Por Canuto  

El GAFI revisará jurisdicciones con actividad significativa de activos virtuales para medir cómo aplican sus controles contra el lavado de dinero. Los primeros hallazgos llegarían en junio de 2027, mientras el organismo advierte brechas persistentes en supervisión y licencias.
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  • La revisión se enfocará en centros cripto que, en conjunto, representan cerca del 97% del mercado mundial de activos virtuales.
  • En abril de 2026, 149 jurisdicciones habían sido evaluadas: 33 no cumplían y 64 cumplían parcialmente con los estándares para proveedores cripto.
  • El GAFI prevé publicar hallazgos iniciales en junio de 2027 y resultados adicionales en octubre del mismo año.

El organismo busca medir si las reglas contra el lavado de dinero se aplican de forma efectiva en los centros donde se concentra la actividad cripto.

El GAFI revisará los principales centros cripto por fallas contra el lavado de dinero

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, conocido como FATF por sus siglas en inglés) acordó revisar jurisdicciones con actividad significativa de activos virtuales para comprobar cómo llevan sus estándares a la práctica. El proceso apunta a cerrar la brecha entre las normas internacionales y la capacidad de los gobiernos para supervisar a las empresas que operan con criptoactivos, en un sector donde las autoridades todavía enfrentan dificultades de aplicación.

La decisión se tomó durante el plenario celebrado en París entre el 28 y el 30 de octubre de 2026, el primero bajo la presidencia del Reino Unido. El organismo no identificó qué jurisdicciones serán examinadas, pero señaló que recurrirá a criterios objetivos relacionados con el estado de evaluación de cada país y que centrará la revisión en centros clave que, en conjunto, cubren cerca del 97% del mercado mundial de activos virtuales.

Una revisión enfocada en la aplicación de las reglas

El examen se concentra en las jurisdicciones que albergan actividad relevante de proveedores de servicios de activos virtuales, conocidos como VASP. En esa categoría entran empresas que interactúan con los criptoactivos de sus clientes, como exchanges, custodios e intermediarios similares, cuyas operaciones pueden conectar plataformas, usuarios y transferencias de fondos.

La base normativa es la Recomendación 15 del GAFI, que aborda nuevas tecnologías e incluye los activos virtuales. La revisión pretende acelerar la implementación de esos estándares y observar si los marcos nacionales permiten supervisar efectivamente a los proveedores, en lugar de limitarse a comprobar que las reglas existan sobre el papel.

Los hallazgos iniciales están previstos para junio de 2027, mientras que el organismo programó resultados adicionales para octubre de ese año. Esos plazos marcan dos etapas de evaluación, aunque la información disponible no detalla qué indicadores específicos se publicarán en cada una ni qué países recibirán atención prioritaria.

El GAFI también planea ofrecer asistencia técnica y apoyo a las jurisdicciones examinadas. La medida busca reforzar sus marcos regulatorios y su capacidad de cumplimiento, de modo que el proceso no consista únicamente en calificar a los países, sino también en ayudarlos a responder a las deficiencias que se identifiquen.

Brechas en supervisión y licencias pese al avance normativo

El balance previo muestra que la adopción formal de estándares no ha eliminado los problemas de cumplimiento. Hasta abril de 2026, el GAFI había evaluado a 149 jurisdicciones respecto de sus reglas para VASP: 33 fueron consideradas no conformes y otras 64 recibieron la calificación de parcialmente conformes, cifras que reflejan una aplicación desigual entre países.

En una actualización de julio de 2026, el organismo informó que el 83% de las jurisdicciones encuestadas había implementado legislación sobre la Travel Rule. Este requisito obliga a los proveedores de servicios cripto a transmitir información sobre quienes envían y reciben transferencias, con el propósito de reducir el anonimato de los movimientos entre plataformas reguladas.

La regla busca acercar el tratamiento de las transferencias cripto al que ya aplican los bancos en las transferencias electrónicas, donde circulan datos sobre las partes involucradas. Sin embargo, aprobar una norma no garantiza por sí solo que las autoridades supervisen su cumplimiento de manera consistente ni que las empresas tengan controles operativos adecuados.

La misma actualización señaló brechas importantes en la supervisión basada en riesgos y en la aplicación de los requisitos de licencia para los proveedores. El desafío, por tanto, no se limita a ampliar la legislación: también implica identificar riesgos, vigilar a los operadores y hacer cumplir las condiciones que permiten ofrecer servicios relacionados con activos virtuales.

Fraude, stablecoins y presión internacional

El GAFI ha advertido sobre amenazas emergentes vinculadas con el fraude a escala industrial y el uso indebido de stablecoins. Según los hallazgos del organismo, las redes criminales aprovechan cada vez más las debilidades regulatorias, especialmente en jurisdicciones donde el cumplimiento de las normas es laxo.

La revisión de los centros cripto busca poner el foco en los lugares donde se concentra una parte sustancial de la actividad de los proveedores, en vez de tratar todas las jurisdicciones como si tuvieran el mismo peso operativo. Al abarcar centros que representan aproximadamente el 97% del mercado, el GAFI aspira a orientar sus esfuerzos hacia espacios relevantes para el funcionamiento del sector global.

El organismo no redacta leyes para los países, por lo que su influencia depende de la presión entre pares y de sus mecanismos de seguimiento. Entre ellos destaca la lista gris, nombre habitual de la relación de jurisdicciones bajo monitoreo intensificado, cuyos integrantes se comprometen a corregir deficiencias estratégicas en sus sistemas contra el lavado de dinero y quedan sujetos a un escrutinio más estrecho.

En el plenario de octubre de 2026, el GAFI retiró de esa lista a Bulgaria, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Mónaco. Tras esas salidas, la lista gris quedó con 18 jurisdicciones, un dato que muestra cómo el mecanismo puede cambiar a medida que el organismo evalúa las mejoras y los compromisos asumidos por cada país.

La nueva revisión no significa que el GAFI haya anunciado sanciones ni una lista específica de jurisdicciones cripto bajo examen, y la entidad todavía no hizo públicos sus nombres. Por ahora, el calendario ofrece los próximos hitos: asistencia técnica y evaluación de los centros relevantes, con resultados iniciales en junio de 2027 y una actualización posterior en octubre.


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