Una demanda colectiva solicita que más de 330.000 importadores puedan recibir reembolsos por los aranceles aplicados bajo la IEEPA, mientras el gobierno de Trump sostiene que solo deben cobrar quienes iniciaron un litigio.
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• Los abogados de la demanda pidieron a la Corte de Comercio Internacional una orden para habilitar reembolsos universales, con intereses.
• CBP había tramitado la devolución de USD $121.750 millones hasta el 10 de julio, pero miles de importadores todavía esperan recuperar su dinero.
• El Departamento de Justicia tiene hasta el 9 de diciembre para responder a la moción de reparación, mientras el debate también gana peso político.

Demanda busca ampliar a más de 330.000 importadores los reembolsos por aranceles de EE.UU.

Los importadores estadounidenses podrían acercarse a una devolución general de los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Los abogados que representan a una demanda colectiva solicitaron a la Corte de Comercio Internacional de EE.UU. que ordene un mecanismo de reparación para devolver los fondos recaudados, con intereses, a más de 330.000 importadores de registro, incluso a quienes no presentaron demandas individuales.

La moción busca resolver una brecha entre el fallo de la Corte Suprema contra esos gravámenes y la situación de miles de empresas que todavía no han recibido el dinero. El gobierno de Donald Trump se opone a una devolución para todos y sostiene que solo deberían cobrar los importadores que acudieron a los tribunales para reclamar.

La disputa importa más allá de los balances empresariales: los aranceles elevaron costos para compañías que trasladaron parte de la carga a sus precios, en un contexto de presión por el costo de vida y de guerra con Irán. Una devolución a las empresas podría aliviar esas finanzas y, según la cobertura de Fortune, aumentar la posibilidad de que algunas compañías también compensen a sus clientes, aunque no existe en la información disponible una garantía de pagos directos a consumidores.

La demanda intenta abrir una ruta colectiva para los reembolsos

El caso, Freestyle World, Inc. v. United States, se tramita ante la Corte de Comercio Internacional de EE.UU. y quedó certificado como demanda colectiva el 8 de octubre, según Lieff Cabraser. El martes 10 de noviembre, los abogados presentaron una moción para que el tribunal dicte una orden de reparación que permita distribuir los reembolsos entre los miembros de la clase, en lugar de obligarlos a iniciar litigios separados para recuperar los aranceles.

Los copresidentes del equipo legal, Lawrence Friedman, socio de Barnes, Richardson & Colburn, y Elizabeth Cabraser y Nicholas Diamand, socios de Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, dijeron a Fortune que la orden propuesta daría a la agencia la autoridad que afirma necesitar para reembolsar el total con intereses. También destacaron que el mecanismo podría beneficiar a pequeñas empresas que no cuentan con recursos para sostener sus propios casos.

El alcance es relevante porque miles de importadores ya iniciaron acciones individuales, mientras otros no lo hicieron por falta de medios o por obstáculos administrativos. La demanda colectiva busca incluir a quienes pagaron los gravámenes, pero quedaron al margen de esos litigios, y no solo a las compañías con capacidad para contratar abogados y seguir un proceso judicial propio.

La moción también contempla situaciones de importadores que no lograron completar correctamente sus solicitudes, que carecen de documentación adecuada o que compraron productos mediante un importador de registro externo de mayor tamaño. Por ahora, la posibilidad de que esos grupos reciban fondos depende de lo que resuelva el tribunal y de la posición que adopte el gobierno en sus respuestas.

Los pagos de CAPE no han alcanzado a todos los afectados

La decisión de la Corte Suprema, emitida en febrero, concluyó que los aranceles establecidos bajo la IEEPA excedían las facultades presidenciales. El tribunal determinó el 20 de febrero que esa ley no autoriza al presidente a imponer aranceles, según un análisis de Holland & Knight. El fallo abrió la puerta a reembolsos por cientos de miles de millones de dólares para los importadores que asumieron el costo de los gravámenes, aunque la implementación ha avanzado por vías administrativas y judiciales distintas.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) había tramitado la devolución de USD $121.750 millones hasta el 10 de julio, según información de la agencia citada por EFE y publicada por Yahoo Noticias. La cifra se acerca a una parte sustancial del total en disputa, pero no significa que todos los importadores hayan recibido el dinero: miles todavía esperan recuperar los fondos y enfrentan barreras que van desde errores técnicos en sus trámites hasta problemas con los documentos presentados.

La existencia del sistema CAPE no ha eliminado esas dificultades ni resuelto quién tiene derecho a recibir la devolución sin demandar. Algunos negocios encontraron fallas técnicas al cargar sus solicitudes; otros no presentaron la documentación requerida o dependieron de terceros que figuraban como importadores de registro, lo cual puede complicar la recuperación directa de los fondos.

El calendario judicial añade plazos concretos a una controversia que sigue abierta. El Departamento de Justicia, que representa al gobierno, tiene hasta el 13 de noviembre para contestar la demanda inicial y hasta el 9 de diciembre para responder a la moción de reparación. Al momento de la publicación de Fortune, la agencia no había respondido a su solicitud de comentarios.

El gobierno cuestiona la orden universal y crece la presión política

El juez Richard Eaton, de la Corte de Comercio Internacional, preside los casos de reembolso de aranceles y ha respaldado repetidamente una solución amplia. En marzo dictaminó que todos los importadores que pagaron gravámenes bajo la IEEPA tenían derecho a reembolsos y, al mes siguiente, emitió una orden universal para que se procesaran; además, señaló que mantendría ese criterio en los casos que llegaran ante él.

La administración Trump apeló esa orden en junio y argumentó que Eaton excedió su autoridad. En su presentación, el Departamento de Justicia sostuvo que CBP carece de facultades para reliquidar entradas o devolver dinero sin una orden judicial, y que el gobierno no puede reembolsar a importadores que no hayan demandado para recuperar lo pagado.

La disputa también aborda el alcance de las órdenes judiciales universales. La administración Trump ha combatido históricamente este tipo de medidas y, en junio pasado, obtuvo una victoria legal que limitó una orden que inicialmente bloqueaba su iniciativa para restringir la ciudadanía por nacimiento; la Corte Suprema determinó que futuras órdenes sobre ese asunto debían limitarse a los demandantes de cada caso.

Eaton ha respondido que esas restricciones no necesariamente alcanzan a la Corte de Comercio Internacional, porque ese tribunal tiene jurisdicción exclusiva sobre asuntos comerciales y no funciona como un tribunal de distrito típico. La diferencia jurídica será central para decidir si una orden puede abarcar a todos los importadores afectados o si cada empresa tendrá que obtener una resolución propia.

Las elecciones pueden aumentar el costo político de la demora

Mientras los jueces resuelven la disputa, los demócratas podrían presionar a CBP para acelerar el proceso tras las elecciones de mitad de mandato de 2026. En junio, la senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, escribió a la agencia para pedir que aumentara el ritmo de los reembolsos y criticó que el gobierno ralentizara las devoluciones después del fallo de la Corte Suprema.

Warren sostuvo que la administración debió devolver con rapidez el dinero pagado por los aranceles y la acusó de buscar formas de retener fondos que, según su argumento, no pertenecían al gobierno. Su intervención refleja que el debate ya no se limita a los procedimientos aduaneros: también se convirtió en un punto de presión política por los costos que los gravámenes impusieron a empresas y compradores.

Los demócratas también anunciaron que buscarán impedir la aprobación de nuevos aranceles mediante la derogación legislativa de gravámenes específicos, comenzando por los aplicados a Canadá. El senador Ron Wyden, demócrata de Oregón y posible próximo presidente del Comité de Finanzas del Senado, encabeza ese esfuerzo y vinculó los impuestos a productos necesarios con un costo político creciente para los republicanos que los respaldan.

El desenlace inmediato dependerá de las respuestas del Departamento de Justicia y de cómo la Corte de Comercio Internacional interprete su autoridad para ordenar reembolsos generales. Si el tribunal acepta la propuesta, podrían beneficiarse empresas que no lograron obtener el dinero por CAPE o que no iniciaron una demanda individual; si prevalece la postura del gobierno, muchos importadores tendrían que seguir buscando una solución caso por caso.

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