Por Canuto  

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto que podría poner en riesgo fondos federales de universidades vinculadas con determinados boicots a Israel. La iniciativa, presentada como una defensa de la libertad económica y académica, enfrenta críticas por sus posibles efectos sobre la Primera Enmienda y el movimiento BDS.
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  • La Cámara aprobó el proyecto de Protección de la Libertad Económica y Académica, presentado por Josh Gottheimer y Virginia Foxx.
  • La iniciativa condicionaría fondos federales a determinadas políticas universitarias frente a Israel y exigiría certificaciones anuales sobre el acceso a programas académicos.
  • Aunque el texto no menciona explícitamente al movimiento BDS, sus patrocinadores y el debate legislativo lo han situado en el centro de la discusión.

 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves 3 de septiembre de 2026 un proyecto que podría poner en riesgo la financiación federal de universidades que participen en determinados boicots contra Israel. La medida avanzó pese a las advertencias de sus críticos sobre una posible amenaza a la libertad de expresión y sobre el alcance de las condiciones impuestas a las instituciones que reciben recursos públicos.

La iniciativa se denomina Protect Economic and Academic Freedom Act, o Ley de Protección de la Libertad Económica y Académica. Fue presentada por los representantes Josh Gottheimer, demócrata de Nueva Jersey, y Virginia Foxx, republicana de Carolina del Norte. Su aprobación en la Cámara no significa que ya sea ley ni que las sanciones puedan aplicarse de inmediato.

Una condición para conservar fondos federales

Según la descripción del proyecto, las universidades receptoras de fondos federales no podrían participar en lo que el texto define como un “boicot comercial no expresivo” contra Israel. La categoría abarcaría negativas a tratar o la terminación de relaciones comerciales con el objetivo de limitar vínculos empresariales, siempre que esas decisiones no respondan a una “razón comercial válida”. Esa formulación deja abierta la discusión sobre qué conductas quedarían dentro de la prohibición.

Además, las instituciones tendrían que presentar cada año una certificación en la que declaren que ofrecen a estudiantes y profesores acceso a programas académicos en Israel bajo los mismos términos aplicables a programas en otros países. Sus opositores consideran que el requisito podría constituir una intrusión del Congreso en decisiones académicas, financieras y administrativas de las universidades.

Lara Friedman, presidenta de la Foundation for Middle East Peace, advirtió antes de la votación que el objetivo práctico podría ser exigir a cada universidad no solo que evite rechazar la cooperación con Israel, sino que busque activamente oportunidades para establecerla. Según su interpretación, una institución que no cumpla esa expectativa podría quedar expuesta a acusaciones políticas de apoyar el movimiento BDS o de actuar contra Israel, aunque no haya adoptado formalmente una política de boicot.

Friedman también señaló que la certificación anual podría generar riesgos legales adicionales, porque individuos o grupos con motivaciones políticas tendrían incentivos para cuestionar la ausencia de alguna relación académica o comercial con Israel y alegar que una universidad mintió en sus declaraciones. Esa posibilidad trasladaría a las instituciones la carga de demostrar continuamente que sus vínculos cumplen el estándar previsto por el proyecto.

El movimiento BDS queda en el centro del debate

El proyecto no menciona de forma explícita al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones, conocido como BDS. Sin embargo, sus patrocinadores y el debate legislativo lo han señalado como uno de sus principales objetivos. El movimiento busca presionar a Israel mediante decisiones de boicot y desinversión, mientras que sus defensores lo presentan como una campaña relacionada con los derechos palestinos.

La propuesta parece tomar como referencia parcial las leyes anti-BDS aprobadas en distintos estados desde 2015. Esas normas restringen, entre otras conductas, la contratación pública o la inversión en entidades que boicotean a Israel. El proyecto federal trasladaría una lógica semejante al sistema universitario y vincularía determinadas políticas institucionales con la elegibilidad para recibir fondos públicos.

Los partidarios de la medida la presentan como una respuesta al crecimiento del BDS en los campus y sostienen que el movimiento ha contribuido al aumento del antisemitismo en universidades estadounidenses. Durante el debate ante el Comité de Reglas, el representante Joe Wilson, republicano de Carolina del Sur, afirmó que una cantidad significativa de los disturbios universitarios surgió de esfuerzos de activistas antiisraelíes para presionar a las instituciones a desinvertir y boicotear a Israel.

Wilson calificó los boicots como antisemitas por diseño y discriminatorios en sus efectos, además de sostener que se utilizan para aislar a estudiantes judíos y silenciar a profesores judíos. Sus opositores rechazan presentar esas afirmaciones como hechos establecidos por el proyecto y consideran que el texto podría castigar una posición política sin demostrar que las universidades hayan adoptado las políticas concretas que la iniciativa pretende prohibir.

La disputa constitucional por el derecho al boicot

Los demócratas del Comité de Educación y Fuerza Laboral pidieron votar contra la medida y argumentaron que amenaza expresiones protegidas por la Constitución. También cuestionaron que el Congreso pueda condicionar la ayuda federal a las políticas de boicot universitarias describiendo esas conductas como “no expresivas”.

Entre los demócratas que apoyaron el proyecto estuvo Jared Moskowitz, de Florida. Su respaldo volvió a poner de relieve la división interna del Partido Demócrata sobre el conflicto entre Israel y los palestinos y sobre el uso de boicots como herramienta política.

El representante Bobby Scott, demócrata de Virginia, centró su objeción en la falta de un caso concreto que justificara la legislación. Durante la consideración del proyecto sostuvo que ninguna administración universitaria estadounidense había adoptado las políticas del BDS descritas en el texto, mientras que el informe de la minoría del comité calificó la iniciativa como una solución en busca de un problema.

Ese informe añadió que garantizar el intercambio de estudiantes con sus homólogos israelíes podría haber servido como base para una legislación bipartidista, pero cuestionó que la mayoría incorporara una sección específica sobre BDS. También advirtió que condicionar la ayuda federal a las políticas de boicot universitarias plantea dudas bajo la Primera Enmienda.

Un precedente judicial que divide a los legisladores

La expresión “boicot comercial no expresivo” procede de un fallo emitido en 2022 por el Octavo Circuito, que confirmó la ley anti-BDS de Arkansas. Ese tribunal sostuvo que ejecutar un boicot constituye una conducta no expresiva, mientras que hacer un llamado público al boicot continúa siendo una forma de discurso protegido.

La Corte Suprema de Estados Unidos declinó revisar el desafío contra esa ley, dejando vigente la distinción entre promover un boicot y llevarlo a cabo. Para los defensores del nuevo proyecto, ese precedente ofrece una base jurídica; para sus críticos, la fórmula podría expandirse más allá del caso de Israel y reducir el espacio para decisiones económicas motivadas por convicciones políticas.

Friedman describió esa disputa como parte de un esfuerzo que podría erosionar las protecciones constitucionales para el derecho al boicot. Durante el debate, el representante Morgan Griffith, republicano de Virginia, respondió que quienes se oponen al proyecto deberían tener pocos motivos de preocupación si ninguna universidad realiza actualmente la conducta que la ley prohibiría.

Los críticos responden que el efecto de una norma también puede medirse por el riesgo de investigaciones, litigios y pérdida de fondos, especialmente cuando una universidad debe certificar anualmente que sus vínculos con Israel cumplen expectativas que grupos externos podrían interpretar de manera agresiva.

Advertencias sobre libertad académica y expresión política

El grupo de cabildeo A New Policy sostuvo en un memorando que la propuesta busca amedrentar la libertad de expresión al penalizar a las universidades por participar en expresiones políticas relacionadas con los derechos humanos palestinos. Esa crítica no implica necesariamente respaldo al BDS, sino una defensa del principio de que el gobierno no debe castigar determinadas posiciones políticas mediante la retirada de recursos públicos.

El representante Jerry Nadler, demócrata de Nueva York, expresó una objeción similar antes de la votación. Dijo que, aunque considera estratégicamente equivocada y moralmente repugnante la campaña BDS, defendería el derecho de los estadounidenses a expresar ideas con las que discrepa.

La controversia enfrenta dos interpretaciones sobre el papel de las universidades en un conflicto internacional. Una considera que las instituciones receptoras de fondos federales deben impedir políticas que, según sus partidarios, discriminan a Israel y ponen en riesgo a estudiantes judíos. La otra sostiene que una universidad puede adoptar decisiones de inversión, contratación o cooperación como parte de su autonomía institucional y de su debate sobre derechos humanos.

Dylan Williams, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales del Center for International Policy, afirmó que existe una oposición demócrata abrumadora a socavar derechos e instituciones estadounidenses para proteger a Israel de la rendición de cuentas. También cuestionó el respaldo de Moskowitz al proyecto.

Qué implica ahora la aprobación de la Cámara

La votación convierte al proyecto en un nuevo frente nacional dentro de la disputa sobre BDS, pero su futuro dependerá de los siguientes pasos legislativos y de las objeciones políticas y constitucionales que enfrenta. Las universidades tendrían que evaluar no solo sus relaciones con instituciones israelíes, sino también la forma en que documentan razones comerciales válidas y garantizan un acceso académico comparable a programas en otros países.

El debate muestra cómo una iniciativa presentada como protección de la libertad económica y académica puede imponer obligaciones de cooperación internacional. Para sus promotores, la exigencia evita que universidades financiadas por los contribuyentes respalden campañas discriminatorias; para sus detractores, el mismo mecanismo puede convertir la financiación federal en una herramienta para condicionar la expresión política.

La diferencia entre discurso y conducta será central si la norma avanza y llega a aplicarse. Los tribunales tendrían que determinar si una universidad que termina una relación comercial por razones políticas ejecuta un boicot no protegido, o si la decisión forma parte de una política institucional que comunica una posición sobre Israel, Palestina y los derechos humanos.

Mientras tanto, la aprobación dejó una división que atraviesa ambos partidos y combina la protección contra el antisemitismo con el debate sobre la autonomía universitaria. El resultado no resuelve la pregunta que sus críticos consideran fundamental: hasta dónde puede llegar el gobierno cuando intenta castigar un boicot sin castigar también la idea que ese boicot busca expresar.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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