Por Canuto  

Una opinión legal de la Casa Blanca permitió al Pentágono justificar una inversión de USD $400 millones en MP Materials, pero exfuncionarios y legisladores cuestionan si la administración estiró demasiado sus facultades. El debate ahora amenaza con alcanzar otros acuerdos accionariales y con obligar al Congreso a establecer reglas explícitas para el uso de dinero público en empresas privadas.
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  • La Oficina de Administración y Presupuesto sostuvo que el acuerdo con MP Materials evitaba una amenaza inminente para vidas humanas y propiedades del gobierno.
  • Exfuncionarios del Pentágono cuestionaron la debida diligencia, la rapidez de los acuerdos y la base legal utilizada para comprar acciones.
  • La Comisión de Servicios Armados del Senado impulsa una autoridad explícita para regular las participaciones accionariales del Departamento de Defensa.

La administración Trump recurrió a una interpretación legal de la Casa Blanca para justificar que el Pentágono adquiriera una participación accionarial en MP Materials, una empresa estadounidense de tierras raras. El acuerdo incluyó un préstamo de USD $150 millones y una inversión accionarial de USD $400 millones, operación que abrió un debate sobre hasta dónde puede llegar el Poder Ejecutivo cuando utiliza recursos públicos para entrar en compañías privadas.

La opinión que sostuvo esa operación fue preparada en junio de 2025 por Mark Paoletta, asesor general de la Oficina de Administración y Presupuesto, un mes antes de que el Pentágono anunciara su primera participación accionarial en una empresa. Según documentos revisados por Semafor, Paoletta concluyó que el acuerdo quedaba exento de la Ley Antideficiencia porque resultaba necesario para evitar una amenaza inminente a vidas humanas y propiedades del gobierno.

Una justificación legal bajo presión

La Ley Antideficiencia impide que las agencias del Poder Ejecutivo comprometan o gasten fondos públicos sin una autorización del Congreso. Para defender el acuerdo con MP Materials, Paoletta invocó las facultades de la Ley de Producción de Defensa, la legislación anual de defensa aprobada en 2017 y el Artículo II de la Constitución de Estados Unidos, presentando la operación como parte de una tradición de obligaciones presidenciales anteriores a una apropiación legislativa.

El argumento de la Oficina de Administración y Presupuesto vinculó la inversión con la necesidad de fortalecer el suministro estadounidense de minerales críticos frente a China. Paoletta sostuvo que la Ley de Producción de Defensa permite al presidente establecer disposiciones para promover la exploración, el desarrollo y la minería de materiales estratégicos, mientras que la ley de defensa de 2017 concede al secretario de Defensa autoridad amplia para respaldar capacidades de desarrollo, prototipado y manufactura.

La opinión también comparó el acuerdo con MP Materials con decisiones históricas como la compra del territorio de Luisiana por Thomas Jefferson. Esa referencia buscó presentar la operación como una herramienta necesaria para ejercer facultades constitucionales, aunque no resolvió la inquietud central de varios legisladores: si las autorizaciones generales para apoyar la producción permiten comprar acciones concretas de empresas elegidas por funcionarios del gobierno.

Exfuncionarios del Pentágono consultados por Semafor expresaron escepticismo ante esa lectura. Uno de ellos describió la Ley Antideficiencia como un obstáculo que parecía insuperable para el acuerdo con MP Materials, mientras que un exfuncionario de la Oficina de Capital Estratégico afirmó que las leyes pueden ser elásticas, pero advirtió que esa elasticidad finalmente se rompe.

El papel de la Oficina de Capital Estratégico

La estructura del acuerdo también provocó confusión sobre qué oficina ejerció cada facultad. Un portavoz del Pentágono dijo que la Oficina de Capital Estratégico, conocida como OSC, se limitó a entregar el préstamo de USD $150 millones bajo su estatuto, mientras que la Unidad de Adquisiciones y Sostenimiento ejecutó la inversión accionarial de USD $400 millones utilizando atribuciones de la Ley de Producción de Defensa.

El Pentágono afirmó que ambas operaciones contaban con autorización legal y agregó que la inversión accionarial ya había generado más de USD $465 millones. Sin embargo, esas explicaciones contrastan con declaraciones de un funcionario estadounidense realizadas al anunciar el acuerdo con la petrolera venezolana North American Blue Energy Partners, quien dijo que la administración había utilizado la autoridad concedida a la OSC cuando fue creada.

La discrepancia no se limita al acuerdo con North American Blue Energy Partners. Comunicados de prensa y documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores parecen mezclar las funciones de la OSC con las de otras unidades del Pentágono, lo que dificulta identificar qué oficina tomó las decisiones, bajo qué norma actuó y quién debe supervisar los resultados.

La OSC fue creada para otorgar préstamos y participó en al menos siete de los acuerdos que el Pentágono negoció desde que Steve Feinberg fue confirmado como subsecretario de Defensa. Feinberg, cofundador de Cerberus, incorporó a David Lorch, también exalumno de esa firma, para dirigir la oficina, mientras que George Kollitides, otro exalumno de Cerberus, encabeza la nueva Unidad de Defensa Económica.

Riesgos de rapidez y selección de empresas

El Pentágono ha negociado participaciones accionarias o instrumentos equivalentes, como warrants, en al menos 10 empresas desde la llegada de Feinberg al cargo. La velocidad con la que se cerraron esas operaciones generó inquietudes sobre la debida diligencia, especialmente después del fracaso de un acuerdo con la startup de tierras raras Reelement.

Funcionarios retirados sostuvieron que Feinberg negoció directamente la participación en MP Materials y que la OSC intervino después de que existiera un acuerdo verbal. Un portavoz del Pentágono rechazó esa caracterización y cuestionó cómo la oficina habría podido participar en el trato si realmente hubiera quedado excluida de las conversaciones iniciales.

Los mismos funcionarios describieron un patrón similar en acuerdos posteriores, en los que contrataciones procedentes del sector privado habrían desplazado a empleados de carrera para cerrar operaciones con mayor rapidez. También plantearon dudas sobre si todas las empresas interesadas tuvieron una oportunidad justa de negociar, dado que el equipo de Feinberg habría privilegiado sus conexiones personales en lugar de utilizar convocatorias formales.

Otra preocupación se refiere a la capacidad de la OSC para supervisar los acuerdos una vez firmados. Un exfuncionario dijo que durante meses planteó repetidamente sus objeciones sobre MP Materials y recibió como respuesta que el problema se resolvería, una explicación que, según su relato, no estuvo acompañada de detalles sobre los controles, los criterios de selección o la revisión posterior de la inversión.

El Congreso busca una autoridad explícita

La Comisión de Servicios Armados del Senado solicitó sesiones informativas a la OSC para conocer la base legal de las participaciones accionarias del Pentágono. La oficina respondió posteriormente preguntas detalladas sobre el acuerdo con MP Materials, pero el intercambio no eliminó las dudas sobre la división de responsabilidades ni sobre la transparencia frente a los legisladores.

El presidente de la comisión, Roger Wicker, impulsa un plan para que el Congreso otorgue a la OSC una autoridad legal explícita, aunque delimitada, para realizar inversiones accionarias. Un portavoz de Wicker dijo que el senador considera importante continuar el trabajo destinado a recuperar un mercado libre para los minerales críticos, pero también exige regularizar el proceso y aumentar la transparencia para hacerlo sostenible a largo plazo.

La propuesta busca sacar las operaciones de una zona gris en la que el Departamento de Defensa combina préstamos, contratos, warrants e inversiones directas con interpretaciones constitucionales amplias. Para sus defensores, una participación pública puede ser necesaria cuando una cadena de suministro crítica enfrenta riesgos existenciales; para sus críticos, la intervención selectiva puede distorsionar la competencia y premiar a una empresa sobre otra sin reglas claras.

El senador Mike Rounds dijo que apoyaría capital gubernamental si fuera la única manera de obtener un producto específico, pero rechazó que el gobierno elija entre dos empresas competidoras para convertirse en accionista de una de ellas. El senador Thom Tillis fue más contundente y afirmó que cualquiera que intente defender ese esquema recibirá una fuerte respuesta, porque considera preocupante que los conservadores ya no se opongan a la manipulación del mercado.

Una ventana legal que podría cerrarse

El debate tiene un plazo concreto porque la autoridad de la Ley de Producción de Defensa utilizada por la administración Trump está programada para expirar a finales de mes. Si el Congreso no la extiende, desaparecerá uno de los pilares centrales del razonamiento jurídico empleado para justificar el acuerdo con MP Materials y podrían complicarse nuevas operaciones similares.

El representante de una empresa del sector que defendió la estrategia reconoció que el equipo de Feinberg no está haciendo todo bien, pero sostuvo que el riesgo de quedarse sin una cadena de suministro resulta existencial. Esa perspectiva explica la presión por actuar con rapidez, aunque no responde por sí sola a las preguntas sobre competencia, controles internos y rendición de cuentas.

Los demócratas del Capitolio ya preparan una supervisión más intensa de la OSC si recuperan el poder este otoño. Legisladores de las comisiones de Supervisión y Recursos Naturales de la Cámara, junto con miembros de la Comisión de Servicios Armados del Senado, solicitaron información adicional sobre los acuerdos con Vulcan, Reelement y North American Blue Energy Partners.

La senadora Elizabeth Warren, principal demócrata de la Comisión Bancaria, advirtió que cuando se viola la ley la rendición de cuentas puede llegar lentamente, pero finalmente llega. Mientras tanto, la administración Trump considera reemplazar a Feinberg, según Reuters, y el escrutinio sobre el llamado Departamento de Cerberus podría aumentar a medida que el Congreso defina si estas inversiones representan una respuesta estratégica o una expansión difícil de controlar del poder ejecutivo.

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