Por Canuto  

La Oficina del Fiscal de EE. UU. presentó una acción de confiscación civil para recuperar aproximadamente USD $47.000 en criptomonedas vinculadas a un esquema de fraude que utilizó cajeros automáticos de cripto. La medida refleja el creciente esfuerzo del gobierno para frenar estafas que afectan a consumidores vulnerables.

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  • El DOJ busca confiscar 47.461,73111 USDT de una billetera vinculada a cinco víctimas de fraude.
  • Las víctimas fueron engañadas para depositar efectivo en cajeros automáticos de criptomonedas bajo falsas promesas de protección gubernamental.
  • Se propone la ley ‘Stop Crypto ATM Scams Act’ que limitaría transacciones diarias a USD $2.000 para nuevos clientes.

 

 

La Oficina del Fiscal de EE. UU. presentó el 31 de julio una acción de confiscación civil para recuperar 47.461,73111 USDT, equivalentes a cerca de USD $47.000, presuntamente sustraídos de cinco víctimas. El caso se centra en un esquema de fraude que combinó falsos avisos técnicos y suplantación de autoridades gubernamentales.

Los fiscales alegan que los estafadores dirigieron a las víctimas a retirar fondos bancarios y depositarlos en cajeros automáticos de criptomonedas. El dinero era luego convertido en cripto y transferido a billeteras controladas por los delincuentes.

Una de las víctimas, residente de Ware, Massachusetts, fue contactada después de que su computadora mostrara un mensaje emergente con una supuesta alerta de seguridad. La persona que respondió afirmó que su cuenta bancaria había sido comprometida y le indicó transferir el dinero al gobierno para su custodia.

El Departamento de Justicia detalló que la víctima retiró efectivo de su banco y lo depositó en un cajero de la marca Bitcoin Depot en una gasolinera de Ludlow, Massachusetts. Los fondos fueron transferidos directamente a los estafadores, pero los investigadores rastrearon parte de los ingresos hasta una billetera de criptomonedas específica.

Las autoridades confiscaron los fondos en marzo y, posteriormente, conectaron a otras cuatro víctimas de esquemas similares con la misma dirección de billetera. La presentación busca formalizar la incautación para eventualmente devolver el dinero a los afectados.

El modus operandi del fraude

El esquema comenzó con un aviso falso en la computadora de la víctima, indicando un problema técnico que la llevó a llamar a un número de soporte fraudulento. El supuesto técnico alertó sobre un compromiso bancario y ordenó la transferencia de fondos a una cuenta ‘gubernamental’ de custodia.

Los delincuentes utilizan técnicas de manipulación del identificador de llamadas y amenazas legales ficticias para generar pánico. Las víctimas, mayoritariamente adultos mayores o personas con poca experiencia tecnológica, son instruidas paso a paso para operar los cajeros automáticos de criptomonedas.

El cajero automático convierte el efectivo en criptomonedas como USDT o Bitcoin, que luego se envían a billeteras anónimas. Los estafadores suelen usar mezcladores o cadenas de transacciones para ocultar el rastro, pero en este caso los investigadores lograron seguir el flujo hasta una billetera incautada.

Un aspecto clave es que las víctimas creen que están pagando impuestos o protegiendo sus ahorros, por lo que cooperan voluntariamente. La urgencia y el miedo a consecuencias legales son armas principales de estos criminales.

El FBI ha advertido en repetidas ocasiones sobre este tipo de estafas, que se aprovechan de la confianza en instituciones públicas. Las autoridades recomiendan no responder a llamadas de soporte técnico no solicitadas ni realizar depósitos en cajeros de cripto bajo presión.

Legislación y respuesta regulatoria

El fraude en cajeros automáticos de criptomonedas ha captado la atención del Congreso de EE. UU. El 11 de junio se presentó la ley bipartidista ‘Stop Crypto ATM Scams Act’ en la Cámara de Representantes, aunque aún no ha sido aprobada.

La legislación propone protecciones al consumidor a nivel nacional, incluyendo un límite de transacción diario de USD $2.000 y un tope total de depósitos de USD $10.000 para nuevos clientes durante sus primeros 14 días. También exigiría advertencias claras sobre fraudes y establecería mecanismos de reembolso bajo ciertas condiciones.

Además, el proyecto de ley fortalecería las obligaciones de anti-lavado de dinero y mantenimiento de registros para los operadores de cajeros de cripto. FinCEN y otros reguladores federales han incrementado la supervisión de estos quioscos, instando a detectar patrones de fraude que afectan a consumidores mayores.

Datos del FBI indican que los estadounidenses perdieron más de USD $333 millones en fraudes de cajeros de criptomonedas durante 2025. Esta cifra subraya la magnitud del problema y la necesidad de una respuesta integral.

Acciones de cumplimiento recientes han impuesto sanciones a operadores que no implementaron programas de cumplimiento adecuados. Estos esfuerzos buscan reducir el uso de cajeros automáticos como herramienta para estafas de suplantación de identidad.

Precedentes de recuperación en Massachusetts

La presentación más reciente no es un caso aislado en Massachusetts. El 10 de marzo, la fiscalía presentó una acción de confiscación civil para recuperar aproximadamente USD $3,4 millones en criptomonedas vinculadas a un fraude de inversión en línea y lavado de dinero.

En ese caso, las víctimas fueron persuadidas a comprar ether para una inversión falsamente respaldada por oro físico. Los investigadores rastrearon parte de los fondos hasta billeteras que luego fueron confiscadas por las autoridades federales.

Otro caso, presentado el 2 de marzo, buscó confiscar USD $327.829 en criptomonedas relacionadas con un esquema de fraude romántico en línea. Los estafadores ganaron la confianza de las víctimas y las convencieron de enviar dinero, que luego fue convertido a USDT y distribuido en varias billeteras.

La Oficina del Fiscal de EE. UU. señaló que esta es una de varias acciones de confiscación civil destinadas a recuperar criptomonedas en casos de fraude que afectan a víctimas en Massachusetts. Los procedimientos permiten que terceros presenten reclamaciones de propiedad ante un tribunal.

Si el gobierno prevalece y se resuelven las reclamaciones válidas, los fondos recuperados pueden ser devueltos a las víctimas del fraude. Esto representa un avance en la protección de los consumidores en el ecosistema cripto.

La creciente judicialización de estos delitos envía un mensaje claro a los estafadores: las criptomonedas no son un refugio seguro para el dinero robado. Cada vez más, las fuerzas del orden emplean técnicas avanzadas de trazabilidad para rastrear activos digitales.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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