Por Canuto  

Emil Michael, subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería y director de tecnología del Departamento de Guerra, defendió que Washington use controles de exportación contra laboratorios de IA que no cooperen con el Gobierno. También explicó por qué, según él, Anthropic no puede trabajar con el Departamento de Guerra mientras sus modelos puedan anteponerse a las decisiones de los comandantes.
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  • Michael considera que los controles de exportación son una herramienta legítima para presionar a las empresas de IA y dijo que el Gobierno actuaría con rapidez ante un problema real.
  • El funcionario espera que el Gobierno gane la disputa con Anthropic y condiciona una eventual colaboración militar a que la empresa no otorgue autoridad a sus modelos sobre las personas.
  • El Pentágono afirma que 1,7 millones de sus 3,5 millones de empleados usan IA; el grupo de trabajo prepara pautas para incidentes y una revisión de las leyes vigentes.

Emil Michael, subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería y director de tecnología del Departamento de Guerra, defendió que el Gobierno de Estados Unidos recurra a controles de exportación para presionar a laboratorios de inteligencia artificial que no cooperen con las autoridades. En una entrevista con Amir Efrati y Leo Schwartz, de The Information, sostuvo que Washington dispone de varias herramientas para responder a riesgos y que actuaría con urgencia si surgiera un problema real.

Sus declaraciones llegaron un día después de la primera reunión completa de la Fuerza de Superinteligencia, el nuevo grupo de trabajo de IA de la Casa Blanca. Michael participa en la relación entre el Gobierno y los laboratorios, así como en la gestión de la información que estas empresas deben comunicar sobre incidentes; ese doble papel sitúa sus comentarios en el centro del debate sobre supervisión y acceso gubernamental a tecnologías avanzadas.

Controles de exportación como herramienta de presión

Al preguntarle si los controles de exportación eran una forma adecuada de mantener a las compañías alineadas con el Gobierno, Michael respondió que sí. Como antecedentes, mencionó restricciones históricas a la exportación de cifrado y límites al uso de tecnología por parte de ciudadanos extranjeros, aunque no detalló qué medidas específicas aplicaría a cada laboratorio de IA.

El funcionario también enumeró otras vías de acción, entre ellas la intervención del Departamento de Justicia. Su argumento fue que la Casa Blanca no depende de una sola herramienta para responder a una conducta que considere riesgosa, sino que puede combinar instrumentos regulatorios y acciones de aplicación de la ley, según las circunstancias de cada caso.

Para ilustrar la rapidez con que, a su juicio, podría actuar la Administración, Michael afirmó que Anthropic se negó a retirar un modelo vulnerable a un “jailbreak”. Según su relato, la empresa quedó bajo controles de exportación en un plazo de dos horas desde su negativa; la entrevista no ofrece más detalles sobre el incidente ni sobre el alcance de esos controles.

“Pueden contar con esta Administración y con este presidente para actuar con urgencia si alguna vez hay un problema real”, dijo Michael. La frase plantea una postura de intervención inmediata ante riesgos que el Gobierno considere concretos, pero deja sin precisar los criterios para determinar cuándo una falla o un uso indebido justificarían restricciones de exportación.

Michael cuestiona los pedidos de regulación

El subsecretario también criticó a las empresas que solicitan nuevas reglas para contener posibles riesgos de sus propios sistemas. Según describió, algunos laboratorios plantean que el Gobierno debería detenerlos antes de que desarrollen algo peligroso, una petición que, en su lectura, podría buscar que sus competidores no lleguen primero a tecnologías similares.

Michael resumió esa posición con una comparación provocadora: “Soy el conductor ebrio en el coche. Tienen que pararme”. La metáfora representa la solicitud de regulación como una admisión de que el sector no puede controlar por sí mismo los riesgos, aunque el funcionario puso en duda que esa lógica sea coherente cuando las compañías compiten entre sí.

En contraste, sostuvo que las leyes actuales son “más que suficientes” para abordar los problemas vinculados con la IA. Aclaró que esa conclusión responde a su propia interpretación de las normas y a lo que, según dijo, le ha comentado Andrew Ferguson, a quien presentó como presidente de la Comisión Federal de Comercio; no ofreció en la entrevista un análisis jurídico detallado de esas leyes.

La Fuerza de Superinteligencia tendrá entre sus tareas revisar el marco legal que ya se aplica a las empresas de IA y elaborar una respuesta a incidentes. Por separado, los asesores científicos del presidente estudiarán si Estados Unidos necesita nuevas leyes, de modo que la discusión sobre mantener las normas existentes o crear otras seguirá abierta dentro del propio Gobierno.

La disputa con Anthropic y las condiciones militares

Michael afirmó que Anthropic sigue fuera del Departamento de Guerra, tal como el departamento había indicado que ocurriría seis meses antes. El Pentágono calificó a la compañía como un riesgo para la cadena de suministro. El 25 de septiembre, una corte federal de apelaciones confirmó esa designación en una decisión dividida, según CNBC. Anthropic pidió al pleno de la corte que vuelva a examinar el caso; Michael dijo que espera que el Gobierno gane la disputa.

La exclusión institucional no ha eliminado todo contacto entre las partes, según el funcionario, quien dijo que todavía habla con la empresa. También relató que vio a su director ejecutivo, Dario Amodei, en un evento de la Casa Blanca unas semanas antes, y aseguró que Anthropic recibirá un trato justo e imparcial en el trabajo de la Fuerza de Superinteligencia, igual que los demás laboratorios.

Michael separó esa participación en el grupo de trabajo de una posible colaboración con el Departamento de Guerra. Su objeción se centra en la idea de que un modelo pueda tener sentimientos o imponerse a los fundadores de la empresa, un principio que, según él, Anthropic incorpora en el software mediante la constitución que acompaña a sus modelos.

“Si no quieren que los humanos pierdan el control, no pueden dar a los modelos el control sobre los humanos”, planteó Michael. Para el ámbito militar, fijó un límite aún más concreto: un sistema de IA no puede interponerse entre un comandante y su superior, y agregó que no habrá conversaciones sobre trabajar con Anthropic en el departamento mientras la empresa no cambie ese principio.

El funcionario señaló que Elon Musk y Google firmaron los mismos términos de uso, que, según explicó, cubren todos los usos legales. Esa comparación presenta las condiciones aceptadas por otros actores como referencia para las relaciones con el Pentágono, aunque la entrevista no expone en detalle el texto de esos acuerdos ni cómo se aplicaría en cada situación operativa.

Más usuarios y competencia por los modelos abiertos

Michael afirmó que unos 1,7 millones de los 3,5 millones de empleados del Departamento de Guerra utilizan actualmente herramientas de IA, frente a 80.000 usuarios un año antes. La cifra apunta a una expansión considerable del uso dentro de la institución, aunque no especifica cuántos empleados utilizan cada sistema ni con qué frecuencia lo hacen.

En junio, la plataforma de IA del Pentágono registró 1,5 millones de usuarios, añadió el funcionario. Esa cantidad corresponde a una medición distinta de la cifra general sobre empleados que usan IA, y la información no precisa si ambas métricas describen las mismas cuentas o periodos de actividad; por eso, no deben interpretarse automáticamente como cifras equivalentes.

Michael dijo que favorece los modelos de código abierto desarrollados en Estados Unidos y mencionó Nemotron, de Nvidia, Reflection AI y Thinking Machines. Sin embargo, reconoció que ninguno de esos modelos está todavía en la frontera tecnológica, una limitación relevante para su preferencia por alternativas abiertas frente a sistemas de capacidades más avanzadas.

El funcionario expresó cierta preocupación ante la posibilidad de que modelos abiertos chinos ganen predominio en Estados Unidos. Su argumento fue que sus creadores están sujetos a las reglas del Gobierno chino; no presentó datos sobre una cuota de mercado o una adopción efectiva, sino una inquietud sobre la influencia que podría acompañar a esa dependencia tecnológica.

El trabajo de la Fuerza de Superinteligencia, según Michael, dará lugar a un marco de respuesta a incidentes, planes para fortalecer la infraestructura crítica y una revisión de las leyes que ya alcanzan a las empresas de IA. En paralelo, los asesores científicos del presidente examinarán la necesidad de aprobar nuevas normas, mientras el Pentágono impulsa un mayor uso interno y define qué condiciones exige a los proveedores.


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