Por Canuto  

OFAC anunció sanciones contra 45 objetivos que, según el Tesoro estadounidense, apoyan presuntas operaciones de estafa vinculadas al Prince Group, con sede en Camboya. La medida también incluye el caso de un ciudadano malasio acusado de dirigir desde Madagascar una red de estafas con NFT falsos que habría defraudado a estadounidenses.
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  • La OFAC sancionó a cuatro individuos y 41 entidades vinculados, según el Tesoro, a la red del Prince Group.
  • Las entidades señaladas están distribuidas entre las Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Camboya, Singapur, Mauricio y Malasia.
  • En un caso paralelo, Chui Kok Wa fue sancionado por una presunta red de NFT falsos en Madagascar; el Tesoro habla de más de USD $400.000 en activos digitales.

La nueva acción de OFAC suma cuatro individuos y 41 entidades a la lista de objetivos vinculados a presuntas estafas con criptomonedas del Prince Group. El Tesoro estadounidense también sancionó a Chui Kok Wa, un ciudadano malasio acusado de dirigir desde Madagascar una red de estafas con NFT falsos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro de Estados Unidos, anunció el 5 de noviembre de 2026 la sanción contra 45 objetivos que, según la autoridad, respaldan presuntas operaciones del grupo con base en Camboya. La medida se dirige a personas y empresas repartidas por varias jurisdicciones, con el objetivo declarado de interrumpir redes de lavado de dinero y limitar su acceso al sistema financiero.

La acción es la tercera gran ronda estadounidense dirigida a actores relacionados con el Prince Group, después de medidas adoptadas en octubre de 2025 y junio de 2026. En una acción paralela, las autoridades estadounidenses también señalaron a Chui Kok Wa por un presunto esquema de fraude con NFT. Los detalles sobre víctimas y montos atribuidos a ese caso varían entre las descripciones del Tesoro y el Departamento de Justicia.

Una nueva ronda contra una red transnacional

La lista anunciada por OFAC incluye a cuatro individuos: Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing y Visal Pang. El Tesoro los vincula con las presuntas operaciones de estafa del Prince Group, una organización que Washington trata como una estructura criminal transnacional. La designación amplía el conjunto de actores que las autoridades estadounidenses asocian con esa red, aunque la información disponible no detalla el papel individual que habría desempeñado cada uno.

Los otros 41 objetivos son entidades registradas o ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Camboya, Singapur, Mauricio y Malasia. Esa distribución geográfica muestra el alcance internacional de las empresas que OFAC relaciona con la red, pero no permite concluir que todas hayan realizado las mismas actividades o cumplido idénticas funciones. La autoridad presenta la medida como un esfuerzo para obstaculizar las redes de lavado que sostendrían las estafas.

Las designaciones también tienen relevancia para las entidades financieras que deben revisar sus relaciones y transacciones frente a las listas de sanciones. Exchanges, custodios y empresas de pagos podrían tener que comprobar si mantienen vínculos con los nombres incluidos, además de atender al caso separado de Chui Kok Wa. Esa revisión puede ser especialmente relevante para compañías con exposición a las jurisdicciones mencionadas, aunque la noticia no identifica firmas concretas afectadas.

El Tesoro busca reducir el acceso de los señalados al sistema financiero y complicar el movimiento de fondos presuntamente ilícitos. En ese sentido, las sanciones no se limitan a señalar a individuos: alcanzan también a vehículos corporativos distribuidos en centros financieros y jurisdicciones offshore. La información publicada no especifica qué activos, cuentas o transacciones quedaron bloqueados por cada designación, por lo que el alcance práctico debe leerse dentro de los límites de los datos difundidos.

Fraude digital y explotación en complejos del Sudeste Asiático

El Tesoro acusa al Prince Group de generar miles de millones de dólares en fondos ilícitos mediante fraudes facilitados por medios digitales. Entre los esquemas que menciona figuran las falsas inversiones en activos digitales y las estafas románticas, dos modalidades que se apoyan en la confianza de las víctimas para inducirlas a entregar dinero o criptomonedas. Se trata de alegaciones atribuidas a las autoridades, no de una descripción que permita adjudicar cada fraude a una persona sancionada en particular.

Según la descripción del Tesoro, algunas operaciones funcionarían desde complejos en el Sudeste Asiático vinculados a la trata de personas. El Departamento de Justicia también ha descrito complejos de estafas en Camboya en los que personas retenidas contra su voluntad habrían participado en fraudes de inversión en criptomonedas, conocidos como “pig butchering”. Estas alegaciones amplían el daño potencial más allá de las pérdidas económicas, aunque la información disponible no precisa cuántas personas estarían en esa situación ni ofrece detalles sobre casos individuales.

Las estafas de inversión pueden presentar plataformas o propuestas digitales como oportunidades legítimas, mientras que los fraudes románticos explotan relaciones construidas para ganar credibilidad antes de solicitar fondos. El artículo fuente incluye ambas modalidades entre las presuntas actividades atribuidas al grupo, pero no aporta datos sobre el número de víctimas ni sobre el monto total de pérdidas asociado a cada esquema. Por eso, las cifras generales del caso no deben confundirse con un balance desglosado de cada tipo de fraude.

La presencia de empresas en varias jurisdicciones y el uso de activos digitales plantean un desafío para seguir el rastro de fondos, según el propósito que el Tesoro atribuye a la medida. No obstante, la información publicada no identifica protocolos, tokens, exchanges o rutas concretas de transferencia empleados por la red. Mantener esa distinción es importante: la sanción se dirige a personas y entidades señaladas por OFAC, pero no equivale a afirmar que las criptomonedas en general estén asociadas con esas actividades.

El caso de NFT falsos atribuido a Chui Kok Wa

En una acción paralela, OFAC sancionó a Chui Kok Wa, ciudadano malasio a quien el Tesoro acusa de dirigir desde Madagascar una red que habría defraudado a estadounidenses por más de USD $400.000 en activos digitales. La autoridad relaciona el caso con falsas inversiones en NFT: a las víctimas se les habrían ofrecido coleccionables digitales que, en lugar de representar una oportunidad legítima, servirían para vaciar sus billeteras.

El Departamento de Justicia describió cargos relacionados con alrededor de USD $516.695 presuntamente sustraídos de 74 billeteras de criptomonedas pertenecientes a unas 800 víctimas mediante esquemas de NFT falsos. Esa cifra no coincide con los más de USD $400.000 mencionados por el Tesoro, y las agencias presentan el caso desde perspectivas distintas. Por ello, los montos deben conservarse atribuidos a cada organismo y no tratarse como cifras idénticas.

El mecanismo descrito se apoya en la promesa de que un coleccionable digital puede tener valor, mientras la víctima carece de medios suficientes para verificar la oferta concreta. Ese planteamiento no convierte a los NFT como categoría en una estafa, pero ilustra cómo los delincuentes pueden aprovechar la familiaridad limitada con un producto o su popularidad para dar credibilidad a una propuesta engañosa. La noticia no precisa qué colecciones o plataformas se habrían utilizado en este caso.

La inclusión de Madagascar en el relato también separa geográficamente este episodio de la red del Prince Group, cuya base se sitúa en Camboya. Aunque la cobertura presenta el caso de Chui como parte de la misma jornada de acciones de OFAC, no afirma que su red operara bajo la dirección del Prince Group. Mantener clara esa diferencia evita fusionar dos asuntos que la noticia describe por separado: las sanciones contra 45 objetivos y el caso individual del ciudadano malasio.

Qué implica para las empresas cripto y qué se sabe

Para exchanges, custodios y compañías de pagos, una nueva designación puede implicar revisar nombres y posibles conexiones con las personas y entidades sancionadas, de acuerdo con las obligaciones aplicables a cada empresa. La fuente señala que las compañías con exposición a Hong Kong, Singapur, Malasia y centros offshore como las Islas Vírgenes Británicas y Mauricio podrían sentir el impacto con mayor intensidad. Esa observación apunta a una carga de cumplimiento, no a que todas las firmas de esas jurisdicciones mantengan vínculos con las actividades investigadas.

El trabajo de revisión requiere distinguir entre una coincidencia nominal y una relación que amerite medidas conforme a las obligaciones aplicables a cada compañía. La noticia no detalla procedimientos técnicos, plazos de reporte ni instrucciones específicas dirigidas a los proveedores de servicios financieros. Por tanto, no corresponde presentar la sanción como una orden concreta para una empresa determinada, sino como una ampliación de los nombres que las entidades sujetas a controles deben considerar.

La tercera ronda contra actores relacionados con el Prince Group indica que las autoridades estadounidenses continúan ampliando el conjunto de personas y empresas bajo escrutinio. Las rondas anteriores, según la noticia, ocurrieron en octubre de 2025 y junio de 2026; la más reciente llegó el 5 de noviembre de 2026. El dato ofrece una secuencia de acciones, pero no demuestra por sí mismo que las medidas anteriores hayan detenido las presuntas operaciones.

Por ahora, los elementos centrales de la noticia son las 45 designaciones ligadas por OFAC al Prince Group, las acusaciones sobre fraudes y lavado, y la sanción separada contra Chui Kok Wa por presuntos fraudes con NFT falsos. El Tesoro declara que busca interrumpir el acceso al sistema financiero de las redes implicadas, mientras el caso malasio exhibe las diferencias entre los montos publicados por dos agencias. La información disponible no permite anticipar nuevas sanciones ni cuantificar el efecto financiero de esta ronda.


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