Por Canuto  

Florida demandó a TP-Link y sostiene que la compañía exageró la seguridad de sus routers y la distancia de sus operaciones respecto de China. La empresa ha defendido su separación de una matriz china y su fabricación en Vietnam, mientras otros estados también han presentado reclamos similares.
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  • El fiscal general de Florida, James Uthmeier, acusa a TP-Link de presentar de forma engañosa la seguridad de sus routers y sus vínculos empresariales con China.
  • La demanda plantea que hackers vinculados al Estado chino explotaron routers de la marca y que algunos modelos antiguos ya no reciben soporte.
  • Iowa, Nebraska y Montana también han demandado a TP-Link; la compañía sostiene que su operación estadounidense se separó de su matriz china en 2024.

Florida sostiene que TP-Link engañó a los consumidores sobre la protección de sus routers y su relación con China. La empresa, que ha defendido su estructura estadounidense y su producción en Vietnam, enfrenta demandas similares en otros tres estados.

Florida pone en duda las promesas de seguridad

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció el 6 de octubre de 2026 una demanda contra TP-Link y acusó a la compañía de haber presentado de manera engañosa tanto la seguridad de sus routers como sus vínculos con China. La demanda anunciada por la Fiscalía General de Florida se enfoca en lo que el estado considera información relevante para quienes conectan dispositivos y redes domésticas a equipos de la marca. La acción legal no equivale a una sentencia: las afirmaciones descritas corresponden a la posición de las autoridades estatales y deberán discutirse en el proceso.

En un video difundido junto con el anuncio, Uthmeier sostuvo que consumidores de Florida compraron una puerta de entrada a sus redes domésticas sin recibir, según su interpretación, una explicación fiel sobre los riesgos, la estructura de la empresa y el posible tratamiento de sus datos. El fiscal general también dijo que hackers patrocinados por el Estado chino habían explotado routers TP-Link instalados en hogares estadounidenses. La información publicada no identifica los modelos afectados ni detalla incidentes concretos, por lo que la acusación no permite concluir que todos los equipos de la marca hayan sido comprometidos.

Otro punto señalado por Uthmeier es que muchos routers antiguos no pueden actualizarse automáticamente y que TP-Link dejó de ofrecer soporte para algunos modelos. Las actualizaciones pueden corregir fallas de seguridad, mientras que el fin del soporte puede dejar a un dispositivo sin nuevas correcciones del fabricante; sin embargo, la información disponible no precisa cuántos productos estarían en esa situación ni cuáles son. Esa falta de detalle limita la posibilidad de medir el alcance técnico de la denuncia a partir de los datos publicados.

La demanda también cuestiona las afirmaciones sobre la separación de las operaciones estadounidenses de TP-Link respecto de una compañía china y sobre la fabricación en Vietnam. Según Uthmeier, la investigación y la producción seguirían arraigadas en China, y menos del 1% de las piezas de la planta vietnamita provendrían de Vietnam. Son alegatos del fiscal general, no conclusiones judiciales; la empresa, por su parte, ha respondido que TP-Link en Estados Unidos se separó de su matriz china en 2024 y que fabrica routers en Vietnam desde 2018.

Uthmeier también invocó una designación del Pentágono relacionada con los vínculos de TP-Link con China. El Departamento de Defensa incluyó a TP-Link en su lista de entidades identificadas como compañías militares chinas y la describió como contribuyente a la base industrial de defensa china. Esa inclusión no demuestra por sí sola las acusaciones de la demanda sobre la seguridad de los routers o el tratamiento de datos. Tom’s Hardware informó que el anuncio fue acompañado por un video del funcionario y que la demanda plantea tanto cuestiones de seguridad informática como posibles prácticas engañosas ante los consumidores.

Investigaciones federales y presión en varios estados

El caso de Florida se suma a revisiones federales abiertas en 2024 por el Departamento de Comercio, el Departamento de Defensa y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según la información publicada por Tom’s Hardware, el Departamento de Justicia examinaba si TP-Link incurrió en prácticas comerciales desleales y si la compañía representaba un riesgo para la seguridad nacional. La existencia de esas indagaciones no demuestra por sí misma que la empresa haya cometido una infracción, pero muestra que las preocupaciones sobre el fabricante ya habían llegado a distintas dependencias federales.

TP-Link ha rechazado las acusaciones relativas a sus vínculos corporativos al destacar que su operación estadounidense se separó de la matriz china en 2024. También ha señalado que fabrica sus routers en Vietnam desde 2018, una afirmación que contrasta directamente con la versión de Uthmeier sobre el origen de las piezas y la continuidad de la investigación y la fabricación en China. El material disponible no incluye una respuesta detallada de la compañía a cada alegato específico de la demanda de Florida.

Florida no es el único estado que ha llevado a TP-Link ante los tribunales por motivos relacionados con la seguridad de sus routers y sus presuntos nexos con Pekín. Iowa, Nebraska y Montana también presentaron demandas por razones descritas como similares, y sus fiscales generales afirmaron que buscan proteger a sus residentes frente al Partido Comunista Chino. La acumulación de casos estatales amplía la presión legal sobre la empresa, aunque cada demanda tendrá su propio trámite y deberá evaluarse con base en sus alegatos y pruebas.

La situación regulatoria de los routers añade otro frente a la controversia. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) incorporó a su lista de equipos cubiertos los routers de consumo fabricados en el extranjero. La medida impide que estos productos obtengan nuevas autorizaciones de la FCC, necesarias para su importación, según la actualización publicada por el organismo. El reporte también señaló que Cisco y Netgear recibieron aprobaciones condicionales y que TP-Link solicitó una exención, aunque no estaba claro si la había obtenido al momento de la publicación.

La restricción no significa necesariamente que TP-Link deba retirar todos sus productos del mercado estadounidense: la información indica que la empresa podría seguir vendiendo modelos que ya se encuentran en el país. La diferencia entre importar nuevos equipos y comercializar inventario existente es relevante para entender el alcance práctico de la medida, aunque el reporte no detalla qué productos o cantidades estarían involucrados. Por ahora, la demanda de Florida mantiene en primer plano las declaraciones sobre seguridad y estructura empresarial, pero no resuelve por sí sola ninguna de las disputas.

El debate enfrenta dos cuestiones que conviene mantener separadas: si determinados routers presentaron fallas o dejaron de recibir soporte, y si la compañía describió con precisión sus vínculos corporativos y su cadena de producción. Las acusaciones de explotación por hackers patrocinados por un Estado, al igual que los señalamientos sobre el origen de los componentes, requieren evidencia específica para establecer responsabilidades. El resultado de los procesos y el estado de la solicitud ante la FCC determinarán qué consecuencias legales o comerciales podrían derivarse para TP-Link.


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