Por Canuto El gobierno de Trump apela una orden que obliga a reembolsar aranceles ilegales a todos los importadores, citando un caso de ciudadanía por nacimiento para limitar los mandatos judiciales universales. Mientras tanto, las pequeñas empresas que no demandaron podrían quedarse sin recuperar su dinero.
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- El gobierno invoca el caso CASA para bloquear reembolsos universales de aranceles IEEPA.
- La CBP ya procesó y certificó USD $100.000 millones en reembolsos.
- Según un profesor de derecho, el gobierno tiene el mejor argumento legal, pero las pequeñas empresas podrían sufrir.
El gobierno de Estados Unidos ha apelado una orden judicial que obligaba a reembolsar aranceles declarados ilegales a todas las empresas importadoras, incluso a las que no presentaron una demanda. La apelación, presentada ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, cita un caso de la Corte Suprema sobre ciudadanía por nacimiento para argumentar que los mandatos judiciales universales no se aplican en este contexto.
La apelación del gobierno
Los abogados del gobierno presentaron su escrito inicial el lunes ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal.
Argumentan que el juez Richard Eaton, del Tribunal de Comercio Internacional (CIT), excedió su autoridad al ordenar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que emitiera reembolsos a todas las empresas.
La orden incluía incluso a importadores que no presentaron demandas en el tribunal de comercio.
El gobierno sostiene que esos mandatos judiciales universales no pueden conciliarse con el caso CASA, que limitó su uso.
Según Fortune, la CBP ya procesó y certificó USD $100.000 millones en reembolsos.
La mayoría de esos reembolsos ya se han pagado.
El problema se centra en las empresas que pagaron aranceles pero cuyas declaraciones ya fueron finalizadas.
Existe una regla del Congreso que impide a la CBP reprocesar aranceles para los que el proceso administrativo de reembolso ya no está disponible.
El gobierno dice que esas empresas son libres de presentar una demanda para recuperar su dinero.
El caso de ciudadanía por nacimiento
El caso CASA, que llegó a la Corte Suprema en junio de 2025, limitó el uso de mandatos judiciales universales.
Esos mandatos aplican un fallo a todas las personas o empresas afectadas, no solo a los litigantes específicos.
El gobierno cita esa decisión para argumentar que el CIT no puede exigir reembolsos para todos los importadores.
El juez Eaton ha dicho que los límites a los mandatos judiciales universales no se aplican en este caso.
Sin embargo, el gobierno insiste en que las órdenes del CIT, que obligan al gobierno a reembolsar los aranceles IEEPA para todos los importadores, no pueden conciliarse con CASA.
El escrito del gobierno subraya que los importadores que no han demandado pueden presentar sus propias demandas dentro del plazo de prescripción.
La disputa sobre los mandatos judiciales universales
La controversia se centra en si un tribunal puede ordenar el pago a personas que no son parte del litigio.
El gobierno argumenta que la doctrina de mandatos universales fue restringida por la Corte Suprema para evitar abusos.
El CIT había emitido cientos de órdenes de reembolso en demandas presentadas por importadores.
El gobierno dice que los importadores que aún no han demandado son libres de hacerlo dentro del plazo legal.
El profesor Barry Appleton, codirector del Centro de Derecho Internacional de la New York Law School, dice que el gobierno tiene el mejor argumento legal.
Pero advierte que las empresas más pequeñas podrían sufrir si no pueden costear una demanda.
“El gobierno tomó este dinero bajo una ley que la Corte Suprema dijo que nunca autorizó (los aranceles)”, afirmó Appleton.
“Recuperarlo no debería depender de si una empresa podía permitirse demandar”, añadió.
Estado de los reembolsos
La CBP ya ha procesado y certificado USD $100.000 millones en reembolsos.
Esa cifra corresponde a la mayoría de los aranceles declarados ilegales en febrero.
Sin embargo, los reembolsos restantes están en riesgo por la apelación.
El gobierno sostiene que la regla del Congreso impide reprocesar aranceles con declaraciones finalizadas.
Las empresas afectadas deben presentar demandas individuales para recuperar ese dinero.
El juez Eaton había ordenado que los reembolsos se hicieran universales, sin necesidad de demandar.
Impacto en las empresas
Las pequeñas empresas podrían verse especialmente perjudicadas si se les exige litigar.
Muchas no tienen recursos para contratar abogados ni conocimiento de los plazos legales.
El profesor Appleton señaló que reembolsar un arancel ilegal no debería ser una recompensa por litigar.
“Realmente no se puede pedir a una pequeña empresa que demande por dinero que no sabe que se le debe, en un plazo que nunca ha oído mencionar”, dijo.
Según Fortune, el gobierno ya ha presentado cientos de órdenes en demandas individuales, pero los importadores que no demandaron siguen esperando.
La apelación ahora está en manos del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal.
Contexto legal y posibles consecuencias
La decisión final podría sentar precedente sobre el alcance de los mandatos judiciales en casos comerciales.
Si el gobierno gana, las empresas tendrán que demandar individualmente para reclamar sus reembolsos.
Esto podría generar una avalancha de litigios y aumentar los costos para el sistema judicial.
Por otro lado, si el tribunal confirma la orden del CIT, el gobierno tendría que pagar a todos los afectados.
El caso también tiene implicaciones políticas, ya que la administración Trump ha usado los aranceles como herramienta de negociación comercial.
La apelación es parte de una estrategia más amplia para limitar la intervención judicial en políticas ejecutivas.
Mientras tanto, los importadores permanecen en un limbo legal, sin saber si recuperarán su dinero.
El futuro de los reembolsos depende ahora de la decisión del Circuito Federal.
La batalla legal continuará y podría llegar nuevamente a la Corte Suprema.
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