Kevin Hassett mantuvo durante 2025 acciones de Coinbase valoradas entre USD $1 millón y USD $5 millones, mientras se inhibía de asuntos relacionados con criptomonedas desde su llegada al gobierno de Donald Trump. La situación abrió cuestionamientos sobre el alcance de su recusación, debido al papel de su oficina en la coordinación de la política económica federal.
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- Kevin Hassett declaró acciones de Coinbase por un valor de entre USD $1 millón y USD $5 millones durante 2025.
- La Casa Blanca aseguró que el funcionario se inhibió de todos los asuntos relacionados con criptomonedas desde que asumió el cargo.
- Una experta en ética sostuvo que la recusación podría apartarlo de una función central del Consejo Económico Nacional.
⚖️ Acciones de Coinbase por hasta USD 5 millones
Kevin Hassett se inhibió de asuntos cripto desde su llegada al gobierno de Trump.
La oficina ética certificó su cumplimiento. No está claro si aún conserva las acciones. pic.twitter.com/hCFomssypF
— Diario฿itcoin (@DiarioBitcoin) September 11, 2026
Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, mantuvo durante 2025 acciones de Coinbase valoradas entre USD $1 millón y USD $5 millones, según una divulgación financiera presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental. El funcionario se había incorporado a la administración de Donald Trump en enero de ese año, después de formar parte del consejo asesor académico y regulatorio de Coinbase desde marzo de 2021.
La Casa Blanca sostiene que Hassett se inhibió de todos los asuntos relacionados con criptomonedas desde que asumió el cargo, una medida que, según sus representantes, mantiene al funcionario dentro de las obligaciones éticas aplicables. Sin embargo, la divulgación y el papel institucional de su oficina plantearon dudas sobre la separación entre sus inversiones personales y la coordinación de la política económica federal.
La inversión declarada y la recusación
La divulgación financiera cubre únicamente 2025 y no establece si Hassett todavía posee las acciones de Coinbase. El documento sí muestra que mantuvo durante ese periodo una participación en la empresa dentro de un rango de entre USD $1 millón y USD $5 millones, una cifra suficientemente amplia para impedir conocer el valor exacto de la posición.
Hassett había integrado el consejo asesor académico y regulatorio de Coinbase desde marzo de 2021 hasta enero de 2025, cuando se unió al gobierno de Trump. La trayectoria previa no demuestra por sí misma una infracción, pero ayuda a explicar por qué su inversión y su posterior inhibición quedaron bajo atención pública al asumir una responsabilidad relacionada con la política económica.
En una aparición en junio de 2025 en el programa Squawk Box de CNBC, Hassett explicó que decidió conservar las acciones porque temía que una venta pudiera parecer una operación de market timing. También señaló que funcionarios de ética intervinieron mientras evaluaba qué debía hacer con la participación, aunque la información divulgada no precisa una decisión posterior sobre la venta.
La Casa Blanca afirmó que el funcionario ha cumplido desde el primer día con los requisitos éticos, incluida su inhibición de todos los asuntos relacionados con criptomonedas. El portavoz Kush Desai declaró a CNBC que Hassett estaba y continuaba estando en pleno cumplimiento de esas obligaciones, mientras la oficina de ética de la Casa Blanca certificó que el funcionario cumplía las leyes y regulaciones aplicables.
El papel del Consejo Económico Nacional
La preocupación central no se limita a si Hassett participó directamente en una decisión sobre Coinbase, sino al alcance de las funciones del Consejo Económico Nacional. La oficina coordina la política económica entre distintas agencias, una tarea que puede involucrar asuntos con efectos sobre mercados financieros, empresas reguladas y sectores vinculados con los activos digitales.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva tres días después de comenzar su mandato para establecer el Grupo de Trabajo Presidencial sobre Mercados de Activos Digitales dentro del Consejo Económico Nacional. La orden dispuso que las recomendaciones finales de política del grupo llegaran a Trump a través de la oficina de Hassett, aunque otro representante del consejo apareció formalmente en el informe final.
El grupo estuvo dirigido por David Sacks, quien en ese momento era el asesor cripto de la Casa Blanca, y elaboró recomendaciones amplias sobre mercados de activos digitales, banca, stablecoins e impuestos. Robin Colwell, identificado en el informe como representante del Consejo Económico Nacional y subasistente del presidente para la política económica nacional, figuró en ese papel en lugar de Hassett.
La diferencia entre la responsabilidad institucional de una oficina y la participación personal de su director resulta clave para evaluar la controversia. Aunque Hassett se apartara de asuntos cripto específicos, la recusación amplia podía limitar su capacidad de reunir o coordinar aportes de agencias que sí participaron en el grupo de trabajo.
Las dudas planteadas por expertos en ética
Virginia Canter, abogada principal y directora de ética y anticorrupción de Democracy Defenders Fund, sostuvo que la situación generaba preocupaciones sobre conflictos de intereses. Canter, quien fue abogada de ética de la Comisión de Bolsa y Valores, dijo que veía un conflicto importante o, al menos, la apariencia de uno en torno a las acciones que Hassett mantenía.
Según Canter, una inhibición amplia en materia de criptomonedas podía apartar a Hassett de una función central de su puesto: reunir la política económica entre agencias federales. Entre las instituciones con un asiento en el grupo de trabajo estaban el Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio, la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas.
La preocupación descrita por la experta se relaciona con la influencia indirecta que puede ejercer un coordinador, incluso cuando no firma una norma ni adopta una decisión concreta. Desde esa perspectiva, el posible conflicto no dependería solamente de una intervención en favor de Coinbase, sino también de la capacidad de una inversión personal para afectar la apariencia de imparcialidad en la coordinación interinstitucional.
La certificación de cumplimiento emitida por la oficina de ética de la Casa Blanca representa la posición formal del gobierno, pero no elimina el debate político y reputacional. Las normas pueden considerar suficiente una recusación, mientras observadores externos evalúan si esa medida permite que un funcionario cumpla de manera completa con las responsabilidades asociadas a su cargo.
Lo que aún no está claro
La información disponible no confirma si Hassett vendió las acciones después del periodo cubierto por la divulgación ni si todavía las conserva. CNBC preguntó a la Casa Blanca si el funcionario seguía manteniendo la participación y si esa posición había restringido su capacidad de actuar en asuntos bajo la jurisdicción del Consejo Económico Nacional, pero la administración no respondió ninguna de esas preguntas.
La falta de una respuesta sobre la situación actual impide determinar si el caso terminó con una venta, una transferencia o la continuidad de la inversión. También deja abierto el alcance práctico de la inhibición, porque el público no cuenta con detalles sobre qué asuntos fueron excluidos ni cómo se gestionaron las recomendaciones del grupo de trabajo dentro del Consejo Económico Nacional.
El caso ilustra una tensión habitual en la regulación de activos digitales: los funcionarios pueden tener inversiones previas en empresas del sector, mientras sus nuevas funciones los colocan cerca de decisiones capaces de afectar a esas compañías. La solución ética no depende únicamente del valor declarado, sino también de la claridad de las recusaciones, de su aplicación verificable y de la percepción de independencia.
Por ahora, los hechos establecidos son que Hassett declaró la participación en Coinbase durante 2025, aseguró que evitó los asuntos cripto y recibió una certificación de cumplimiento de la oficina ética. El debate persiste porque la misma oficina que debía transmitir recomendaciones de política digital hacia Trump ocupaba un lugar relevante en la arquitectura institucional creada por la orden ejecutiva.
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