Por Canuto  

El Senado francés aprobó en primera lectura un proyecto para facilitar el intercambio automático de información fiscal sobre transacciones cripto con autoridades de otros países. La iniciativa, identificada como proyecto de ley n.º 921, avanza ahora a la Asamblea Nacional, mientras las obligaciones de reporte y las advertencias sobre privacidad y seguridad alimentan el debate.
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  • El Senado francés aprobó en primera lectura el proyecto de ley n.º 921, que ahora debe ser examinado por la Asamblea Nacional.
  • La propuesta se apoya en el marco CARF de la OCDE y complementa las obligaciones de reporte que Francia incorporó mediante la Ley de Finanzas de 2025.
  • Una representante de Morpho advirtió sobre riesgos de filtración, en un contexto de ataques físicos a inversores cripto reportados por CertiK.

Francia avanza con el intercambio internacional de datos fiscales cripto

Un proyecto que pasa del Senado a la Asamblea Nacional

El Senado francés aprobó el 28 de octubre, en primera lectura, un proyecto de ley que permitiría a las autoridades fiscales intercambiar automáticamente información sobre transacciones de criptomonedas con sus homólogos de otros países. La iniciativa, identificada como proyecto de ley n.º 921, fue remitida a la Asamblea Nacional para su consideración, por lo que la votación del Senado no equivale a una aprobación definitiva ni convierte la propuesta, por sí sola, en una obligación ya vigente.

El texto incluye un acuerdo específico para el intercambio de información fiscal relacionada con criptoactivos y una actualización de un acuerdo existente sobre información de cuentas financieras. La combinación de ambos componentes apunta a incorporar los datos de criptomonedas a mecanismos de cooperación tributaria entre jurisdicciones, aunque el avance legislativo todavía depende de la revisión de la cámara baja.

La propuesta sobre criptoactivos toma como referencia el Marco de Reporte de Criptoactivos, conocido como CARF, desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ese marco fija estándares comunes para que las jurisdicciones participantes recopilen e intercambien automáticamente información sobre transacciones, con el objetivo de facilitar la cooperación entre sus autoridades fiscales.

En términos prácticos, el acuerdo busca que la información recopilada en un país pueda compartirse con autoridades de otros países conforme a reglas comunes. El proyecto francés no debe confundirse con una medida que ya haya completado todo su trámite: el Senado lo adoptó en primera lectura y ahora la Asamblea Nacional debe examinarlo, mientras el debate sobre el alcance del reporte cripto continúa en Francia y en la Unión Europea.

El sistema de reporte ya tiene una base dentro de la Unión Europea

Francia ya introdujo obligaciones de reporte de criptomonedas mediante su Ley de Finanzas de 2025, con la implementación de la enmienda de reporte de criptoactivos de la Directiva de Cooperación Administrativa, conocida como DAC8. Bajo esas reglas, los proveedores de servicios de criptomonedas deben reportar a las autoridades fiscales datos sobre la identidad de sus clientes y sus transacciones.

Las autoridades fiscales comparten luego esa información con las autoridades de los países de la Unión Europea donde los usuarios tienen su residencia fiscal. Así, el reporte de los proveedores y el intercambio entre administraciones son etapas relacionadas, pero distintas: la primera alimenta la recopilación de datos y la segunda permite que esa información llegue a la jurisdicción correspondiente.

El proyecto aprobado por el Senado agrega una dimensión internacional vinculada al CARF, mientras DAC8 establece obligaciones de reporte dentro del marco europeo descrito en la información disponible. La diferencia importa porque la recopilación de datos, su transmisión entre países y el acceso de cada administración plantean preguntas separadas sobre el alcance de la información y las garantías con que se utiliza.

El esquema requiere información sensible, entre ella nombres, direcciones, números fiscales y volúmenes de transacciones, según explicó Faustine Fleuret, directora global de asuntos públicos del protocolo de préstamos Morpho, a Cointelegraph. Fleuret advirtió que, en un país donde algunos tenedores de criptomonedas han sufrido ataques físicos, una lista filtrada que revele quién opera y cuánto posee puede convertirse también en un problema de seguridad personal.

La centralización de datos despierta alertas de seguridad

La preocupación expresada por la representante de Morpho no cuestiona únicamente la privacidad de los usuarios, sino las consecuencias de que información financiera identificable quede expuesta. Si los registros combinan datos personales y volúmenes de transacción, una filtración podría revelar perfiles de actividad que los delincuentes podrían utilizar, una posibilidad que la fuente presenta como riesgo y no como un incidente ocurrido.

La advertencia se produce en medio de un aumento de los llamados ataques de llave inglesa, agresiones físicas dirigidas a inversores de criptomonedas para obtener acceso a sus activos. CertiK contabilizó 52 ataques verificados en todo el mundo durante el primer semestre de 2026, según los datos citados en el reporte.

Uno de los casos mencionados ocurrió en marzo, cuando una pareja francesa de finales de sus cincuenta fue despojada de aproximadamente USD $1 millón en Bitcoin por delincuentes que se hicieron pasar por agentes de policía. El episodio ilustra por qué la exposición de información sobre tenencias puede preocupar a los usuarios, aunque no demuestra que los datos obtenidos mediante reportes fiscales hayan originado ese ataque.

Impuestos a stablecoins y próximos pasos legislativos

En paralelo al proyecto de intercambio de información, los legisladores franceses debaten cambios tributarios para las criptomonedas dentro de la discusión del presupuesto de 2027. El 16 de octubre, la Asamblea Nacional adoptó una enmienda que gravaría las ganancias derivadas de conversiones a ciertas stablecoins respaldadas por monedas fiduciarias a partir del 1 de enero de 2027.

La enmienda todavía no es ley, por lo que no corresponde presentar ese tratamiento fiscal como una obligación ya vigente. Su adopción en la Asamblea forma parte de un proceso presupuestario más amplio, y su destino depende de las etapas legislativas pendientes y de la aprobación final del texto correspondiente.

Los legisladores reanudaron el martes el debate sobre la sección de ingresos del presupuesto, con una votación programada para el 3 de noviembre. Esa discusión sobre tributación de determinadas conversiones a stablecoins es distinta del proyecto n.º 921, aunque ambas iniciativas muestran que Francia tramita, al mismo tiempo, reglas sobre reporte internacional y cambios potenciales en el tratamiento fiscal de activos digitales.

Por ahora, el proyecto de intercambio automático de datos debe avanzar en la Asamblea Nacional, mientras las obligaciones derivadas de DAC8 mantienen abierto el debate sobre el manejo de información sensible. El desafío planteado por la noticia consiste en coordinar la cooperación fiscal sin perder de vista que la protección de esos registros también puede tener consecuencias directas para la privacidad y la seguridad de los usuarios.


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