Por Canuto  

Una propuesta de la EPA podría permitir que autoridades estatales y locales decidan si las comunidades reciben aviso y pueden comentar sobre permisos de contaminación para fuentes menores, incluidos potencialmente generadores de centros de datos de IA.
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  • La EPA plantea eliminar requisitos federales mínimos de aviso público y comentarios para permisos de fuentes menores bajo la Ley de Aire Limpio.
  • La Red de Protección Ambiental advierte que grandes generadores a gas para centros de datos podrían evitar revisiones más rigurosas.
  • La propuesta llega mientras crece la oposición vecinal a los centros de datos y la presión por conseguir energía para la expansión de la IA.

 

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, propuso modificar los requisitos de participación pública aplicables a ciertos permisos de contaminación atmosférica para fuentes menores. La propuesta, anunciada el 1 de julio de 2026, busca flexibilizar los elementos de participación pública del proceso de Revisión de Nueva Fuente Menor, conocido como NSR, bajo la Ley de Aire Limpio.

Según la EPA, la medida contempla un periodo de 45 días para recibir comentarios sobre la propuesta. El cambio podría tener consecuencias para algunos centros de datos construidos para atender la expansión de la inteligencia artificial, especialmente aquellos que incorporan generación eléctrica propia con combustibles fósiles. Organizaciones críticas sostienen que esos proyectos podrían tramitarse como fuentes menores o fuentes sintéticas menores, una clasificación que les permitiría evitar el escrutinio reservado a las fuentes mayores de contaminación, informa The Register.

Una propuesta que cambia el papel del público

La participación pública forma parte del proceso mediante el cual las comunidades conocen determinados proyectos industriales y expresan preocupaciones sobre sus posibles efectos ambientales. La propuesta de la EPA revisaría los requisitos federales de aviso y comentarios asociados con determinados permisos NSR para fuentes menores.

En lugar de aplicar un estándar federal uniforme en todos los casos, los programas estatales y locales de permisos tendrían un papel más amplio para definir cómo se desarrolla la participación. En la práctica, dos proyectos con características similares podrían enfrentar procesos de información pública diferentes dependiendo del territorio donde se instalen, aunque la propuesta no determina por sí sola qué estados o localidades modificarían sus procedimientos.

La Red de Protección Ambiental, integrada por exfuncionarios de la propia EPA, presentó comentarios formales contra los cambios propuestos. El grupo argumenta que la eliminación de requisitos federales de larga data dejaría a las comunidades con menos información sobre desarrollos industriales ubicados cerca de sus viviendas, precisamente cuando aumenta la presión por construir infraestructura para servicios digitales y sistemas de IA.

Mike Koerber, exsubdirector de la Oficina de Calidad del Aire y Estándares de la EPA, cuestionó la iniciativa y la vinculó con una pérdida de transparencia institucional. Según declaró, eliminar el aviso público obligatorio continúa los esfuerzos de la administración actual por apartarse de un principio fundamental de la agencia: que los ciudadanos puedan conocer y participar en las decisiones relacionadas con la calidad del aire.

El vínculo con la energía de los centros de datos

Los centros de datos necesitan grandes cantidades de electricidad para operar servidores, sistemas de refrigeración y equipos de respaldo, una demanda que se ha intensificado con el crecimiento de las aplicaciones de inteligencia artificial. La conexión a la red eléctrica, sin embargo, puede requerir años de espera, por lo que algunos desarrolladores y operadores estudian instalar generación en el propio predio para acelerar sus planes.

La generación interna suele apoyarse en turbinas alimentadas con gas, según la información citada en la noticia, y puede convertirse en una fuente adicional de emisiones para las comunidades cercanas. Entre los contaminantes señalados aparecen los óxidos de nitrógeno, conocidos como NOx, que contribuyen a la formación de smog y pueden agravar la preocupación local por la calidad del aire.

Cuando un proyecto se clasifica como fuente menor o fuente sintética menor, sus obligaciones de revisión pueden diferir de las aplicables a una fuente mayor. La Red de Protección Ambiental advierte que, sin un análisis público suficiente, algunas instalaciones podrían evitar controles más estrictos, aunque la clasificación concreta dependería de los permisos y de las decisiones de las autoridades competentes.

La controversia ambiental se suma a un conflicto más amplio sobre cómo financiar y abastecer la infraestructura que sostiene el auge de la IA. Los operadores buscan velocidad para aprovechar la demanda, mientras los gobiernos locales deben equilibrar ingresos, empleo, consumo energético, disponibilidad de agua y efectos potenciales sobre la salud y el entorno.

La postura de la administración y la oposición vecinal

Lee Zeldin, administrador de la EPA, afirmó a comienzos de este año que la administración del presidente Donald Trump no intentaría establecer reglas ambientales nacionales específicas para la industria de centros de datos. Zeldin sostuvo que los gobiernos estatales y locales están mejor posicionados para decidir, debido a que la disponibilidad de agua, la calidad del aire y las necesidades eléctricas cambian considerablemente entre regiones.

La Red de Protección Ambiental considera que la propuesta contradice un memorándum anterior de transparencia firmado por Zeldin. En ese documento, según el grupo, el administrador indicó que el público debía poder confiar en el trabajo de la EPA y recomendó alcanzar la participación ciudadana más completa posible en la toma de decisiones de la agencia.

La organización también relaciona el debate con la creciente oposición a los llamados centros de datos en barrios residenciales. Una encuesta de Gallup, realizada entre el 2 y el 18 de marzo de 2026 a 1.000 adultos estadounidenses, mostró que siete de cada diez personas se oponen a la construcción de un centro de datos de IA en su zona; el 48% manifestó una oposición firme. El resultado refleja preocupaciones por el ruido, el uso de recursos y las consecuencias ambientales asociadas.

El respaldo político a estas instalaciones, no obstante, se ha vuelto más visible. Trump criticó la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de pausar temporalmente nuevas aprobaciones de proyectos de centros de datos hasta completar auditorías de la red eléctrica estatal. El presidente afirmó que detener su avance sería un error, porque las instalaciones representarían una fuente inmensa de ingresos para la economía.

Causas de movimientos recientes

La propuesta de la EPA fue anunciada el 1 de julio de 2026 y está directamente vinculada a la revisión de los elementos de participación pública de los permisos NSR para fuentes menores. Ese es el catalizador confirmado del debate regulatorio. El posible impacto sobre centros de datos y sus generadores a gas es una consecuencia plausible planteada por organizaciones críticas, no una aplicación automática de la propuesta a todos los proyectos.

La oposición vecinal también forma parte del contexto: la encuesta de Gallup encontró que el 70% de los adultos consultados rechaza un centro de datos de IA en su zona. Sin embargo, la evidencia disponible no permite atribuir a esa encuesta, ni a un único factor, cambios concretos en la aprobación de proyectos o en el mercado energético.

Qué queda por definirse

La propuesta aún enfrenta el proceso regulatorio correspondiente y la EPA abrió un periodo de 45 días para recibir comentarios sobre sus alcances. Mientras ese procedimiento avanza, los estados y municipios seguirán siendo actores centrales para determinar cómo se aplican los permisos de aire a proyectos industriales que combinan centros de datos, generadores y sistemas de respaldo.

El resultado podría definir cuánta información recibe una comunidad antes de que una instalación comience a operar o amplíe su capacidad. Para los críticos, eliminar o reducir un estándar federal disminuye la previsibilidad y puede limitar la posibilidad de objetar un proyecto; para quienes defienden mayor autonomía local, permite adaptar las decisiones a condiciones específicas de cada región.

La disputa también muestra que la carrera por la infraestructura de IA no se limita a chips, servidores y modelos de software. El acceso a energía, la aprobación de permisos y la aceptación social pueden determinar si un proyecto llega a construirse, particularmente cuando la generación eléctrica en sitio introduce emisiones que los residentes consideran relevantes.

Por ahora, la principal incertidumbre no es solo si la EPA modificará los requisitos nacionales, sino cómo responderán los reguladores locales y estatales ante una eventual autonomía adicional. La decisión podría cambiar la forma en que las comunidades conocen, evalúan y cuestionan el costo ambiental de los nuevos centros de datos.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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