Por Canuto  

Un funcionario federal cuestionó que Los Ángeles dependa de lo que declaran los votantes para confirmar su ciudadanía, mientras California sostiene que cumple la ley federal y el Departamento de Justicia pide frenar boletas vinculadas a una lista de 20.000 personas señaladas como posibles no ciudadanas.
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  • Bill Essayli afirmó que funcionarios electorales de Los Ángeles no tienen un método independiente para verificar la ciudadanía más allá de la declaración de cada votante.
  • El Departamento de Justicia pidió a un tribunal que impida procesar boletas vinculadas a personas que considera probablemente no ciudadanas; California ha cuestionado la lista de 20.000 nombres.
  • La disputa coincide con cargos federales contra 28 ciudadanos extranjeros por delitos electorales en California y con una respuesta del gobierno de Gavin Newsom que invoca la Ley Nacional de Registro de Votantes.

Funcionarios de Los Ángeles dicen que no pueden verificar por cuenta propia la ciudadanía de votantes

El cuestionamiento sobre la verificación

La oficina electoral del condado de Los Ángeles no cuenta con un método independiente para confirmar la ciudadanía estadounidense de quienes se registran para votar, más allá de lo que esas personas declaran, según una presentación judicial citada en la disputa entre el Departamento de Justicia y California. Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto para el Distrito Central de California, cuestionó esa situación y sostuvo que la falta de verificación puede afectar el peso de los votos de ciudadanos elegibles.

Essayli expuso su crítica al comentar el litigio federal contra el estado, en el que el Departamento de Justicia cuestiona la presencia de presuntos no ciudadanos en los registros electorales. El fiscal afirmó que las autoridades de California no habían actuado sobre una lista de 20.000 personas señaladas como posibles no ciudadanas y tampoco habían aceptado apartar sus boletas. Esa descripción corresponde a la postura federal y no a una determinación judicial definitiva.

El argumento de Essayli es que la ley federal reserva el voto en elecciones federales a ciudadanos estadounidenses, por lo que considera necesario aclarar cómo se controla ese requisito en la práctica. El fiscal advirtió que los votos de ciudadanos elegibles se estarían diluyendo; se trata de una acusación suya, no de una conclusión independiente establecida en la información disponible.

La discusión no se limita a si un votante declara o no su ciudadanía al registrarse, sino también a qué procedimientos pueden usar las autoridades para comprobar esa declaración y qué hacer cuando el gobierno federal identifica registros que considera sospechosos. Según la presentación ante el tribunal descrita por Essayli, los funcionarios electorales de Los Ángeles dijeron que no disponen de una verificación independiente adicional. California, por su parte, ha defendido sus procedimientos y cuestionado las exigencias federales.

La disputa entre el gobierno federal y California

El Departamento de Justicia demandó a California y pidió a un tribunal que impida al estado procesar boletas de voto por correo vinculadas a personas incluidas en registros que el gobierno federal considera probablemente pertenecientes a no ciudadanos. La solicitud busca que las autoridades electorales aparten esos votos mientras se resuelve el litigio, pero la información disponible no indica que el tribunal haya concedido la petición ni que las boletas hayan sido anuladas.

La lista de 20.000 nombres ocupa un lugar central en el reclamo de Essayli, quien sostiene que California no ha actuado sobre ella ni se ha comprometido a apartar las boletas relacionadas. Sin embargo, la expresión “presuntos no ciudadanos” es relevante: la cifra identifica a personas señaladas por el gobierno federal, pero no demuestra por sí sola que todas hayan votado ilegalmente o carezcan de ciudadanía.

La controversia también plantea una cuestión práctica para la administración electoral: cómo responder a una solicitud federal cuando las autoridades estatales cuestionan la información que la respalda. Las posiciones enfrentadas reflejan el desacuerdo sobre los pasos que deben seguir los funcionarios, pero la información publicada no detalla qué pruebas individuales acompañan cada nombre, qué procedimiento de revisión se aplicaría ni cuál será la decisión final del tribunal.

Cargos federales y respuestas oficiales

El Departamento de Justicia anunció el martes 20 de octubre cargos contra 28 ciudadanos extranjeros por delitos electorales en California. El anuncio también indicó que las autoridades arrestaron a 11 de ellos. La información disponible no especifica aquí qué conductas se atribuyen a cada acusado, por lo que los cargos deben entenderse como acusaciones y no como una declaración de culpabilidad o una condena.

Trent McCotter, fiscal general adjunto interino, afirmó al presentar los cargos que el Departamento de Justicia no miraría hacia otro lado mientras no ciudadanos votaran en elecciones federales. También reprochó a California y al condado de Los Ángeles no actuar. Sus palabras expresan la postura del gobierno federal dentro de una disputa cuyo desenlace judicial todavía no está definido.

La oficina de prensa del gobernador Gavin Newsom respondió a las críticas de Essayli y defendió que California se apega a la legislación federal que regula los procedimientos de registro de votantes. En su respuesta, citó la Ley Nacional de Registro de Votantes, aprobada por el Congreso en la década de 1990, y señaló la disposición 52 U.S.C. 20504(c)(2), identificada como la sección 5 de esa ley.

Las dos respuestas no resuelven por sí mismas el desacuerdo sobre el alcance de las obligaciones estatales ni sobre la evidencia que debe respaldar una revisión de los registros. Essayli sostiene que la falta de comprobación independiente y la inacción frente a la lista ponen en riesgo el valor de los votos ciudadanos; la oficina de Newsom, por su parte, afirma que el estado cumple la norma federal aplicable.

Qué está en juego y qué falta por aclarar

La disputa reúne dos asuntos relacionados, pero distintos: la elegibilidad legal para votar en elecciones federales y el método usado para verificar la ciudadanía durante el registro. La ley federal limita el voto en esos comicios a ciudadanos; el punto controvertido es cómo deben responder las autoridades cuando una agencia federal identifica registros que considera posiblemente irregulares y el estado cuestiona la información que sustenta esos señalamientos.

También está en juego el tratamiento de las boletas que el gobierno federal vincula con las personas incluidas en la lista. El Departamento de Justicia solicitó que California no las procese, mientras Essayli afirmó que el estado no había acordado apartarlas. En la información disponible no consta una resolución judicial sobre esa petición ni se precisa cuántas boletas concretas están implicadas.

La crítica del fiscal federal y la defensa del gobierno estatal deben leerse como posiciones atribuidas a sus respectivos autores, no como hechos ya dirimidos por un tribunal. La cifra de 20.000 corresponde a personas señaladas por las autoridades federales, y los 28 cargos anunciados constituyen un proceso separado que tampoco demuestra, por sí solo, la validez de todos los señalamientos incluidos en la lista.

El siguiente paso dependerá de cómo avance la solicitud ante el tribunal y de la información que se use para revisar los registros, aunque el material publicado no ofrece un calendario para esas actuaciones. Por ahora, California sostiene que cumple la ley de registro de votantes, mientras el Departamento de Justicia insiste en que deben apartarse boletas asociadas a personas consideradas probablemente no ciudadanas. El desacuerdo mantiene bajo escrutinio los controles electorales de Los Ángeles.


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