Por Canuto  

El gobierno húngaro estudia una ley para reorganizar o disolver la autoridad que supervisa los juegos de azar y retirar sus poderes sobre concesiones, después de que extendiera sin licitación la licencia del casino de Sopron hasta 2061. La medida también reabre el debate sobre la independencia del organismo y su papel previo en la regulación de las conversiones de criptomonedas.

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  • La SZTFH otorgó a CAI Hungary Kft. una concesión para operar el casino de Sopron hasta 2061, sin una licitación pública, según reportes citados por medios especializados.
  • El gobierno ordenó estudiar la disolución del regulador y la transferencia de sus funciones antes del 30 de septiembre.
  • Las concesiones de casinos y tabaco están bajo revisión, mientras el Ejecutivo busca retirar el veto de la autoridad sobre esos contratos.

 

 

El gobierno de Hungría estudia una ley para reorganizar o disolver la Autoridad de Supervisión de Actividades Reguladas, conocida como SZTFH, después de que el organismo otorgara una concesión para operar el casino de Sopron hasta 2061 sin una licitación pública.

La decisión abrió una disputa política sobre la independencia del regulador, sus amplias competencias y la forma en que se asignan concesiones estatales en sectores con alto impacto económico.

El Ejecutivo anunció que presentará legislación para quitarle a la autoridad sus poderes sobre concesiones, al cuestionar su actuación y los costos asociados con el organismo. La SZTFH respondió que cooperará con el proceso, aunque defendió su autonomía y destacó la relevancia económica de las actividades que supervisa.

La concesión que desató la ofensiva política

El caso que puso a la SZTFH en el centro de la controversia involucra al casino de Sopron, una ciudad húngara ubicada en la frontera con Austria. Según un reporte publicado el 23 de julio por el periódico económico Mfor, la empresa húngara de responsabilidad limitada que posee la concesión tenía una licencia de diez años cuyo vencimiento estaba previsto para el 15 de enero.

La autoridad extendió primero esa licencia durante seis meses, hasta el 31 de julio, y posteriormente otorgó un nuevo plazo que se extiende hasta 2061. El registro público de licencias de la SZTFH identifica a CAI Hungary Kft. como la empresa asociada al casino de Sopron y señala como fecha de vencimiento el 13 de enero de 2061. Según los reportes citados, no hubo una licitación pública, porque la legislación húngara permite contratar directamente con un denominado organizador de juegos de azar confiable.

La duración del acuerdo convirtió una decisión administrativa en un asunto político de primer orden, ya que compromete la explotación del casino durante 35 años adicionales. El gobierno también revisa concesiones de tabaco y otros contratos vinculados con actividades reguladas, en un proceso que podría modificar la manera en que el Estado controla sectores con ingresos fiscales y vínculos empresariales relevantes.

La revisión no comenzó únicamente después de la controversia por Sopron. Una resolución publicada el 18 de junio había encargado a cuatro ministros examinar las concesiones de tabaco y a tres ministros revisar las relacionadas con casinos, lo que muestra que el Ejecutivo ya evaluaba el modelo antes de anunciar la posible desaparición de la SZTFH.

Plan para disolver la autoridad

La resolución gubernamental publicada en el Magyar Közlöny el 31 de agosto ordenó estudiar el marco jurídico de la SZTFH y determinar cómo podrían disolverse sus estructuras. El documento contempla transferir sus responsabilidades a organismos que queden bajo control gubernamental, mientras el Ministerio de Justicia debe presentar un informe con las alternativas regulatorias antes del 30 de septiembre.

El gobierno sostiene que la autoridad fue creada en 2021 por la administración anterior para supervisar áreas que, a su juicio, no guardan una relación natural entre sí. Entre ellas se encuentran el comercio minorista de tabaco, la cámara de alguaciles, los juegos de azar, la minería, el registro de liquidadores y las actividades regidas por contratos de concesión.

En un comunicado fechado el 2 de septiembre, el Ejecutivo afirmó que el elemento común entre esas áreas era la existencia de fuertes críticas por sus presuntos vínculos políticos. También cuestionó la independencia de la SZTFH, porque un exsecretario de Estado administrativo de la Oficina del Gabinete del Primer Ministro fue designado para dirigirla durante nueve años y sus cargos superiores no exigían concursos públicos.

El primer presidente de la autoridad fue Marcell Biró, quien dejó el cargo en 2024 para convertirse en asesor jefe de seguridad nacional del entonces primer ministro Viktor Orbán. Ese mismo año, László Nagy fue designado presidente por un periodo de nueve años, una duración que el gobierno actual presenta como otro elemento que dificulta modificar el control político y administrativo sobre el organismo.

El gobierno quiere eliminar el veto a las concesiones

Durante una conferencia de prensa, el Ejecutivo afirmó que la SZTFH servía a intereses privados y no a los intereses públicos. También sostuvo que el organismo costaba dinero adicional al Estado y que sus funciones serían redistribuidas entre otras entidades, aunque el proceso requerirá cambios legislativos y decisiones sobre la continuidad de cada competencia.

La portavoz gubernamental Anita Köböl explicó que la autoridad perdería su derecho de veto sobre los contratos de concesión. El gobierno llevará al Parlamento la eliminación de esos poderes y también plantea abolir el Consejo de Concesiones, una institución vinculada al mismo esquema de aprobación y supervisión.

El Ejecutivo indicó que las concesiones de casinos y tabaco están sometidas a una revisión total. Esa revisión podría abarcar tanto contratos ya adjudicados como los procedimientos empleados para extenderlos, aunque el material disponible no anticipa qué acuerdos concretos quedarían anulados o renegociados.

El ministro de Transporte, Dávid Vitézy, ya había señalado que algunas concesiones otorgadas antes de las elecciones se prolongaban hasta 2061. En esa ocasión sostuvo que entre los beneficiarios había actores políticos y que el análisis podía conducir hasta un exmiembro del gabinete, sin identificar en la información disponible a una persona específica como beneficiaria del acuerdo del casino de Sopron.

La defensa de la SZTFH y el antecedente cripto

La SZTFH se describió en un comunicado del 1 de septiembre como un órgano regulador autónomo que responde únicamente ante el Parlamento. La autoridad afirmó que los sectores bajo su supervisión emplean directamente a más de 50.000 personas y generan más de HUF 1.000.000 millones, equivalentes a USD $3.160 millones, al año en ingresos estatales procedentes de impuestos y cotizaciones.

El organismo también enumeró resultados que, según su posición, justifican la continuidad de una supervisión especializada. Entre ellos mencionó las acciones contra operadores ilegales de juegos en línea, las normas de tabaco destinadas a proteger a los menores, un marco para la energía geotérmica y un régimen nacional de auditoría de ciberseguridad en el que casi el 90% de las entidades cubiertas aprobó.

La autoridad añadió que el derecho de la Unión Europea exige que ciertas funciones estatales sean ejercidas por un organismo independiente del gobierno central. Ese argumento podría complicar una transferencia directa de competencias a entidades bajo control gubernamental, aunque la SZTFH cerró su comunicado asegurando que cooperará plenamente con el ministro designado para preparar la resolución sobre su futuro.

La historia también tiene una dimensión relevante para el mercado de criptomonedas, porque la SZTFH formó parte del régimen húngaro de validación de operaciones cripto. Ese sistema exigía que determinadas conversiones de criptomonedas fueran validadas previamente por un proveedor autorizado. Sin embargo, el Parlamento húngaro eliminó posteriormente el requisito obligatorio de validación y derogó delitos relacionados con ese esquema, según reportes recientes.

Qué significa el cambio para la regulación

La posible desaparición de la SZTFH no implica necesariamente una reducción de la supervisión estatal, sino una redistribución de sus atribuciones entre otros organismos. El gobierno ha presentado la medida como una respuesta a conflictos de interés y a la falta de transparencia en concesiones, mientras la autoridad defiende que su autonomía protege funciones que la normativa europea no debería dejar bajo control directo del Ejecutivo.

El caso de Sopron ilustra esa tensión con particular claridad: la ley permitió evitar una licitación pública, pero la extensión hasta 2061 generó cuestionamientos sobre la conveniencia de comprometer una concesión durante varias décadas. Para los críticos del acuerdo, la legalidad formal del procedimiento no resuelve por sí sola las dudas sobre competencia, rendición de cuentas y concentración de beneficios.

El debate húngaro ocurre mientras Europa mantiene una supervisión más amplia de los juegos en línea y los mercados digitales, no una retirada regulatoria. En paralelo, la Autoridad Europea de Valores y Mercados recordó a las empresas que siguen vigentes las reglas y obligaciones de la Unión Europea sobre las medidas aplicables a las opciones binarias, en medio del crecimiento mundial de los mercados de predicción.

Ese contexto regional refuerza la importancia de definir con precisión qué organismo supervisará cada actividad en Hungría, especialmente cuando una misma estructura ha intervenido en casinos, concesiones, ciberseguridad y conversiones de criptomonedas.

El informe que el Ministerio de Justicia debe entregar antes del 30 de septiembre será el siguiente punto formal del proceso. Después, el Parlamento deberá examinar la legislación para retirar los poderes de concesión, resolver el futuro del Consejo de Concesiones y determinar cómo se trasladarán las responsabilidades sin crear vacíos de supervisión.

Por ahora, el acuerdo del casino de Sopron permanece como el detonante de una revisión más amplia sobre la relación entre poder político, concesiones de largo plazo y organismos reguladores independientes. La decisión final del gobierno sobre casinos y tabaco permitirá medir si la ofensiva termina en una reforma institucional o en una reestructuración con alcances todavía mayores.

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