Por Canuto  

Una médica del Ejército declaró que revisa 2.544 reportes no verificados de muertes registrados tras la vacunación contra el COVID, mientras las autoridades subrayan que esos informes no demuestran causalidad.
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  • La médica Theresa Long dijo que fue designada asesora médica militar principal del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.
  • La investigación también revisa los sistemas de vigilancia sanitaria y dos bases de datos médicas del periodo pandémico.
  • Un informe del Pentágono registró aumentos temporales de miocarditis y pericarditis, pero no identificó muertes relacionadas con las vacunas.

La administración de JD Vance investiga si las vacunas contra el COVID-19 pudieron contribuir a muertes de miembros del servicio militar estadounidense, después del mandato de vacunación impuesto durante la administración de Joe Biden. La revisión fue descrita a partir del testimonio de la médica del Ejército Theresa Long, quien declaró en una deposición ante un tribunal federal el 14 de agosto que examina miles de reportes registrados en el sistema federal de vigilancia de eventos adversos.

De acuerdo con la información publicada por ZeroHedge, con material de AG News vía American Greatness, Long afirmó que el secretario de Defensa Pete Hegseth la designó como asesora médica militar principal del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. Su tarea incluye revisar 2.544 informes no verificados de muertes entre miembros del servicio que fueron presentados al Vaccine Adverse Event Reporting System, conocido como VAERS, luego de la vacunación contra el COVID.

Una revisión que todavía no establece causalidad

VAERS funciona como un sistema de vigilancia y alerta temprana que acepta reportes sobre problemas de salud ocurridos después de una vacunación. Sin embargo, la propia naturaleza del sistema impide interpretar cada registro como una confirmación de que una vacuna causó una enfermedad o una muerte, una distinción central para evaluar las conclusiones de la investigación militar.

En otras palabras, que un evento aparezca después de una inoculación demuestra una secuencia temporal, pero no basta por sí solo para probar una relación causal. La revisión de Long deberá contrastar los reportes con historiales médicos, diagnósticos, circunstancias de cada muerte y otros datos de vigilancia sanitaria, aunque la información disponible no detalla todavía qué metodología aplicará para validar cada caso.

Long, certificada por la junta en medicina aeroespacial y con una maestría en salud pública, declaró que espera completar su investigación en un plazo de un año. La médica también testificó que conoce a 28 personas que, según su declaración, murieron a causa de las vacunas contra el COVID, aunque señaló que no se le permitió entregar información adicional para respaldar esa afirmación.

La ausencia de detalles públicos sobre esos 28 casos limita, por ahora, la posibilidad de evaluar independientemente la declaración. La investigación deberá separar los testimonios personales, los reportes espontáneos y la evidencia clínica documentada, porque cada categoría tiene un peso distinto al analizar posibles efectos adversos en una población militar.

El mandato militar y sus consecuencias

La revisión ocurre mientras la administración Vance reexamina la gestión militar de la pandemia y el mandato de vacunación de 2021 aplicado durante la administración Biden. La política provocó la salida de casi 9.000 miembros del servicio militar que se negaron a recibir la vacuna contra el COVID antes de que el Congreso ordenara al Pentágono rescindir el requisito en 2022.

El número de bajas convierte el mandato en un asunto que trasciende la discusión médica y alcanza la administración del personal, la disciplina institucional y la confianza dentro de las fuerzas armadas. Para quienes abandonaron el servicio, la eventual conclusión de la investigación podría influir en el debate sobre si las decisiones adoptadas durante la pandemia fueron proporcionales y si existieron mecanismos suficientes para atender objeciones o daños alegados.

Desde entonces, el Departamento de Defensa estableció un Grupo de Trabajo de Reincorporación y Reconciliación del COVID-19 para ayudar a los militares que dejaron el servicio por ese requisito y ahora desean regresar. Al anunciarlo, el Pentágono afirmó que continúa corrigiendo los errores del pasado y restaurando la confianza y el honor de la fuerza combatiente.

La creación de ese grupo de trabajo muestra que la respuesta institucional tiene dos frentes vinculados, aunque no idénticos: reparar las consecuencias administrativas de las bajas y determinar si existieron lesiones graves o muertes asociadas con la vacunación. Resolver el primero no anticipa el resultado del segundo, porque la reincorporación depende de decisiones de personal mientras la causalidad médica exige evidencia específica para cada caso.

Miocarditis, pericarditis y vigilancia sanitaria

Long también revisa los sistemas de vigilancia sanitaria militar y dos bases de datos médicas correspondientes al periodo de la pandemia. El objetivo declarado de esa revisión es ampliar el análisis más allá de los reportes presentados voluntariamente en VAERS y examinar los registros internos que podrían ofrecer una visión diferente sobre diagnósticos, fechas y evolución clínica.

Un informe del Pentágono de 2026 encontró un aumento de casos de miocarditis y pericarditis entre miembros del servicio activo poco después de la vacunación contra el COVID. El documento indicó, sin embargo, que ese aumento no se mantuvo durante un año y no identificó muertes relacionadas con las vacunas.

La miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco, mientras que la pericarditis afecta el tejido que rodea el corazón, por lo que ambas condiciones requieren una evaluación médica diferenciada. La existencia de un incremento temporal puede justificar más vigilancia, pero no resuelve por sí sola si una vacuna provocó cada diagnóstico ni si alguno de ellos terminó causando una muerte.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocida como FDA, también exigió advertencias actualizadas para las vacunas de ARN mensajero contra el COVID relacionadas con miocarditis y pericarditis. Según los datos citados, la incidencia fue mayor entre hombres jóvenes, con 27 casos por cada millón de vacunaciones frente a 8 casos por millón en la población general durante el periodo analizado.

Qué puede determinar la investigación

La asignación de Long, hasta ahora no divulgada, amplía el alcance de la revisión de la administración Vance sobre el mandato militar de la era Biden. El análisis ya no se limita a facilitar el regreso de quienes fueron dados de baja, sino que también busca establecer si las vacunas estuvieron relacionadas con lesiones graves o muertes entre miembros del servicio.

Para alcanzar una conclusión sólida, los investigadores tendrán que distinguir entre reportes no verificados, diagnósticos confirmados y relaciones causales respaldadas por evidencia clínica. La cifra de 2.544 registros muestra la magnitud del material que se revisará, pero no equivale al número de muertes confirmadas por vacunas, una diferencia que las autoridades y los lectores deberán mantener presente.

El plazo estimado de un año anunciado por Long sugiere que la investigación todavía se encuentra en una etapa de recopilación y análisis. Hasta que finalice, las declaraciones sobre personas afectadas, los registros de VAERS y los hallazgos de miocarditis o pericarditis deben presentarse como elementos de revisión, no como una conclusión definitiva sobre la seguridad o el riesgo de las vacunas.

El resultado podría tener consecuencias para la política sanitaria militar, los procesos de reincorporación y la confianza de los miembros del servicio en las decisiones médicas del Pentágono. También determinará si las autoridades encuentran evidencia suficiente para vincular casos individuales con la vacunación, una respuesta que no puede sustituirse por la simple coincidencia entre una fecha de inoculación y una muerte posterior.

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