Por Canuto  

Un juez federal de Los Ángeles evalúa mantener la orden de privacidad impuesta a Musical.ly en 2019, una decisión que podría impedir que TikTok active USD $100 millones de un acuerdo de USD $400 millones con el Departamento de Justicia.
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  • Un juez federal de Los Ángeles indicó tentativamente que rechazaría levantar la orden de consentimiento que supervisa las prácticas de privacidad heredadas de Musical.ly.
  • TikTok pagará USD $300 millones de inmediato, mientras que otros USD $100 millones dependen de que el tribunal anule la orden de 2019.
  • La decisión ocurre en un contexto de nuevas acusaciones sobre seguridad infantil y de mayor supervisión europea bajo la Ley de Servicios Digitales.

Un juez federal de Los Ángeles indicó tentativamente que rechazaría levantar el decreto de consentimiento impuesto a Musical.ly, la aplicación que ByteDance compró y convirtió en TikTok. La decisión deja en suspenso una parte de USD $100 millones dentro del acuerdo de USD $400 millones que el Departamento de Justicia anunció en agosto para resolver un caso de privacidad infantil presentado en 2024. La orden tentativa todavía puede cambiar, pero por ahora mantiene abierta la supervisión judicial sobre las prácticas de la plataforma.

Una salida judicial con precio condicionado

La estructura del acuerdo convierte la decisión del juez George H. Wu en un punto financiero central para TikTok y para el Gobierno de Estados Unidos. La empresa debe pagar USD $300 millones de inmediato, mientras que los USD $100 millones restantes solo vencen cuando entre en vigor una orden que anule el decreto correspondiente a Musical.ly. En términos prácticos, una cuarta parte del monto anunciado depende de que el tribunal acepte retirar esa vigilancia.

The Next Web, a partir de información de Vlad Savov y Josh Sisco para Bloomberg, reportó que Wu tiene la intención de mantener la supervisión de las prácticas de privacidad de la empresa. El juez escribió que ni TikTok ni el Gobierno habían demostrado que las obligaciones impuestas en la orden hubieran quedado obsoletas. Esa conclusión contradice, al menos de manera provisional, la posición de la autoridad que presentó y negoció la solución del caso.

El resultado crea dos lecturas sobre el valor de los USD $100 millones condicionados. Desde la perspectiva del Gobierno, el diseño del acuerdo puede entenderse como un pago adicional sujeto a que el tribunal permita cerrar un mecanismo de supervisión; desde la perspectiva de TikTok, la liberación de esa carga regulatoria tiene un valor explícito de USD $100 millones. Mientras no exista una decisión definitiva, ninguna de las partes puede tratar ese componente como resuelto.

El Departamento de Justicia sostuvo que la empresa experimentó cambios significativos en su propiedad, dirección, funciones de cumplimiento y prácticas de privacidad desde que comenzó el litigio. Según esa argumentación, esos cambios habían impulsado materialmente los intereses públicos que estaban detrás del caso y hacían innecesaria la continuidad de la orden. La postura resulta relevante porque la propia agencia encargada del cumplimiento pidió al tribunal que dejara de ejercer esa supervisión.

Qué exigía la orden de 2019

La Comisión Federal de Comercio llegó en febrero de 2019 a un acuerdo con Musical.ly por USD $5,7 millones, que entonces representaba la mayor multa por privacidad infantil obtenida por la agencia. Sin embargo, el dinero constituía solo una parte del alcance del decreto de consentimiento. El documento también creó obligaciones continuas, exigibles ante un tribunal, sobre la forma en que la empresa debía manejar los datos de los menores.

Entre esas obligaciones figuraba el cumplimiento permanente de la ley de privacidad infantil, así como la retirada de cada video elaborado por un usuario menor de 13 años. La compañía también debía destruir los datos recopilados de manera indebida o conseguir el consentimiento de los padres para conservarlos. Esas medidas no se agotaban con el pago de la multa, por lo que la tentativa de anularlas ahora representa una decisión sobre supervisión futura, no solo sobre una sanción pasada.

La cifra que TikTok podría pagar para terminar esas obligaciones equivale aproximadamente a 17 veces la multa original de Musical.ly. Esa comparación no significa que el nuevo acuerdo constituya una nueva determinación de responsabilidad por los hechos de 2019, pero sí muestra cuánto valor económico asignaron las partes a cerrar la etapa de vigilancia judicial. El Departamento de Justicia afirma expresamente que las reclamaciones resueltas son acusaciones y que no hubo una determinación de responsabilidad.

El acuerdo anunciado en agosto se relaciona con un caso de privacidad infantil presentado en 2024, mientras que el decreto que Wu analiza nació de la resolución alcanzada cinco años antes. La conexión entre ambos expedientes está en la condición que vincula el pago final con la anulación de la orden anterior. Por eso, el tribunal no solo revisa el monto del nuevo arreglo, sino si las circunstancias actuales justifican retirar compromisos que siguen vigentes desde la etapa de Musical.ly.

El contexto que rodea la decisión

El expediente sobre la anulación no incorpora necesariamente todos los episodios recientes que rodean a TikTok, pero esos antecedentes ayudan a entender por qué un juez puede exigir pruebas más contundentes de cumplimiento. Un juez de Texas declaró a TikTok responsable de decir a los padres que su aplicación era segura para los niños, pese a que la empresa sabía que no lo era, según el contexto citado en el reporte. Ese fallo pertenece a otro procedimiento y no determina el resultado ante Wu.

También existe un documento sellado que mostró que TikTok retuvo deliberadamente una función de seguridad para 15 millones de usuarios en Estados Unidos y los mantuvo como grupo de control. Ese episodio tampoco forma parte de la decisión de Wu, pero añade una pregunta sobre el alcance real de las soluciones que la empresa ya tenía disponibles. Para un tribunal que evalúa si la supervisión se volvió redundante, las mejoras anunciadas deben demostrar resultados y no únicamente cambios formales.

El contraste internacional refuerza la importancia de la disputa estadounidense. La Comisión Europea ha acusado a TikTok de no proteger a los menores bajo la Ley de Servicios Digitales, un marco que añade obligaciones continuas bajo la supervisión de un regulador en lugar de convertir la conducta en un pago único. En Estados Unidos, el acuerdo busca cerrar una controversia y posiblemente retirar la orden; en Europa, el enfoque descrito mantiene o amplía la vigilancia institucional.

La diferencia entre ambos modelos explica por qué la resolución tentativa trasciende los USD $100 millones en juego. En el proceso estadounidense, Wu aparece como el actor que sostiene la línea de supervisión, incluso cuando el Gobierno considera que los cambios de la empresa ya protegen suficientemente el interés público. Si la orden permanece, TikTok enfrentará simultáneamente las obligaciones de 2019 y las condiciones de cumplimiento del nuevo acuerdo, una combinación que elevaría la intensidad del control.

Qué queda por resolver

Los USD $300 millones de pago inmediato no están afectados por la decisión sobre la anulación. Si Wu rechaza definitivamente levantar el decreto, el Gobierno recaudará menos que el máximo previsto en el acuerdo, mientras que las obligaciones de 2019 continuarán vigentes. Si cambia de criterio y aprueba la salida, los USD $100 millones restantes pasarán a formar parte del desembolso total y TikTok dejará de estar sometida a ese mecanismo específico de supervisión.

La resolución tentativa funciona como una invitación para que las partes presenten argumentos adicionales antes de una decisión final. TikTok tiene incentivos para demostrar que sus cambios de propiedad, dirección, cumplimiento y privacidad cumplen el objetivo de la orden; el Gobierno, aunque defendió el acuerdo, deberá explicar por qué la terminación resulta compatible con la protección de los menores. El texto definitivo puede mantener la conclusión preliminar, modificarla o rechazarla.

Otro punto de vigilancia será la relación entre las condiciones del nuevo acuerdo y el decreto de Musical.ly. El Gobierno sostiene que las nuevas disposiciones fortalecen los controles de edad y la supervisión parental, pero un tribunal que mantenga la orden anterior permitiría que ambos sistemas operen al mismo tiempo. Esa coexistencia puede ofrecer más garantías, aunque también dejaría a TikTok con obligaciones duplicadas o superpuestas sobre una materia especialmente sensible.

El caso ilustra los límites de un marco federal de privacidad infantil creado en 1998, cuando la computadora familiar definía buena parte del acceso digital de los menores. Los USD $400 millones anunciados constituyen una de las mayores recuperaciones obtenidas bajo esa ley, aunque la cifra queda lejos de los USD $16.680 millones que Meta acordó pagar como máximo para resolver un caso de seguridad juvenil presentado por 29 estados. Las reclamaciones estatales de protección al consumidor y responsabilidad por productos han generado exposiciones mucho mayores.

La próxima señal será la conversión de la decisión tentativa en una resolución definitiva y el contenido de los escritos que presenten las partes. Hasta entonces, TikTok conserva la obligación de cumplir la orden de 2019, el Gobierno mantiene asegurados los USD $300 millones y los USD $100 millones adicionales permanecen condicionados. El desenlace definirá si las mejoras alegadas sustituyen la supervisión judicial o si, para Wu, la protección de los menores todavía requiere que ambas capas permanezcan activas.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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