Por Canuto  

La Asamblea Nacional francesa respaldó una propuesta que cobraría EUR €0,055 por cada gigabyte de contenido digital enviado a usuarios del país. La medida todavía debe superar nuevas etapas parlamentarias. Sus promotores estiman que podría recaudar EUR €10.000 millones al año y ya enfrenta cuestionamientos sobre privacidad y medición del tráfico.
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  • La enmienda avanzó por 11 votos contra 10 el 30 de octubre y se incorporó al proceso del presupuesto francés para 2027, pero aún no es ley.
  • La propuesta apunta a grandes proveedores de contenido como Google, Meta, Netflix y Amazon, con una tasa de EUR €0,055 por gigabyte.
  • El gobierno cuestiona cómo medir y atribuir el tráfico; los proveedores de internet tendrían que recopilar y reportar los datos.

Francia impulsa un impuesto al tráfico digital de las grandes plataformas

Los legisladores franceses dieron un primer respaldo a una propuesta que gravaría el volumen de datos digitales que las empresas distribuyen a usuarios en el país. La enmienda, presentada por el socialista Laurent Lhardit, plantea una tasa de EUR €0,055 por cada gigabyte. Sus promotores estiman que el mecanismo podría generar EUR €10.000 millones anuales, equivalentes a unos USD $11.200 millones.

La votación en la Asamblea Nacional terminó 11-10 el 30 de octubre, según la información publicada sobre la sesión, y la medida se incorporó al proceso del próximo presupuesto nacional. Sin embargo, el resultado no equivale a una aprobación definitiva: la propuesta debe superar nuevas etapas de revisión parlamentaria para convertirse en ley dentro del presupuesto de 2027.

Una tasa calculada por volumen de datos

El diseño se aparta de los gravámenes digitales que suelen calcularse sobre ingresos publicitarios, beneficios o suscripciones. En cambio, cobraría a los proveedores de contenido según la cantidad de datos que entregan a los usuarios franceses, un criterio que pone el foco en el tráfico generado por sus servicios y no exclusivamente en sus ventas dentro del país.

Las notas explicativas de la enmienda señalan como posibles contribuyentes a Google, Meta, Netflix, Amazon y Akamai, empresa que opera una red de distribución de contenidos. TikTok y plataformas similares también podrían quedar dentro del alcance, dependiendo de cómo se definan y apliquen las reglas; la propuesta, por tanto, no limita explícitamente el gravamen a un grupo cerrado de compañías.

La iniciativa contempla además un límite relacionado con los ingresos de las empresas: la carga no debería superar el 15% de sus ingresos en Francia o el 2% de sus ingresos mundiales. La información disponible no detalla cómo interactuarían esos topes con el cálculo por gigabyte en cada caso, pero sí plantea que el impuesto tomaría en cuenta las redes de distribución de contenidos, conocidas como CDN.

Estas redes almacenan copias de contenidos en servidores más cercanos a los usuarios para acelerar la carga y reducir la congestión. Incluirlas en el esquema importa porque una parte de la entrega puede ocurrir desde infraestructura distribuida, en lugar de depender de una conexión directa entre el usuario y los servidores centrales de la compañía que originó el contenido.

La medición recaería en los proveedores de internet

La propuesta asigna a proveedores de servicios de internet, entre ellos Orange, Free y Liad, la tarea de medir los volúmenes de datos e identificar qué empresas los generan. Luego, los operadores enviarían esa información cada trimestre a la administración fiscal francesa, bajo la supervisión de Arcep, el organismo regulador de las telecomunicaciones.

Una descripción de la medida publicada por Bandaancha indica que los proveedores tendrían que contabilizar de forma anónima el consumo de los hogares. Ese mecanismo no elimina por sí solo las dudas planteadas sobre cómo atribuir el tráfico a cada empresa y qué información tendrían que recopilar los operadores.

La escala potencial explica el interés fiscal de la iniciativa: alrededor de 200.000 millones de gigabytes atraviesan cada año las redes de los proveedores franceses, según las cifras recogidas en la información publicada. La enmienda sostiene que unas cinco grandes empresas representan cerca de la mitad de ese tráfico, aunque la recaudación dependería de cómo se atribuya cada flujo y de la aplicación efectiva de los límites propuestos.

Lhardit defendió que las compañías tecnológicas globales asumirían la mayor parte de la carga porque generan una porción elevada del tráfico que llega a los suscriptores franceses. También rechazó el argumento de que las empresas trasladarían necesariamente el costo a los consumidores, y señaló que Facebook, Instagram y TikTok ofrecen sus servicios sin cobrar una tarifa de acceso a sus usuarios.

El legislador citó a TF1 para ilustrar el posible impacto sobre una empresa francesa: calculó que los medios de comunicación podrían contribuir entre EUR €200.000 y EUR €300.000. Ese ejemplo busca mostrar que la medida no recaería únicamente sobre compañías extranjeras, aunque el argumento central de sus promotores es que las plataformas internacionales de mayor tráfico pagarían una proporción más importante.

Objeciones por privacidad y un debate europeo más amplio

La propuesta generó resistencia dentro del propio proceso legislativo, incluida la oposición del gobierno y del ponente de la comisión de finanzas. El ministro David Amiel cuestionó si los operadores podrían medir el tráfico y atribuirlo a cada proveedor de contenido sin implantar exigencias complejas de monitoreo, una preocupación que conecta la recaudación fiscal con la privacidad de los usuarios.

El desacuerdo no se limita a cuánto dinero podría ingresar al Estado, sino a qué información tendrían que observar y conservar las compañías que gestionan las redes. Para que una tasa por gigabyte funcione, los proveedores tendrían que distinguir el tráfico atribuible a cada empresa y reportar esos datos periódicamente; sus críticos advierten que ese proceso podría requerir mecanismos de seguimiento difíciles de conciliar con la protección de la privacidad.

La propuesta se suma a un entorno europeo donde varios países ya aplican impuestos a servicios digitales, normalmente sobre ingresos publicitarios, operaciones de mercados en línea y otras actividades. En marzo, Meta anunció tarifas para anunciantes que variarían según la ubicación, de entre el 2% y el 55%, para compensar impuestos digitales y otras tasas gubernamentales en países como Francia, Italia y España, con fecha de inicio prevista para el 1 de julio de 2026.

La tensión entre gobiernos y grandes tecnológicas también tiene antecedentes en medidas de competencia y sanciones europeas. La Comisión Europea impuso a Google una multa de EUR €5.000 millones por infracciones antimonopolio vinculadas con Android y a Facebook otra de EUR €100 millones por engañar a reguladores; además, investigó la capacidad de Facebook para vincular cuentas de WhatsApp.

El año pasado, Apple recibió una multa de EUR €500 millones y Meta una de EUR €200 millones, decisiones que tensaron la relación entre Bruselas y Washington. Estados Unidos calificó esas sanciones como una forma novedosa de extorsión económica que no toleraría, un antecedente que refleja la dimensión política que pueden adquirir las disputas sobre la regulación de las grandes empresas tecnológicas.

Por ahora, el voto de la Asamblea Nacional marca solo el inicio del recorrido presupuestario y no confirma que el impuesto vaya a entrar en vigor. El parlamento tenía previsto votar la primera sección del presupuesto a principios de noviembre, y el destino de la enmienda dependerá de las revisiones restantes, de la definición de los procedimientos de medición y de cómo se resuelvan las objeciones sobre privacidad y costos para las empresas.


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