Por Canuto  

El Noveno Circuito dejó vigentes hasta las elecciones legislativas las restricciones a ciertas pesquisas electorales del DHS en nueve estados, mientras siete jueces defendieron una posición opuesta.
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  • La corte rechazó reconsiderar la suspensión de la orden que limita ciertos operativos de campo y entrevistas con personas que los agentes sepan o deban sospechar que son ciudadanas.
  • El secretario del DHS, Markwayne Mullin, dijo que hay más de 300.000 casos potenciales bajo investigación; la cifra no representa votos ilegales confirmados.
  • La disidencia de siete jueces cuestionó la legitimación de los demandantes y el alcance de la orden, que permanece vigente en nueve estados.

Una corte federal de apelaciones mantuvo restricciones a ciertas investigaciones electorales de la administración de Donald Trump en nueve estados durante los últimos días antes de las elecciones legislativas. El Noveno Circuito rechazó que un grupo más amplio de sus jueces reconsiderara la decisión de no suspender una orden judicial que limita algunas operaciones de campo y entrevistas con personas que los funcionarios sepan, sospechen o razonablemente deban sospechar que son ciudadanas estadounidenses.

La decisión deja vigentes las limitaciones en California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin hasta el cierre de las urnas del martes. Siete jueces discreparon de la negativa a revisar el caso, pero su disidencia no modifica la orden; el litigio se suma a otros reveses judiciales recientes para la ofensiva federal contra el presunto voto de personas no ciudadanas.

La orden sigue vigente durante la votación

El caso, California Nurses Association v. Mullin, comenzó en septiembre con una demanda de la California Nurses Association, National Nurses United, Voto Latino Foundation, el condado de Santa Clara y la ciudad y condado de San Francisco. Los demandantes llevaron ante los tribunales al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agencias de inmigración y funcionarios federales por la iniciativa para investigar posibles votos de no ciudadanos.

Las organizaciones de enfermería sostuvieron que sus integrantes, ciudadanos estadounidenses, temían que las autoridades los identificaran, investigaran o detuvieran por error. Según la demanda, ese temor llevó a algunos miembros a reducir sus actividades vinculadas con las elecciones; en esta etapa preliminar, el tribunal de distrito concluyó que probablemente podían demandar en representación de ellos.

Los demandantes afirmaron que las pesquisas podían señalar equivocadamente a ciudadanos y convertirse en intimidación electoral, prohibida por la Sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto. El 21 de octubre, la jueza de distrito Araceli Martínez-Olguín concedió una orden judicial preliminar que limita determinadas operaciones de campo relacionadas con elecciones y entrevistas en los nueve estados incluidos en el caso.

La orden también restringe operaciones basadas completamente en ciertos registros federales cuando las autoridades sepan, sospechen o razonablemente deban sospechar que las personas involucradas son ciudadanas estadounidenses. La administración apeló y pidió suspender la medida mientras avanzaba el proceso, pero un panel de tres jueces del Noveno Circuito rechazó esa solicitud al considerar que el gobierno no había demostrado el daño irreparable necesario.

Cómo se originan las investigaciones sobre presuntos votos no ciudadanos

El expediente judicial describe un programa en el que agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) han visitado hogares para preguntar a personas sobre su ciudadanía y su participación electoral. Newsweek informó previamente sobre esas visitas; la documentación del caso detalla también cómo el gobierno identifica posibles casos antes de remitirlos a los investigadores de campo.

De acuerdo con el expediente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) compara información electoral de gobiernos estatales y locales, además de fuentes públicas, con bases de datos del DHS y comerciales. Después, USCIS revisa manualmente las coincidencias potenciales con el objetivo declarado de descartar a ciudadanos estadounidenses antes de enviar casos a HSI.

Si USCIS concluye que alguien probablemente votó de manera ilegal, crea un registro en TECS, una base de datos federal de aplicación de la ley. HSI decide entonces si corresponde investigar más, y las oficinas de campo revisan los registros por separado antes de determinar si actúan; entre las medidas posibles figura entrevistar a la persona señalada.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, dijo en Fox News que las agencias investigan más de 300.000 casos potenciales relacionados con el presunto voto de no ciudadanos. Esa cifra describe casos bajo investigación, no votos ilegales confirmados ni resultados judiciales; el DHS había defendido previamente el uso de datos gubernamentales y comerciales para verificar identidades y eliminar posibles falsos positivos.

La disidencia cuestiona la intervención judicial

La negativa del Noveno Circuito a convocar una revisión en banc, es decir, ante un grupo más amplio de jueces, recibió una disidencia de 33 páginas del juez Eric Tung. Se sumaron a su posición los jueces Consuelo Callahan, Ryan Nelson, Daniel Collins, Daniel Bress, Patrick Bumatay y Lawrence VanDyke, quienes consideraron que el tribunal de distrito había restringido demasiado la aplicación de la ley.

Tung sostuvo que la corte inferior confundió una investigación sobre posible voto ilegal con la intimidación electoral prohibida por la legislación federal. En su opinión, los demandantes carecían de legitimación para presentar el caso, las partes privadas no podían hacer cumplir la Sección 11(b) y, en cualquier caso, las investigaciones gubernamentales no vulneraban esa disposición.

La disidencia también cuestionó que la orden fuera suficientemente precisa y argumentó que su alcance podía impedir investigaciones legítimas cuando los funcionarios tuvieran motivos para pensar que una pesquisa involucraría a un ciudadano estadounidense. Tung escribió que el tribunal inferior permitió que un temor abstracto sustituyera al daño concreto y equiparó la investigación con la intimidación.

Los siete jueces afirmaron que la controversia justificaba una revisión ampliada, pero la mayoría de los jueces activos no recusados no votó a favor de convocarla, según la presentación del tribunal del 30 de octubre. Por eso, los argumentos de la disidencia no levantan ni cambian las restricciones que siguen en vigor durante el tramo final de la votación.

Un pulso más amplio sobre la administración electoral

La disputa forma parte de una ofensiva más amplia de la administración contra el presunto fraude electoral y el voto de no ciudadanos. El Departamento de Justicia ha anunciado en las últimas semanas decenas de investigaciones penales relacionadas con elecciones, incluidas acusaciones contra no ciudadanos por votar, declararse falsamente ciudadanos al registrarse y cometer otros delitos vinculados con el proceso electoral.

Trump anunció el lunes que ofrecería USD $1.000.000 a quien denunciara fraude en elecciones anteriores o en las elecciones legislativas de 2026, siempre que la información condujera a un arresto y una condena. La Casa Blanca no entregó a Newsweek detalles sobre cómo se financiaría o administraría la recompensa propuesta cuando el medio los solicitó.

En otro caso, la jueza de distrito Trina Thompson prohibió temporalmente a funcionarios del DOJ y del DHS amenazar a trabajadores electorales estatales y locales con procesarlos por tramitar o contar boletas conforme a las leyes vigentes. Su orden también limita las exigencias federales para retirar a personas específicas de los registros de votantes o tratar sus boletas de manera distinta por alegaciones de inelegibilidad; Thompson consideró que esas acciones probablemente interferirían con la administración electoral y privarían del voto a personas habilitadas.

California mantiene, además, una disputa separada por unos 20.000 votantes registrados que el gobierno considera probablemente no ciudadanos. Un juez federal rechazó esta semana la solicitud del DOJ para exigir que las autoridades electorales apartaran las boletas asociadas a esas personas, y el Noveno Circuito también denegó el viernes una petición de medidas cautelares de emergencia en ese litigio.

La administración argumenta que reforzar la aplicación de la ley protege la integridad electoral, mientras sus críticos advierten que el voto de no ciudadanos es raro y que datos de ciudadanía poco fiables pueden señalar a votantes habilitados. La orden sobre las pesquisas de campo no resuelve el litigio de fondo, pero mantiene límites concretos para los agentes federales en los nueve estados hasta el cierre de las urnas del martes.


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