Por Canuto  

Una jueza federal rechazó el intento del Departamento de Justicia de EE. UU. de obligar a Google a vender AdX, aunque mantuvo medidas correctivas por su conducta anticompetitiva.
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  • La jueza Leonie Brinkema rechazó ordenar la venta de AdX, el intercambio de anuncios de Google.
  • El fallo mantiene las conclusiones de monopolios ilegales en servidores publicitarios y bolsas de anuncios.
  • La decisión representa otro revés para los reguladores que intentan dividir a las grandes tecnológicas estadounidenses.

Alphabet, matriz de Google, evitó que su negocio de tecnología publicitaria fuera dividido por orden judicial en Estados Unidos. La jueza federal Leonie Brinkema, en Alexandria, Virginia, rechazó el miércoles 2 de septiembre de 2026 la solicitud del Departamento de Justicia de EE. UU. y de varios estados para forzar la venta de AdX, el intercambio de anuncios digitales de la compañía.

La decisión no borra el fallo emitido por Brinkema en abril de 2025, cuando determinó que Google mantenía monopolios ilegales en los servidores que alojan anuncios de editores y en los intercambios que conectan a compradores y vendedores. Sin embargo, evita la medida estructural más severa solicitada por los fiscales, mientras acepta la mayoría de las medidas correctivas de conducta propuestas por las partes.

La disputa por AdX

AdX funciona como una bolsa digital en la que se realizan subastas publicitarias en fracciones de segundo, justo cuando un usuario carga una página web. Los editores utilizan la infraestructura de Google para ofrecer espacios publicitarios y, según los argumentos presentados en el caso, pagan a la compañía una comisión del 20% por las operaciones que se concretan a través del intercambio.

Aunque AdX representa una parte relativamente pequeña del negocio total de Google, su posición dentro de la cadena publicitaria le otorga importancia estratégica para miles de sitios web. En este mercado, los servidores de anuncios gestionan el inventario de los editores, mientras los intercambios median entre quienes venden esos espacios y quienes buscan comprar visibilidad.

El Departamento de Justicia y una coalición de estados demandaron a Google en 2023, al sostener que la compañía dominaba distintos mercados de tecnología publicitaria utilizados por editores y sitios web. Los fiscales argumentaron que esa integración permitía a Google controlar varios eslabones de la operación, desde la administración del inventario hasta la subasta que determina qué anuncio aparece frente al usuario.

En su decisión de abril de 2025, Brinkema concluyó que Google bloqueó ilegalmente a los editores dentro de su servidor de anuncios para impulsar el uso de AdX. La jueza afirmó entonces que la conducta anticompetitiva de la empresa perjudicó sustancialmente a sus clientes editores, al proceso competitivo y, en última instancia, a los consumidores de información en la web abierta.

Por qué no habrá venta forzada

Durante el juicio dedicado a las medidas correctivas, celebrado el año pasado, el Departamento de Justicia sostuvo que Google no podía recibir la responsabilidad de administrar AdX después de su conducta anterior. Desde la perspectiva de los fiscales, una separación obligatoria era necesaria para impedir que la empresa utilizara nuevamente su posición en la infraestructura publicitaria contra sus clientes y competidores.

Google respondió que una venta forzada sería técnicamente compleja y provocaría una transición larga y dolorosa para los clientes. La compañía sostuvo que desmantelar AdX afectaría la continuidad de las operaciones publicitarias, las conexiones entre compradores y vendedores y los sistemas que deben responder instantáneamente cuando se carga una página web.

La empresa también intentó demostrar que la exigencia estadounidense no coincidía con una propuesta previa presentada ante las autoridades antimonopolio de la Unión Europea. Según información publicada sobre el caso europeo, Google había ofrecido vender AdX en 2024 como una vía para poner fin a una investigación, pero buscó diferenciar esa oferta de la venta que ahora pretendían imponer los fiscales estadounidenses.

La jueza rechazó ordenar la desinversión, pero aceptó la mayoría de las medidas de conducta planteadas durante el caso. El alcance detallado de cada disposición no aparece desarrollado en la información disponible, aunque el fallo confirma que Google deberá modificar parte de sus prácticas aun cuando conservará el control de AdX.

El peso económico del negocio publicitario

La tecnología publicitaria de Google tiene una dimensión menor frente a otras áreas de Alphabet, pero su relevancia no depende únicamente de su participación en los ingresos. Investigaciones de Wedbush y análisis de documentos judiciales estimaron que Ad Manager representó el 4,1% de los ingresos totales de Google y el 1,5% de la ganancia operativa en 2020.

Esas cifras ofrecen una referencia sobre el tamaño financiero del negocio durante ese año, aunque los datos más recientes fueron eliminados de los documentos judiciales. Por ello, no existe en la información de origen una cifra actualizada que permita medir cuánto pesa hoy Ad Manager o cuál sería el impacto exacto de una eventual venta de AdX.

El caso expone una diferencia entre el valor contable de un activo y su importancia dentro de un ecosistema digital. Incluso una unidad que aporte una fracción limitada de los resultados de Alphabet puede influir en las condiciones que enfrentan los editores, en las comisiones que pagan y en el acceso de los anunciantes a las subastas de espacios publicitarios.

La decisión también deja a Google con una estructura integrada en un mercado que la propia jueza consideró afectado por monopolios ilegales. Para los reguladores, el desafío será demostrar que las medidas de conducta bastan para corregir los incentivos creados por esa integración, mientras la compañía conserva la infraestructura y el intercambio que conectan buena parte de las operaciones.

Un revés para la ofensiva antimonopolio

El fallo constituye una victoria importante para Google frente a los esfuerzos del Departamento de Justicia por obligarlo a vender activos para resolver casos de monopolio. También ilustra las dificultades que han encontrado los reguladores antimonopolio estadounidenses al intentar obtener remedios estructurales contra las grandes empresas tecnológicas.

La ofensiva comenzó durante el primer mandato del presidente Donald Trump y ha buscado cuestionar el poder acumulado por las mayores plataformas digitales. La sucesión de decisiones que rechazan algunas desinversiones puede alimentar dudas sobre si los tribunales tienen las herramientas suficientes para frenar la influencia económica de compañías que operan mercados amplios, complejos y sujetos a cambios tecnológicos acelerados.

En otro caso, un juez federal en Washington rechazó el año pasado la solicitud de la Comisión Federal de Comercio para obligar a Meta Platforms a vender Instagram y WhatsApp. El magistrado consideró que la agencia no había demostrado que Meta tuviera un monopolio en un mercado de redes sociales que había cambiado drásticamente desde la presentación de la demanda en 2020.

Google también obtuvo una decisión favorable en el litigio relacionado con su buscador en línea. Aunque otro juez de Washington determinó previamente que la compañía mantenía un monopolio ilegal en las búsquedas, rechazó la petición del Departamento de Justicia de exigir la venta del navegador Chrome, al citar la competencia creciente de empresas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, de OpenAI.

Qué sigue para los grandes casos tecnológicos

Los casos contra Amazon y Apple avanzan en calendarios distintos y no se espera que ambos lleguen a juicio antes de 2027. En el proceso contra Amazon, un juicio está previsto para comenzar el 9 de febrero de 2027, mientras que en el caso de Apple las tareas de descubrimiento y las declaraciones estaban programadas hasta enero de 2027.

Ambos procesos involucran mercados de enorme escala, incluidos el comercio minorista en línea y los teléfonos inteligentes, por lo que sus resultados podrían definir si los fiscales logran obtener remedios estructurales frente a las plataformas dominantes.

La disputa de Google muestra que demostrar una conducta ilegal no garantiza que el gobierno consiga la venta de un activo. Los reguladores deben convencer al tribunal de que una desinversión es viable, necesaria y proporcional, además de explicar cómo evitaría daños operativos para clientes y usuarios durante una transición potencialmente extensa.

Para los editores digitales, el resultado combina alivio operativo e incertidumbre regulatoria. La continuidad de AdX evita por ahora una reconfiguración inmediata de las subastas, pero las medidas correctivas y las conclusiones sobre el comportamiento de Google mantienen abierta la presión para que la empresa cambie la forma en que administra sus servicios publicitarios.

El fallo no cierra el debate sobre el poder de Google en la publicidad digital ni sobre la capacidad del gobierno estadounidense para intervenir en mercados tecnológicos. Más bien, confirma que la batalla se trasladará a la aplicación de las medidas de conducta y a los próximos casos, donde los tribunales deberán equilibrar competencia, innovación y continuidad empresarial.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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