Por Canuto  

El Departamento de Justicia de Estados Unidos elevó la presión sobre algunos de los bancos más grandes del país al enviar citaciones para indagar si cerraron cuentas de forma indebida por motivos políticos. El caso vuelve a cruzar banca, poder, regulación y criptomonedas en un momento en que varias de esas mismas instituciones apuestan por depósitos tokenizados y redes blockchain.
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  • JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo habrían recibido citaciones del Departamento de Justicia.
  • La pesquisa busca información sobre posibles cierres de cuentas o desbancado por razones políticas.
  • El caso reaviva denuncias históricas de la industria cripto mientras los bancos avanzan en tokenización.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió citaciones a varios de los bancos más grandes del país en una investigación sobre posibles cierres indebidos de cuentas bancarias. Entre las entidades señaladas figuran JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo.

La información fue reportada por TheStreet, que indicó que la pesquisa busca determinar si hubo clientes desbancarizados por razones políticas. El término se refiere al cierre o restricción de cuentas sin una justificación transparente o proporcional.

La indagación está siendo impulsada, según el reporte, por Jeanine Pirro desde la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos dentro del DOJ. El objetivo sería recopilar información sobre si los bancos actuaron de manera impropia al cortar relaciones con determinados clientes.

El tema no es menor porque el debate sobre el desbancado ha ganado fuerza en Washington. También ha cobrado relevancia entre sectores conservadores y dentro de la industria de criptomonedas, que desde hace años denuncia exclusión financiera encubierta.

En este contexto, la nueva ofensiva legal vuelve a colocar a la gran banca en el centro de una disputa que mezcla política, regulación y activos digitales. Además, llega en un momento en que varias de esas instituciones intentan reposicionarse como actores de la infraestructura blockchain regulada.

Una investigación que escala en paralelo a las demandas de Trump

Las citaciones llegan después de una campaña sostenida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para exponer supuestas prácticas discriminatorias de la banca contra conservadores. Según el reporte, Trump también incluyó entre los sectores afectados a industrias políticamente sensibles, incluida la de su propia familia.

Trump afirmó que fue excluido de cuentas en JPMorgan y Bank of America tras el fin de su primer mandato. Ese episodio habría ocurrido después del disturbio en el Capitolio de enero de 2021.

En agosto, el mandatario firmó una orden ejecutiva para instruir a los reguladores a examinar el llamado “desbancado politizado o ilegal”. La orden también planteó la posibilidad de imponer sanciones cuando se detecten irregularidades.

La presión no quedó solo en el plano administrativo. En enero, Trump demandó personalmente a JPMorgan y a su director ejecutivo, Jamie Dimon, al sostener que el cierre de sus cuentas obedeció a razones políticas.

La familia Trump también promovió otra demanda contra Capital One el año pasado. En ese caso, alegó que el banco decidió cerrar más de 300 cuentas empresariales vinculadas a Trump durante 2021.

De acuerdo con el reporte, la oficina de Pirro inició la investigación de forma independiente. También estaría coordinando con la Oficina del Controlador de la Moneda, conocida como OCC por sus siglas en inglés.

TheStreet indicó que contactó a JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Capital One y la oficina de Pirro para obtener comentarios. Wells Fargo declinó pronunciarse sobre el asunto, mientras los otros consultados no habían respondido al momento de la publicación.

El vínculo entre el desbancado y la industria de criptomonedas

Para el ecosistema cripto, la investigación toca una herida antigua. Durante años, fundadores, empresas y operadores del sector han denunciado que bancos tradicionales les cerraron cuentas o limitaron servicios sin ofrecer explicaciones claras.

Ese patrón ha sido descrito por varios líderes del sector como “Operación Chokepoint 2.0”. La expresión alude a un esfuerzo de la era Obama que, según sus críticos, apuntó contra industrias consideradas de alto riesgo.

El caso más concreto citado en el reporte corresponde a noviembre de 2025. Entonces, el CEO de Strike, Jack Mallers, aseguró públicamente que JPMorgan cerró de forma abrupta sus cuentas por “actividad preocupante” y por referencias a la Ley de Secreto Bancario, sin mayor detalle.

Las denuncias de este tipo han sido frecuentes en el entorno de las criptomonedas porque muchas empresas dependen del acceso al sistema bancario para operar. Sin cuentas corporativas, la capacidad para pagar nómina, mover tesorería o liquidar con clientes se reduce de forma drástica.

Por eso, la investigación del DOJ podría ser seguida con atención por empresas cripto y también por defensores de libertades civiles. Si la pesquisa avanzara, podría ofrecer más claridad sobre cómo se toman estas decisiones dentro de grandes instituciones financieras.

Al mismo tiempo, el caso muestra una contradicción visible. Varias de las entidades señaladas por presunto desbancado han intensificado su interés por tecnologías blockchain, pagos programables y formas tokenizadas de dinero bancario.

Los bancos se acercan a blockchain mientras enfrentan cuestionamientos

La tensión es especialmente llamativa en el caso de Bank of America y JPMorgan. Ambas instituciones han dado pasos recientes para acercarse al sector de activos digitales, aunque desde modelos regulados y bajo control bancario tradicional.

En diciembre de 2025, Bank of America recomendó a sus clientes una asignación en criptomonedas de entre 1% y 4%. Ese gesto fue interpretado como una apertura significativa de uno de los gigantes bancarios más relevantes de Estados Unidos.

JPMorgan, por su parte, lanzó en noviembre de 2025 su token de depósito JPMD para clientes institucionales en Base, la red de capa 2 de Ethereum desarrollada por Coinbase. El producto fue concebido como una representación digital de depósitos en dólares mantenidos dentro del banco.

A diferencia de una stablecoin tradicional, JPMD representa un depósito bancario real y puede canjearse a través de los propios rieles de la entidad. Según el reporte, desde entonces también se expandió hacia la red Canton.

La apuesta no termina allí. El 5 de junio de este año, The Wall Street Journal informó que JPMorgan y Bank of America, junto con Citi y Wells Fargo, están construyendo una red compartida de depósitos tokenizados mediante The Clearing House.

Ese sistema tendría como meta lanzarse en la primera mitad de 2027. Su diseño apunta a mantener los depósitos dentro del sistema bancario regulado mientras ofrece funciones cercanas a las de las criptomonedas, como liquidaciones instantáneas las 24 horas y pagos programables.

La lógica estratégica es clara. Los bancos buscan responder al avance de emisores de stablecoins como Tether y Circle, cuya infraestructura ofrece velocidad y disponibilidad permanente fuera de los rieles bancarios convencionales.

Un choque entre control financiero, competencia y libertad de acceso

Más allá de los nombres involucrados, el caso refleja un debate estructural sobre quién puede acceder al sistema financiero y bajo qué criterios. Esa discusión es especialmente sensible cuando las decisiones de cierre de cuentas se mezclan con ideología, reputación o actividad económica controversial pero legal.

Los bancos tienen obligaciones estrictas en materia de cumplimiento, prevención de lavado de dinero y monitoreo de riesgos. Sin embargo, sus críticos sostienen que esas facultades pueden derivar en decisiones opacas que dejan a clientes sin vías efectivas para defenderse.

En la industria cripto, este riesgo se amplifica porque muchas firmas operan en una zona donde la innovación avanza más rápido que la regulación. Eso hace que algunas entidades prefieran evitar exposición al sector, incluso si determinadas actividades son legales.

Desde la óptica política, el asunto también se ha convertido en una bandera partidista en Estados Unidos. Las denuncias de desbancado contra conservadores agregan una capa de polarización que puede acelerar investigaciones, demandas y presión sobre los reguladores.

Para los mercados, la señal es ambivalente. Por un lado, una pesquisa de este tipo puede elevar el escrutinio legal sobre los bancos; por el otro, también puede obligarlos a definir con mayor transparencia cómo gestionan clientes vinculados con criptomonedas, política o sectores sensibles.

En cualquier escenario, la controversia subraya una paradoja cada vez más visible. Las instituciones financieras tradicionales quieren competir con la eficiencia tecnológica de blockchain, pero siguen cargando con cuestionamientos sobre apertura, neutralidad y trato equitativo hacia sus usuarios.

Si la investigación prospera, podría tener efectos más allá de esta ronda de citaciones. También podría influir en el futuro de los depósitos tokenizados, en la relación entre bancos y empresas cripto, y en la forma en que Washington define los límites del poder financiero privado.


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