Por Canuto  

Florida revocará los permisos de cámaras Flock y lectores de placas en sus carreteras estatales, mientras autoridades policiales defienden su utilidad y el gobernador Ron DeSantis advierte que la vigilancia está fuera de control.
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  • El FDOT dio 30 días a las agencias para retirar las cámaras o afrontarán el retiro ejecutado por el propio departamento.
  • El gobernador Ron DeSantis cuestionó el avance de una posible red de vigilancia, aunque previamente aprobó fondos para adquirir dispositivos similares.
  • Los alguaciles de Volusia y Jacksonville anunciaron el retiro de sus cámaras, mientras Orange County defendió una red de 160 equipos.

 

Florida ordenó retirar las cámaras Flock y otros lectores automáticos de placas instalados en carreteras estatales, una decisión que enfrenta los argumentos de seguridad pública con las preocupaciones sobre privacidad. El Departamento de Transporte de Florida, FDOT, comunicó a las agencias policiales que tendrán 30 días para desmontar los equipos; si no cumplen, la propia entidad ejecutará el retiro y dejará de emitir nuevos permisos.

La medida alcanza algunas de las vías más transitadas de Florida Central, donde ya existen dispositivos registrados por mapas de código abierto. La disputa no se limita a la tecnología de reconocimiento de matrículas, sino que también plantea preguntas sobre quién puede acceder a los datos, cuánto tiempo se conservan y bajo qué reglas pueden compartirse entre autoridades.

El FDOT revoca permisos para las cámaras

En un memorando emitido el lunes, Will Watts, subsecretario del FDOT, instruyó a las agencias a retirar las cámaras de las carreteras estatales dentro de un plazo de 30 días. El documento señala que, de no hacerlo, el departamento intervendrá directamente para desmontar los equipos, además de confirmar que ya no tiene intención de conceder permisos para nuevas instalaciones.

El memorando reconoce que la ley de Florida limita la emisión de permisos para sistemas LPR a las agencias policiales, pero sostiene que el aumento exponencial de despliegues justifica una respuesta inmediata. También menciona informes preocupantes sobre uso indebido, preocupaciones relacionadas con la privacidad de los datos y posibles esquemas de vigilancia que, según el FDOT, amenazan la soberanía y la calidad de vida de los floridanos.

Las cámaras fabricadas por Flock, junto con equipos similares de otras empresas, fotografían cada vehículo que pasa frente a ellas. Además de captar la matrícula, los sistemas pueden registrar la marca, el modelo, el color y características visibles como abolladuras o rayones, creando un conjunto de datos que permite identificar automóviles en distintos puntos de una ciudad o una carretera.

El alcance de la orden es más limitado que una prohibición estatal absoluta, porque se aplica a las carreteras bajo jurisdicción del FDOT. Sin embargo, esas rutas incluyen Semoran Boulevard, Colonial Drive, Orange Blossom Trail, Conway Road y Alafaya Trail en el condado de Orange, tramos donde el mapa abierto DeFlock muestra cámaras instaladas.

Policías defienden la tecnología ante la controversia

Las agencias policiales sostienen que los lectores de placas son herramientas decisivas para resolver delitos con rapidez, especialmente cuando un vehículo aparece vinculado con una investigación. John Mina, alguacil del condado de Orange, afirmó recientemente que su agencia opera 160 cámaras con un costo anual de USD $158.000 y advirtió que perderlas representaría una ventaja importante para los delincuentes.

Mina describió la posible desaparición de los equipos como un perjuicio enorme para las fuerzas del orden, porque los investigadores pueden utilizar los registros para reconstruir desplazamientos y localizar vehículos buscados. Su argumento refleja la posición de otros departamentos que consideran que el valor operativo del sistema supera sus riesgos, siempre que existan controles claros sobre el acceso y el uso de la información.

Mike Chitwood, alguacil del condado de Volusia, anunció que su agencia retirará todas sus cámaras después del memorando estatal y afirmó que los lectores de placas ya no son viables en Florida. A su juicio, las críticas recientes combinan preocupaciones legítimas sobre privacidad, tecnología e intercambio de datos con medias verdades, mentiras descaradas y actores de mala fe que terminaron debilitando una herramienta valiosa.

Chitwood también expresó su esperanza de que la Legislatura de Florida establezca reglas para permitir nuevamente el uso de estos sistemas. Dijo que los LPR habían sido una herramienta extraordinaria para la seguridad pública, pero que, sin claridad, orientación y un marco legal sobre salvaguardas, regulación y rendición de cuentas, su agencia ya no podía emplearlos.

DeSantis advierte contra un estado de vigilancia

La decisión del FDOT se produjo después de que el gobernador Ron DeSantis describiera el uso de estas cámaras como algo que está fuera de control. DeSantis dijo que respalda que las fuerzas del orden dispongan de instrumentos para responsabilizar a los criminales, pero añadió que no quiere que Florida se convierta en un estado de vigilancia.

Sus comentarios llegaron mientras aumentaba la oposición nacional contra las cámaras, incluso en ciudades de Florida como Oviedo y Altamonte Springs. El Concejo Municipal de Oviedo tenía previsto analizar en un taller si debía poner fin a su contrato con Flock, una discusión que muestra cómo la controversia pasó de los departamentos policiales a los gobiernos locales.

Los alguaciles de Volusia y Jacksonville comunicaron que retirarán sus cámaras tras conocer el memorando estatal, aunque las consecuencias operativas todavía dependen de la legislación que adopte Florida. Chitwood advirtió que habrá un impacto en el crimen y la seguridad pública, y sostuvo que algunos delincuentes celebrarán la decisión junto con los críticos del sistema.

La controversia también expone una tensión política en torno al financiamiento público, porque DeSantis había aprobado recursos para que agencias locales compraran cientos de cámaras Flock y dispositivos similares como parte de su función en la Junta Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración. Esa junta distribuye subvenciones para gastos vinculados con la aplicación de las normas migratorias, pero la oficina del gobernador no respondió de inmediato si planea actuar también contra esos equipos.

El caso deja abierta una disputa sobre el futuro de la vigilancia automatizada en Florida, donde las autoridades deberán definir límites para proteger los derechos individuales sin eliminar herramientas que los policías consideran útiles. Mientras el FDOT prepara la aplicación de su orden, las agencias y los legisladores enfrentan la tarea de establecer quién controla los datos, cómo se supervisan las consultas y qué consecuencias existen ante un uso indebido.

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