Por Canuto  

La Agencia de Protección Ambiental analiza un cambio que podría dar a los estados más control sobre la participación pública en permisos para fuentes menores de contaminación, justo cuando las empresas de IA aceleran la construcción de centros de datos.
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  • La propuesta permitiría que los estados definan cómo, cuándo y durante cuánto tiempo participa el público en ciertos permisos de contaminación.
  • Plantas de gas y generadores diésel usados para alimentar centros de datos pueden tramitar permisos considerados menores.
  • Organizaciones ambientales advierten que algunas comunidades podrían enterarse tarde o no recibir aviso sobre nuevos proyectos.

La EPA estudia cambiar las reglas de participación

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, conocida como EPA, realizó el miércoles una audiencia pública sobre un cambio regulatorio que podría modificar la forma en que los ciudadanos participan en ciertos permisos de contaminación del aire.

La propuesta entregaría a los estados la autoridad para decidir cómo, cuándo y durante cuánto tiempo ofrecer oportunidades de participación pública en proyectos considerados fuentes menores de contaminación.

Según Ars Technica, el cambio llega mientras las empresas de inteligencia artificial buscan construir más centros de datos y las comunidades utilizan los procesos de permisos para intentar frenar o ralentizar esos desarrollos.

La EPA sostiene que la modificación no alteraría los estándares de emisiones. Un portavoz de la agencia afirmó que los reguladores estatales y locales conocen mejor los problemas de cada territorio y deberían definir el alcance de la participación ciudadana.

El debate tiene consecuencias directas para los vecinos de instalaciones industriales. Cualquier ajuste podría determinar si las personas reciben información sobre nuevos proyectos contaminantes y si tienen una oportunidad real de presentar objeciones.

Qué diferencia existe entre un permiso mayor y uno menor

La Ley de Aire Limpio exige que las instalaciones que liberan contaminación obtengan permisos antes de operar. El sistema distingue entre fuentes importantes y fuentes menores, de acuerdo con los umbrales establecidos para determinados contaminantes.

Las fuentes importantes reciben una revisión de reguladores federales y estatales. Además, enfrentan requisitos extensos antes y después de la construcción, junto con varias etapas de participación pública.

El Congreso estableció que los permisos para fuentes importantes deben incluir distintos mecanismos de intervención ciudadana, entre ellos una audiencia pública. La EPA también exige cierta participación para las fuentes menores, aunque el proceso resulta menos amplio.

El universo de fuentes menores abarca actividades muy distintas. Puede incluir tintorerías, talleres de carrocería, motores diésel y motores de gas, además de equipos utilizados para generar electricidad.

La clasificación cobra importancia porque los operadores de centros de datos recurren cada vez más a plantas de gas y generadores privados detrás del medidor. Empresas como xAI y Meta han utilizado procesos de permisos menores para instalar sistemas de generación destinados a sus operaciones.

El temor de las comunidades y los grupos ambientales

Vanessa Lynch, organizadora en Pennsylvania de Moms Clean Air Force, dijo durante la audiencia de la EPA que las personas quieren tener voz cuando una infraestructura contaminante llega a sus comunidades.

La preocupación se concentra en la posibilidad de que desaparezca un requisito federal que actualmente sirve como punto mínimo de información y consulta. Sin ese mecanismo, la notificación podría depender casi por completo de las reglas de cada estado.

Keri Powell, abogada del Southern Environmental Law Center en Atlanta, explicó que su organización suele intervenir en estados como Georgia. A su juicio, Georgia cuenta con un proceso más sólido de notificación y participación pública para fuentes menores.

A principios de julio, el grupo alertó a la empresa estatal de servicios públicos sobre problemas de construcción en un centro de datos. La organización obtuvo la información a partir de solicitudes públicas de permisos de aire presentadas por las compañías.

Powell advirtió que, si la EPA elimina el requisito federal, los grupos comunitarios y legales podrían no recibir ninguna alerta sobre proyectos próximos. También podrían quedar fuera de la participación y de la revisión de nuevas instalaciones.

Georgia y Kentucky enfrentan un posible cambio de escenario

Georgia todavía analiza si la propuesta federal afectaría sus propias exigencias de participación pública. Sara Lips, directora de comunicaciones de la División de Protección Ambiental de Georgia, indicó que la agencia estudia las consecuencias regulatorias.

La situación del estado ilustra la incertidumbre que genera la propuesta. Aunque una jurisdicción tenga reglas más estrictas, los grupos ambientales temen que futuros gobiernos puedan modificarlas o reducir su aplicación.

Kentucky también mantiene leyes de participación pública más robustas para permisos de fuentes menores. Byron Gary, abogado senior del Consejo de Recursos de Kentucky, explicó que las agencias estatales asumieron informalmente el compromiso de conservar sus reglas actuales.

Ese compromiso, sin embargo, no equivale a una garantía permanente. Gary planteó dudas sobre lo que podría ocurrir si una administración posterior decide cambiar la política estatal.

La diferencia entre una obligación federal y una práctica local puede tener efectos importantes. Con normas nacionales más débiles, la transparencia dependería de decisiones políticas y administrativas que variarían de un estado a otro.

Texas muestra la presión sobre la infraestructura energética

Texas representa un escenario distinto. El auge de los centros de datos impulsó allí una fuerte expansión de plantas privadas de gas, muchas de las cuales dependen de permisos de contaminación menores.

Los niveles más bajos de aplicación ambiental han dejado a algunas comunidades cerca de grandes complejos tecnológicos y de la infraestructura de combustibles fósiles que los acompaña. En varios casos, los vecinos se sorprendieron por la magnitud de las instalaciones construidas cerca de sus hogares.

La generación detrás del medidor permite que un centro de datos obtenga electricidad directamente de equipos instalados en sus inmediaciones. Ese modelo puede reducir la dependencia de la red pública, pero también coloca motores y plantas de gas junto a zonas habitadas.

El debate no se limita a la cantidad de emisiones permitidas. También incluye el derecho de los residentes a conocer con anticipación el tamaño, la ubicación y el impacto potencial de una instalación.

Para los críticos, una revisión más descentralizada podría acelerar las obras sin resolver las inquietudes sobre ruido, contaminación y combustibles fósiles. Para la EPA, la propuesta permitiría que los gobiernos más cercanos al proyecto administren mejor la participación local.

La estrategia de Trump para acelerar la inteligencia artificial

Desde su llegada al poder, la administración de Donald Trump se comprometió con el desarrollo de la inteligencia artificial. El gobierno federal eliminó varios obstáculos que, según su enfoque, dificultaban la construcción de centros de datos.

La EPA también participa en esa estrategia. Un portavoz de la agencia afirmó que Estados Unidos busca convertirse en la capital mundial de la inteligencia artificial.

Las compañías tecnológicas destinan sumas enormes a nuevas instalaciones. En junio, el gasto en construcción de centros de datos superó por primera vez el gasto en infraestructura de transporte público.

El dato refleja la dimensión económica del auge de la IA. Los centros de datos requieren servidores, sistemas de refrigeración, conexiones eléctricas y fuentes de respaldo capaces de operar durante interrupciones.

Sin embargo, la oposición ciudadana comenzó a crear un cuello de botella para los nuevos proyectos. Powell considera que el momento de la revisión regulatoria probablemente no sea accidental y que forma parte de un paquete destinado a facilitar la construcción de centros de datos de IA.

Un conflicto entre velocidad tecnológica y control ciudadano

La propuesta no modifica directamente los estándares de emisiones, pero sí podría cambiar el proceso mediante el cual las comunidades conocen y cuestionan los proyectos. Esa diferencia resulta clave para evaluar su impacto práctico.

Una instalación puede cumplir con los límites regulatorios y, al mismo tiempo, generar rechazo por su ubicación. La participación pública permite discutir esos efectos antes de que la construcción avance demasiado.

Los defensores de la reforma sostienen que los estados y gobiernos locales están mejor preparados para decidir qué procedimiento corresponde a cada proyecto. También argumentan que una administración más flexible puede evitar demoras en una industria considerada estratégica.

Los grupos ambientales temen que esa flexibilidad produzca un mosaico desigual de derechos. Un vecino de Georgia podría recibir información y tiempo para presentar comentarios, mientras otro residente de Texas quizá descubra la infraestructura cuando ya esté en construcción.

La audiencia de la EPA mostró que el conflicto supera la discusión técnica sobre permisos. En el centro se encuentra la pregunta de cuánto poder debe conservar la ciudadanía cuando la carrera por desarrollar inteligencia artificial transforma rápidamente los territorios donde vive.


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