Por Canuto  

El Departamento del Tesoro y el IRS propusieron retirar la exención fiscal federal a escuelas privadas que mantengan políticas consideradas discriminatorias por raza, color u origen nacional. La medida podría alcanzar a 18.000 instituciones y coloca admisiones, becas, préstamos y atletismo en el centro de una nueva disputa política y legal.
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  • La propuesta impediría que instituciones privadas obtengan o conserven el estatus 501(c)(3) si aplican políticas discriminatorias.
  • El Tesoro y el IRS estiman que la norma podría afectar hasta 18.000 instituciones educativas privadas en Estados Unidos.
  • Las escuelas religiosas conservarían margen para seleccionar estudiantes por afiliación religiosa, bajo pautas compatibles con la ley federal.

Una nueva presión sobre las escuelas privadas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos, IRS por sus siglas en inglés, presentaron una norma propuesta que condicionaría la exención fiscal de las escuelas privadas a sus prácticas de admisión y administración. El texto impediría que una institución obtenga el estatus previsto en la sección 501(c)(3) del código tributario si adopta, mantiene o hace cumplir una política que discrimine por raza, color u origen nacional o étnico.

La iniciativa forma parte de la ofensiva de la administración de Donald Trump contra los programas de diversidad, equidad e inclusión, conocidos como DEI. Según la propuesta, cambiar el nombre de las preferencias basadas en raza por expresiones como equidad, inclusión o mejora de la diversidad no modificaría su naturaleza, una posición que el gobierno considera central para aplicar el nuevo criterio fiscal.

El Departamento del Tesoro señaló que la regla abarcaría una amplia variedad de actividades educativas, desde las admisiones hasta los préstamos y las becas. También incluiría los programas deportivos de las instituciones, por lo que la revisión no quedaría limitada a los documentos formales de ingreso o a las declaraciones públicas de las universidades.

La medida sigue siendo una propuesta y no una regulación definitivamente aplicada. Su entrada en vigor dependerá del proceso regulatorio correspondiente. El alcance potencial es considerable: el IRS y el Tesoro estimaron que hasta 18.000 instituciones educativas privadas en Estados Unidos podrían quedar comprendidas por el cambio.

El argumento del gobierno y el alcance fiscal

Scott Bessent afirmó que la administración busca proteger a los estudiantes y evitar que la discriminación racial tenga espacio en la educación estadounidense. En una declaración, sostuvo que las instituciones no pueden presentar como políticas de inclusión aquellas preferencias que, a juicio del gobierno, siguen basándose en la raza o el origen de los estudiantes.

Bessent agregó que la propuesta establecería un estándar para las escuelas privadas y advirtió que las instituciones que mantengan prácticas discriminatorias dejarían de recibir los beneficios de la exención fiscal federal. La advertencia vincula una disputa sobre políticas educativas con una herramienta económica que afecta la forma en que las organizaciones reciben donaciones y operan como entidades sin fines de lucro.

Frank J. Bisignano dijo que las regulaciones propuestas ponen sobre aviso a las instituciones educativas. Según su declaración, las escuelas privadas que continúen participando en discriminación racial deben esperar perder su estatus de exención, una consecuencia que elevaría el costo financiero de mantener las políticas cuestionadas por el gobierno.

Las organizaciones amparadas por la sección 501(c)(3) deben cumplir además con reglas sobre cabildeo, actividad de campañas políticas y presentación de informes anuales. El IRS también establece que estas entidades no pueden operar u organizarse para beneficiar intereses privados, y que sus ganancias netas no deben beneficiar a accionistas o individuos particulares, condiciones que seguirían vigentes junto con el nuevo criterio propuesto.

El contexto político y la disputa con Harvard

La propuesta llega después de que las políticas DEI se convirtieran en un objetivo recurrente de la administración Trump. Los funcionarios del gobierno han sostenido que ciertos programas perjudican a estudiantes blancos y asiático-estadounidenses, mientras que el debate nacional enfrenta argumentos sobre igualdad de oportunidades, discriminación y el uso de criterios raciales en la educación.

Durante el segundo mandato de Trump, la administración impulsó medidas para poner fin a políticas vinculadas con DEI implementadas durante la administración de Joe Biden. La nueva iniciativa fiscal amplía esa presión hacia instituciones privadas que no están directamente sujetas a las mismas reglas administrativas que las entidades públicas, pero que dependen de beneficios tributarios para sostener parte de sus operaciones.

El enfrentamiento con Harvard ilustra la intensidad que puede alcanzar esta estrategia. La administración Trump ha amenazado con retirar la exención fiscal de la universidad durante una disputa con la institución, cuyos funcionarios respondieron que no existía una base legal para hacerlo y advirtieron que una medida de ese tipo obligaría a reducir la ayuda financiera y afectaría investigaciones médicas consideradas cruciales.

La discusión también expone la importancia práctica del estatus 501(c)(3), más allá de su dimensión simbólica. Al permitir que las donaciones sean deducibles de impuestos, la clasificación facilita el respaldo financiero de universidades y escuelas privadas; por ello, su posible pérdida puede modificar presupuestos, programas de ayuda y decisiones institucionales, aunque la propuesta no establece una revocación automática ni detalla sanciones concretas para cada tipo de infracción.

La excepción para instituciones religiosas

El Departamento del Tesoro indicó que las escuelas privadas religiosas conservarían la posibilidad de mantener una misión religiosa, un plan de estudios religioso o un programa de observancia religiosa. La propuesta también permitiría que esas instituciones seleccionen estudiantes según su afiliación o membresía religiosa, siempre que sus pautas sean consistentes con la ley federal.

Esa salvedad introduce una distinción relevante dentro del marco anunciado, porque no todas las políticas de selección serían evaluadas de la misma manera. Una institución religiosa podría conservar criterios vinculados con su identidad confesional, mientras que las prácticas basadas en raza, color u origen nacional o étnico quedarían sujetas al estándar que el Tesoro y el IRS pretenden establecer.

La norma propuesta no elimina por sí misma las políticas DEI de las escuelas ni ordena directamente modificar cada programa educativo. Su mecanismo consiste en condicionar la obtención o conservación de un beneficio tributario federal, de modo que las instituciones deberán valorar si mantienen determinadas prácticas y asumen el riesgo de perder la clasificación 501(c)(3).

El siguiente escenario dependerá del desarrollo formal de la propuesta y de la respuesta de las instituciones afectadas, especialmente aquellas que administran admisiones, becas, préstamos y programas deportivos bajo criterios que el gobierno considere discriminatorios. Mientras tanto, la advertencia de Bessent y Bisignano deja claro que el Tesoro y el IRS pretenden convertir la exención fiscal en una herramienta central de su campaña contra las políticas DEI.

Fuente: ZeroHedge, a partir de un artículo de Jack Phillips publicado originalmente por The Epoch Times.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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