Un jurado federal declaró culpable a Japheth Dillman, cofundador de Block Bits, por captar cerca de USD $960.000 con la promesa de un bot de arbitraje cripto que, según los fiscales, nunca existió. El caso también deja expuestas pérdidas estimadas en USD $508.000 y abre la puerta a una sentencia penal y a sanciones civiles de la SEC.
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- Japheth Dillman fue declarado culpable de cuatro cargos de fraude electrónico y uno de conspiración.
- Block Bits recaudó cerca de USD $960.000 de aproximadamente 22 inversores entre 2017 y 2018.
- La SEC mantiene un caso civil paralelo y calcula pérdidas de alrededor de USD $508.000.
Un jurado federal de Estados Unidos declaró culpable a Japheth Dillman, cofundador de Block Bits, por cinco delitos relacionados con fraude después de concluir que captó cerca de USD $960.000 mediante promesas sobre un bot de criptomonedas que, según los fiscales, nunca existió.
El veredicto llegó el 24 de agosto de 2026 en el Tribunal de Distrito del Norte de California, en San Francisco, tras unas seis horas de deliberación distribuidas en dos días. Law360 informó primero sobre la decisión y señaló que el caso todavía tendrá una etapa de sentencia penal.
La acusación sostuvo que Dillman y su socio David Mata recaudaron el dinero de aproximadamente 22 inversores minoristas entre junio de 2017 y agosto de 2018. Block Bits Fund I se presentó como una operación capaz de negociar de forma automatizada cerca de 100 activos digitales en más de 30 exchanges, con ganancias derivadas de las diferencias de precio entre mercados. Esa supuesta infraestructura tecnológica formaba el núcleo de la propuesta comercial dirigida a los participantes.
Los fiscales afirmaron que el sistema automatizado sencillamente no existía, pese a que Dillman habría dicho a los inversores, durante junio y julio de 2017, que ya estaba generando beneficios. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, conocida como SEC, también sostuvo que las operaciones reales se limitaban a transacciones manuales realizadas por Mata mediante una cuenta de acceso al mercado. La distancia entre el discurso de venta y la actividad descrita por los reguladores se convirtió en un elemento central del proceso.
La promesa tecnológica detrás de la captación
El argumento de Block Bits no dependía únicamente de la existencia de un bot de trading. Los inversores también recibieron la promesa de que aproximadamente 40% de los activos del fondo permanecería en acuerdos de almacenamiento en frío, una práctica asociada con mantener las claves fuera de línea y reducir determinados riesgos operativos. Según la fiscalía y la SEC, esos acuerdos de bajo riesgo con rendimientos atractivos tampoco llegaron a materializarse.
En lugar de permanecer protegidos bajo la estructura comunicada a los participantes, los fondos terminaron destinados a préstamos de alto riesgo y a la oferta inicial de monedas de AML Bitcoin. La acusación presentó ese recorrido como evidencia de que el dinero no se utilizó conforme a las explicaciones entregadas a quienes aportaron capital. Para los inversores minoristas, la supuesta combinación de automatización, arbitraje y custodia segura constituía una justificación importante para entregar sus recursos.
Hacia 2022, la acusación penal calculaba en alrededor de USD $508.000 las pérdidas sufridas por los inversores minoristas. La SEC también señaló esa cifra aproximada al describir el impacto económico del esquema, aunque el proceso civil y el penal operan por vías separadas. El rastro del dinero permitió a la fiscalía argumentar que las personas afectadas confiaron en afirmaciones sobre una tecnología inexistente y en mecanismos de protección que nunca se concretaron.
El caso se originó durante el auge de las ofertas iniciales de monedas de 2017, un periodo en el que los proyectos vinculados con bots, arbitraje y sistemas automatizados utilizaban la innovación tecnológica como un poderoso gancho comercial. La complejidad de esas propuestas podía dificultar que los inversores minoristas comprobaran de manera independiente si el software funcionaba o si los activos permanecían bajo custodia segura. El veredicto indica que el jurado consideró insuficiente la explicación tecnológica frente a las pruebas sobre la operación real.
El testimonio del socio y la defensa de Dillman
David Mata, socio de Dillman, fue uno de los testigos más importantes de la acusación. Mata se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico en 2022 y posteriormente testificó contra su exsocio bajo un acuerdo de cooperación, mientras esperaba que se dictara su propia sentencia, según informó Law360. Su participación permitió a la fiscalía presentar una versión interna sobre la forma en que funcionaba el negocio y sobre las comunicaciones con los inversores.
La defensa cuestionó con dureza la credibilidad de Mata y buscó presentar su testimonio como el relato de una persona que intentaba reducir sus propias consecuencias legales. El abogado Richard A. Tamorón lo describió como un “mentiroso de piedra fría”, una caracterización destinada a convencer al jurado de que sus declaraciones no podían sostener una condena. La estrategia defensiva se concentró en mostrar que Mata tenía motivos para trasladar la responsabilidad a Dillman.
El equipo de Dillman también planteó que su cliente se ocupaba principalmente del dinero y de la relación con los inversores, mientras que el socio técnico controlaba la maquinaria operativa del proyecto. Bajo esa interpretación, Dillman habría dependido de la información que Mata le transmitía sobre el funcionamiento del sistema de comercialización. La defensa intentó así separar la captación de capital de la responsabilidad técnica por el supuesto bot.
El jurado no aceptó esa explicación y declaró a Dillman culpable de cuatro cargos de fraude electrónico y uno de conspiración. La decisión muestra que los miembros del panel consideraron probada la responsabilidad penal más allá de la disputa entre ambos socios sobre quién conocía qué aspectos de la operación. Mata, por su parte, continúa a la espera de su propia sentencia.
Sentencia penal y proceso civil de la SEC
Cada cargo de fraude electrónico puede acarrear una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta USD $250.000, aunque la sanción definitiva dependerá de las reglas federales de determinación de penas y de factores como las pérdidas atribuidas a los inversores. La fecha de la sentencia de Dillman todavía no había sido fijada al momento del reporte. Además de la prisión y las multas, el caso puede involucrar devolución de fondos y decomiso de bienes.
El veredicto penal no cierra todos los frentes legales. La SEC mantiene una acción civil contra Dillman y entidades relacionadas con Block Bits, en la que solicita órdenes judiciales para detener conductas, la devolución de beneficios, sanciones económicas y restricciones para participar en futuras colocaciones públicas de valores. Esas medidas tienen un objetivo distinto al proceso penal, porque buscan reparar pérdidas y limitar eventuales actividades futuras en el mercado.
La permanencia del procedimiento civil significa que las consecuencias para Dillman podrían extenderse más allá de la pena que determine el tribunal federal. El regulador sostiene que las promesas sobre el bot, el almacenamiento en frío y la estrategia de inversión formaron parte de una oferta engañosa, mientras que la condena penal aporta un resultado adverso en otro ámbito judicial. La resolución de las reclamaciones civiles dependerá de los pasos posteriores del litigio.
El caso también ilustra un riesgo recurrente en periodos de euforia cripto: las afirmaciones sobre algoritmos sofisticados pueden ser difíciles de verificar para quienes no tienen acceso al código, a los registros de operaciones o a información independiente sobre la custodia. En Block Bits, los fiscales convencieron al jurado de que la apariencia de innovación ocultaba una estructura distinta de la prometida. Dillman entra ahora en la etapa de sentencia, con la restitución y el decomiso aún pendientes.
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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.
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