Por Canuto  

GM acordó pagar USD $220 millones y limitar la recopilación de datos de conducción para resolver acusaciones presentadas por una coalición de 36 fiscales generales estatales.
***

  • El acuerdo exige que GM reduzca los datos que recopila y obtenga consentimiento expreso antes de reunir información de conductores.
  • La investigación se centró en Smart Driver, programa que registraba aceleración, frenado y duración de los viajes.
  • Los estados alegaron que intermediarios de datos permitieron a aseguradoras comprar información y elevar primas de algunos conductores.

 

General Motors acordó pagar USD $220 millones para resolver acusaciones de que compartió información sobre hábitos de conducción y ubicación de sus clientes. El pacto, alcanzado con una coalición de 36 fiscales generales estatales de Estados Unidos, también obliga a la automotriz a limitar los datos que recopila y a obtener el consentimiento expreso de los conductores antes de reunir esa información.

El caso gira en torno a Smart Driver, un programa de GM que ya dejó de operar y que registraba comportamientos como la aceleración, el frenado y la duración de los viajes. Los fiscales sostuvieron que la empresa compartió esos datos con intermediarios, quienes podían ponerlos a disposición de aseguradoras; según las acusaciones, algunas compañías utilizaron la información para aumentar las primas de ciertos conductores.

Un acuerdo centrado en la recopilación y el consentimiento

El arreglo responde a una demanda de fiscales generales estatales y combina una compensación económica con obligaciones sobre el manejo futuro de información. GM deberá limitar los datos de conducción que recopila y solicitar autorización expresa antes de reunirlos, dos condiciones que abordan tanto el alcance de la recopilación como la información que reciben los usuarios, informa The Verge.

La investigación estatal alegó que GM no informó a los conductores que estaban inscritos en Smart Driver ni les comunicó que la compañía reunía sus datos. Esa acusación pone el foco en la forma de incorporación al programa: los fiscales sostuvieron que los usuarios no sabían que participaban ni que sus registros podían compartirse con terceros.

Los USD $220 millones resuelven las reclamaciones presentadas por la coalición. La información disponible no detalla cómo se distribuirá el pago entre los estados ni qué mecanismos concretos utilizará GM para cumplir los límites de recopilación. Por ello, el monto y las condiciones generales del acuerdo no permiten establecer todos los pasos operativos que seguirán la empresa o las autoridades.

Qué información reunía Smart Driver

Smart Driver recopilaba señales relacionadas con el comportamiento al volante, entre ellas aceleración, frenado y duración de los viajes. GM anunció que dejaría de ofrecer el programa y que daría de baja a los clientes registrados. La compañía describió la decisión en un comunicado sobre la descontinuación de OnStar Smart Driver.

La existencia de datos de conducción no equivale por sí sola a una venta a aseguradoras: en este caso, esa conexión forma parte de las acusaciones de los estados. Los fiscales sostuvieron que GM entregó información a intermediarios de datos y que las aseguradoras podían comprarla, con el resultado de que algunos conductores habrían enfrentado primas más altas.

La posibilidad de que la información influya en el precio de un seguro convierte el debate sobre privacidad en una cuestión económica para los clientes. Según la investigación estatal descrita en el caso, los datos no solo habrían permitido observar hábitos de manejo, sino que también podrían haber tenido consecuencias en los costos que algunos conductores pagaban por su cobertura. El material disponible no identifica a las compañías involucradas ni precisa cuántas personas habrían visto aumentar sus primas.

En enero de 2025, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos anunció una acción contra GM por compartir datos precisos de ubicación y comportamiento al volante. La agencia señaló que su demanda alegaba que la empresa utilizó un proceso de inscripción engañoso para que consumidores se registraran en OnStar. Esa actuación federal es distinta del acuerdo multiestatal descrito en este artículo y no debe confundirse con sus términos.

La respuesta de los fiscales y el antecedente de California

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, y el fiscal general de Washington, Nick Brown, copresidieron el caso de los estados contra GM. La coalición incluyó, entre otros, a Nueva York, Florida, Michigan, Nevada y Pensilvania, además de las jurisdicciones que completaron el grupo de 36 fiscales generales.

Rayfield resumió la postura de los estados con una frase dirigida a la relación entre el usuario y su vehículo: «La gente compró un coche, no un dispositivo de rastreo». En su comunicado, sostuvo que GM presentó el programa como una herramienta para ayudar a conducir con mayor seguridad y prometió que no compartiría los datos con aseguradoras sin permiso, pero afirmó que la investigación encontró que la empresa los vendió de todos modos.

El fiscal general de Oregón también señaló que algunos conductores terminaron pagando primas más altas, una consecuencia que atribuyó al uso de esos datos por parte de las aseguradoras. Esa afirmación forma parte de la explicación de los estados sobre el daño asociado a las prácticas investigadas; la información disponible no precisa cuántas personas habrían visto aumentar sus costos.

El acuerdo nacional llegó después de que GM pactara pagar USD $12,75 millones para resolver acusaciones relacionadas con datos de clientes en California. Ese antecedente muestra que la compañía ya había enfrentado un reclamo en el estado, aunque la información disponible no ofrece detalles suficientes para comparar las condiciones de ambos acuerdos punto por punto.

Lo que deja el caso para los conductores

La resolución convierte la transparencia en un elemento central de la relación entre automotrices y usuarios: los estados cuestionaron que los conductores desconocieran que sus datos se recopilaban. En el caso de GM, las acusaciones también apuntaron a que la información podía pasar a manos de terceros.

La coalición alegó que GM entregó datos a intermediarios y que las aseguradoras podían comprarlos, una cadena que, según los fiscales, habría conectado hábitos de manejo con decisiones sobre primas sin que los conductores conocieran el proceso.

Las condiciones anunciadas establecen dos límites generales: reducir los datos recopilados y pedir consentimiento expreso antes de obtenerlos. Sin más detalles sobre la implementación, no es posible precisar qué categorías dejará de reunir GM, cómo presentará las solicitudes de autorización o qué controles aplicará para asegurar que los conductores comprendan sus opciones.

Para los clientes, el desenlace ofrece una respuesta a las reclamaciones de los fiscales, pero también deja una pregunta práctica sobre las funciones conectadas de los automóviles: qué información generan y con quién se comparte. El acuerdo obliga a GM a revisar la recopilación de datos y a solicitar permiso de forma expresa.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín

Artículos Relacionados