadanos franceses en territorio azerí, aunque un diplomático azerí de alto nivel rechazó el viernes esas afirmaciones.

El Gobierno francés no ha confirmado públicamente que haya presionado para eliminar las restricciones contra Usmanov. Esa falta de confirmación mantiene la explicación diplomática en el terreno de las versiones atribuidas por funcionarios europeos, mientras el posible levantamiento sigue dependiendo de que ningún Estado miembro bloquee el consenso alcanzado por los embajadores.

La Unión Europea sancionó a Usmanov y Fridman en 2022. En el caso del empresario ruso-uzbeko, el bloque lo describió como una persona con vínculos particularmente cercanos con el presidente ruso Vladímir Putin, una caracterización que ayuda a explicar por qué su eventual salida de la lista provocó resistencia entre algunos gobiernos.

El caso de Fridman y la renovación de tres años

Fridman mantiene además una disputa financiera con Luxemburgo por USD $16.000 millones, un caso que llegó a arbitraje. De acuerdo con diplomáticos europeos, Luxemburgo sostuvo que su argumento para conservar las sanciones contra el empresario podía debilitarse si Usmanov era retirado de manera individual, porque una diferencia de trato entre ambos casos podía generar un precedente político y jurídico incómodo.

La posición de Luxemburgo muestra que la decisión no depende únicamente de la evaluación de los vínculos de cada empresario con Rusia. También intervienen litigios, consideraciones de reciprocidad y la preocupación de algunos gobiernos por la coherencia del sistema europeo de sanciones, especialmente cuando las autoridades deben justificar por qué una persona permanece en la lista y otra sale de ella.

El plazo de tres años propuesto para renovar las sanciones contra miles de objetivos rusos también tiene una dimensión política. Una extensión tan larga reduciría la frecuencia de las revisiones formales y ofrecería mayor previsibilidad a la política europea, pero al mismo tiempo limitaría la posibilidad de ajustar rápidamente la lista si cambian las circunstancias diplomáticas o la valoración de cada caso.

Por ahora, los diplomáticos describieron un acuerdo entre los embajadores, no una resolución final libre de objeciones. El siguiente paso inmediato consiste en comprobar si algún gobierno de la Unión Europea utiliza las horas disponibles para oponerse, mientras el bloque intenta preservar las sanciones generales contra Rusia y resolver la controvertida salida de Usmanov y Fridman.

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