El Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó una norma que obligará a ciertos proveedores de servicios cripto a recopilar y reportar información de sus clientes desde 2027. La medida adopta el marco de la OCDE y busca dar visibilidad fiscal a las operaciones, sin crear un nuevo impuesto sobre las criptomonedas.
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- Los proveedores de servicios cripto cubiertos deberán verificar clientes y presentar informes anuales al Departamento de Impuestos Internos de Hong Kong.
- La recopilación de datos comienza el 1 de enero de 2027 y los primeros intercambios automáticos con otras jurisdicciones están previstos para 2028.
- La ley adopta el marco CARF de la OCDE y modifica reglas del Estándar Común de Información, pero no crea un impuesto nuevo.
⚖️ Hong Kong aprueba reportes de operaciones cripto desde 2027
Los proveedores cubiertos deberán verificar clientes y enviar informes anuales a la autoridad fiscal.
El intercambio automático de datos con otras jurisdicciones está previsto para 2028. La norma no crea un nuevo… pic.twitter.com/POmWQGKwAS
— Diario฿itcoin (@DiarioBitcoin) November 4, 2026
Hong Kong aprueba reglas de la OCDE para reportar operaciones cripto desde 2027
El Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó una ley que obligará a determinados proveedores de servicios de criptoactivos vinculados con la ciudad a recopilar información de sus clientes y reportarla a la autoridad fiscal. Las obligaciones comenzarán el 1 de enero de 2027, mientras que los primeros intercambios automáticos de información con otras jurisdicciones están previstos para 2028, según informó Crypto Briefing.
La norma no introduce un impuesto nuevo sobre las criptomonedas ni modifica por sí sola cuánto debe pagar cada contribuyente. Su propósito es ampliar la información disponible para las autoridades y hacer que las operaciones con activos digitales puedan quedar bajo el alcance de los sistemas fiscales existentes.
Qué establece la ley aprobada
La legislación se denomina proyecto de ley de 2026 de la Ordenanza de Impuestos Internos (Enmienda) (Marco de Información sobre Criptoactivos y Estándar Común de Información Modificado). El Consejo Legislativo, conocido como LegCo, la aprobó el 4 de noviembre de 2026, después de que el proyecto fuera publicado en la Gaceta el 22 de mayo de ese año.
El cambio incorpora en la normativa local el Marco de Información sobre Criptoactivos, o CARF, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos presentó en 2023. Ese marco ofrece un estándar para que las jurisdicciones participantes recopilen información sobre la actividad de usuarios en plataformas de criptoactivos y puedan reportarla a las autoridades fiscales.
La obligación recaerá sobre las empresas clasificadas como proveedores de servicios de criptoactivos que presentan informes, identificadas en la norma como RCASPs. La categoría incluye exchanges, corredores e intermediarios similares con una conexión con Hong Kong; el texto no señala plataformas ni tokens específicos, sino que define un alcance general a partir de la actividad y la relación con la jurisdicción.
Los RCASPs deberán aplicar procesos de diligencia debida a sus clientes y entregar anualmente al Departamento de Impuestos Internos de Hong Kong, o IRD, la información pertinente de los contribuyentes. La ley también exige que los proveedores comprendidos se registren ante el IRD desde el 1 de enero de 2027, con independencia de su nivel de actividad.
Fechas de implementación y reportes
La entrada en vigor de las obligaciones de recopilación de datos está fijada para el 1 de enero de 2027. Desde esa fecha, las plataformas cubiertas tendrán que contar con procedimientos para identificar a sus clientes, conservar registros de las operaciones relevantes y preparar los informes anuales que exige la normativa.
El registro ante el IRD constituye otro requisito operativo asociado al inicio del régimen. La obligación comprende a los negocios que califiquen como RCASP, incluso si su actividad es limitada, por lo que las empresas deberán determinar si entran en la definición y completar el registro correspondiente para cumplir con la fecha de aplicación.
El calendario hacia la aprobación incluyó una consulta pública realizada entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. De acuerdo con la información publicada sobre el proceso, las partes interesadas respaldaron ampliamente las propuestas; posteriormente, el gobierno publicó el proyecto en la Gaceta el 22 de mayo de 2026 y los legisladores lo aprobaron en noviembre.
Los primeros intercambios automáticos de información entre Hong Kong y otras jurisdicciones participantes están programados para 2028. Esto significa que la recopilación doméstica comenzará antes de que se active esa etapa internacional, aunque la ley prevé que los datos reportados puedan compartirse después mediante los mecanismos de intercambio correspondientes.
El vínculo con la transparencia fiscal internacional
La aprobación se enmarca en los compromisos de Hong Kong en materia de transparencia tributaria y en la adopción de estándares promovidos internacionalmente. El gobierno ha señalado que quiere proteger la posición global de la ciudad, en particular ante los comentarios de la OCDE surgidos de las revisiones entre pares de sus prácticas fiscales.
El objetivo declarado es reducir el riesgo de que los activos digitales se utilicen para evadir impuestos mediante operaciones que las autoridades no pueden observar con facilidad. La norma busca, por tanto, que la actividad realizada a través de proveedores cubiertos genere información disponible para la administración tributaria, sin establecer una nueva obligación impositiva específica para las criptomonedas.
El proyecto también actualiza las reglas de Hong Kong vinculadas al Estándar Común de Información, conocido como CRS. Ese marco ya rige el intercambio internacional de información sobre cuentas financieras, y las disposiciones modificadas entrarán en vigor junto con las nuevas reglas de reporte para criptoactivos.
La combinación de CARF y CRS sitúa las operaciones con activos digitales dentro de los esfuerzos de información fiscal que ya abarcan otros servicios financieros. La reforma no implica que ambos marcos sean idénticos: la legislación modifica el CRS existente y, por separado, incorpora las obligaciones de reporte de criptoactivos asociadas al CARF.
Qué cambia para plataformas y usuarios
Para las empresas alcanzadas, el efecto inmediato será principalmente operativo. Tendrán que establecer mecanismos de verificación de clientes, mantener registros de transacciones y presentar informes anuales al IRD, además de cumplir con el requisito de inscripción que comienza en 2027.
Los usuarios que operen mediante plataformas cubiertas deberán considerar que la información pertinente de sus operaciones podrá llegar a la autoridad fiscal a través de los reportes exigidos. Si los intercambios automáticos empiezan según lo previsto en 2028, esos datos también podrán compartirse con otras jurisdicciones participantes, de acuerdo con los procedimientos aplicables.
La medida no convierte automáticamente cada operación en un hecho imponible nuevo ni cambia por sí misma las obligaciones tributarias de los usuarios. Su foco es la visibilidad: la autoridad recibirá información sobre actividad cripto que antes podía resultar menos accesible, dentro de los marcos fiscales vigentes.
El alcance dependerá de que un proveedor cumpla con la definición de RCASP y tenga la conexión con Hong Kong contemplada por la norma. Por eso, la aprobación no equivale a una obligación universal para toda plataforma o persona que use criptomonedas, aunque sí establece un nuevo estándar de información para los servicios comprendidos en la jurisdicción.
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