Por Canuto  

Un proyecto presentado en el Congreso de EE. UU. plantea que proveedores de internet, DNS y VPN bloqueen servicios extranjeros que distribuyan contenido pirata. Sus reglas no aclaran con precisión qué significa que una conexión provenga del país, una ambigüedad que podría impulsar medidas más amplias de lo previsto.
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  • La propuesta H.R. 10364 permitiría órdenes judiciales de bloqueo en plazos de 14 a 30 días, con una vía acelerada para ciertos eventos en vivo.
  • El texto no define claramente cómo determinar si una conexión se origina en EE. UU. ni cómo tratar VPN, CDN, cifrado y tráfico de múltiples saltos.
  • El proyecto, patrocinado por el representante Darrell Issa, fue remitido a la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes.

La propuesta antipiratería de EE. UU. podría poner a prueba los límites de las VPN

Una obligación de bloqueo con plazos definidos

Un proyecto presentado en el Congreso de Estados Unidos propone obligar a proveedores de internet, servicios de resolución DNS y redes privadas virtuales (VPN) a bloquear sitios o servicios extranjeros que alojen contenido pirateado. La iniciativa, identificada como H.R. 10364, se titula American Copyright Protection Act of 2026. El representante republicano Darrell Issa es su patrocinador y el proyecto fue remitido a la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Tom’s Hardware destacó que la propuesta se enfoca en servicios extranjeros y en conexiones descritas como procedentes de Estados Unidos.

La iniciativa establece que una orden de bloqueo estándar tendría que provenir de un tribunal, lo que sitúa la decisión en el ámbito judicial y no únicamente en manos de los proveedores. Una vez emitida, la orden debería aplicarse en un plazo de entre 14 y 30 días, según las condiciones previstas en el texto, de acuerdo con la información publicada por Tom’s Hardware. Ese período daría a las empresas afectadas un tiempo limitado para identificar el servicio señalado y definir cómo impedir el acceso.

El proyecto contempla una vía distinta para los llamados eventos sensibles al tiempo, una categoría que apunta aparentemente a transmisiones en vivo de eventos deportivos y programas. En esos casos, un juez podría acortar el plazo de bloqueo a su criterio, siempre que la primera filtración del material protegido aparezca dentro de las 24 horas posteriores a la emisión, según la misma fuente. La medida busca responder con rapidez a una infracción que ocurre mientras el contenido todavía tiene valor de transmisión en directo.

Para los proveedores de internet y DNS, el bloqueo de un dominio puede resultar técnicamente más directo que para una VPN, porque muchos usuarios emplean el servicio DNS de su propio proveedor. Si un dominio aparece en una lista de bloqueo, el proveedor puede dejar de resolverlo para sus clientes; servicios externos como Google DNS, Cloudflare 1.1.1.1, OpenDNS y NextDNS también podrían dejar de responder a solicitudes provenientes de Estados Unidos. La propuesta, sin embargo, no fija un método técnico único para cumplir las órdenes.

La ubicación se vuelve difícil de definir

La mayor incertidumbre aparece cuando una persona utiliza una VPN para encaminar su conexión a través de otra ubicación. El proyecto no define con claridad qué significa que una conexión provenga de Estados Unidos, y tampoco resuelve de manera precisa qué hace que un servicio sea extranjero. Esa falta de especificidad deja abierta la pregunta sobre qué punto de una conexión debe considerar el proveedor al decidir si bloquea un sitio.

Una conexión puede salir de un dispositivo ubicado en Estados Unidos y llegar a internet mediante el punto final de una VPN situado en otro país; también puede ocurrir lo contrario, con un usuario fuera del país conectado a un servidor estadounidense. A esto se suma el caso de una persona suscrita a una VPN como residente de Estados Unidos, pero que se encuentra temporalmente en el extranjero. El texto no aclara cuál de esos elementos —la ubicación física, el punto de salida o la residencia del cliente— definiría el origen pertinente.

Las redes de distribución de contenido (CDN) añaden otra capa de dificultad, porque el servidor visible para quien visita un sitio puede no ser el lugar donde se aloja el contenido original. La duda crece si el usuario accede desde una VPN extranjera a una página servida por una CDN, o si el punto final de esa red está fuera de Estados Unidos mientras el sitio real permanece dentro del país. En ambos escenarios, la ley no precisa si la ubicación del servidor intermedio determina que el servicio sea considerado extranjero.

También quedan sin respuesta los casos de VPN de múltiples saltos, en los que el tráfico atraviesa varios servidores y podría pasar por Estados Unidos en algún tramo. Tom’s Hardware plantea además escenarios como un ciudadano estadounidense a bordo de un barco en aguas internacionales que usa Starlink, un proveedor satelital estadounidense, o una persona que viaja al extranjero y se conecta mediante roaming. El texto no establece si debe prevalecer la ubicación física del usuario, la infraestructura utilizada o el destino de la conexión.

Riesgo de bloqueos amplios y estado legislativo

La ambigüedad geográfica se combina con tecnologías que pueden ocultar o compartir direcciones de internet, entre ellas el alojamiento con IP compartidas y las implementaciones de CGNAT. En esos casos, una misma dirección puede corresponder a más de un usuario o servicio, lo que complica identificar con exactitud el origen y el destino del tráfico. Tom’s Hardware también plantea dudas sobre Oblivious DoH, donde quien responde una consulta DNS no conoce quién la hizo, y sobre iCloud Private Relay, que separa la información sobre origen y destino.

El cifrado añade un obstáculo adicional para los proveedores que intenten identificar solicitudes de acceso. Si un usuario utiliza DNS cifrado, el proveedor de internet podría no ver qué dominio pidió resolver, y el proyecto no explica qué responsabilidad tendría en esa situación. La propuesta tampoco menciona medidas para proteger o anular el cifrado, por lo que deja sin aclarar cómo se espera que los intermediarios ejecuten un bloqueo cuando no pueden inspeccionar la información relevante.

El texto también incluye excepciones: quedan fuera los pequeños proveedores de internet y servicios con menos de 100.000 usuarios mensuales, así como las redes públicas, los operadores DNS raíz y los proveedores de dominios de nivel superior (TLD). Aun así, la ausencia de instrucciones técnicas concretas podría llevar a algunas empresas a aplicar bloqueos amplios por temor a enfrentar responsabilidades. Ese enfoque elevaría el riesgo de que se restrinja también el acceso a direcciones o servicios que no alojan el contenido señalado.

La discusión no surge en un vacío internacional. En España, la ejecución de una sentencia vinculada a LaLiga ha derivado, según una publicación de ZonaMovilidad, en bloqueos masivos que afectan a redes de distribución de contenido, y Cloudflare llevó el conflicto ante el Tribunal Constitucional. En Francia, medios informaron que un tribunal ordenó a cinco proveedores de VPN bloquear 203 dominios de streaming deportivo ilegal tras una demanda de Canal+. Estos casos muestran por qué una obligación dirigida a intermediarios puede tener efectos más amplios que el sitio originalmente señalado.

H.R. 10364, presentado el 14 de septiembre de 2026, es una propuesta legislativa en una etapa inicial: fue remitida a la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Su eventual recorrido dependerá de los pasos que dé el Congreso y de si el texto recibe cambios para precisar cómo se aplicaría a VPN, DNS, CDN y conexiones cifradas.


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