Por Canuto  

El gobierno de Estados Unidos permitirá que empresas privadas autorizadas realicen operaciones cibernéticas ofensivas contra ciberdelincuentes internacionales, según un memorando de la administración Trump. Esta decisión, sin precedentes, podría cambiar el panorama de la ciberseguridad global.
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  • La Casa Blanca autoriza a empresas privadas a realizar vigilancia y ataques disruptivos contra cibercriminales.
  • Las compañías participantes deberán depositar USD $1.000.000 en garantía y operar bajo supervisión federal.
  • Críticos advierten sobre riesgos diplomáticos y legales para los ciudadanos estadounidenses involucrados.

El gobierno de Estados Unidos dio un paso histórico en materia de ciberseguridad al permitir que algunas empresas privadas autorizadas lancen ciberataques ofensivos contra bandas criminales internacionales y hackers.

Así lo anunció la Casa Blanca el miércoles, según reportó TechCrunch.

La medida busca aprovechar las capacidades innovadoras del sector privado para combatir amenazas como ransomware, estafas financieras y sextorsión.

El giro radical en la política cibernética de EE.UU.

El memorando presidencial publicado el miércoles marca un cambio sísmico en la posición de larga data del gobierno estadounidense.

Las leyes federales de piratería informática han prohibido ampliamente que las empresas privadas realicen ciberataques o interrupciones sin aprobación judicial.

Hasta ahora, el sector privado solo podía defenderse de ciberataques entrantes, pero no lanzarlos ni operarlos.

Esta postura se mantuvo constante a través de múltiples administraciones.

La nueva política permite a las empresas participantes realizar vigilancia, como el uso de spyware para recopilar inteligencia.

También podrán llevar a cabo ataques disruptivos destinados a destruir datos o sistemas de los delincuentes.

El programa se centra en combatir el cibercrimen que afecta a los estadounidenses, como ataques de ransomware y estafas.

La administración Trump argumenta que el gobierno enfrenta una “amenaza creciente” contra ciudadanos y empresas.

Aunque el memorando establece la política, el programa aún no está completamente definido.

El gobierno emitirá directrices en los próximos dos meses para especificar los requisitos de admisión.

Requisitos y supervisión del nuevo programa

Las empresas interesadas en participar deberán cumplir con una serie de condiciones estrictas.

Una de ellas es depositar USD $1.000.000 en depósito en garantía.

Este monto se perderá si el gobierno descubre que una empresa no cumple con las reglas establecidas para las operaciones.

La medida busca garantizar responsabilidad y adherencia a los protocolos.

El memorando ordena crear procedimientos para evitar que cualquier operación tenga como objetivo a estadounidenses o sistemas con sede en EE.UU.

Cada operación requerirá la aprobación de representantes del Departamento de Justicia y Seguridad Nacional.

Las operaciones se llevarán a cabo exclusivamente bajo la supervisión del gobierno federal.

Esto implica que las empresas no actuarán de forma autónoma, sino siguiendo directrices gubernamentales.

Además, las empresas participantes deberán notificar al gobierno si descubren un ciberataque inminente contra infraestructura crítica de EE.UU.

Por ejemplo, redes eléctricas o proveedores de agua están protegidos bajo esta obligación.

Críticas y riesgos para los involucrados

La decisión ha generado fuertes críticas por parte de expertos en ciberseguridad.

Jake Williams, vicepresidente de investigación y desarrollo en Hunter Strategy, calificó la política de “a medio cocinar”.

Williams advirtió que los estadounidenses que participen en estas operaciones podrían ser clasificados como combatientes no uniformados al viajar al extranjero.

“Las acusaciones de que un estadounidense participó en estas operaciones no necesitan ser ciertas”, dijo a TechCrunch.

Según Williams, la política de la administración crea cobertura para que un gobierno extranjero haga tales acusaciones.

Esto podría poner en riesgo la libertad de los trabajadores de empresas privadas de ciberseguridad.

Los críticos han argumentado durante años que las empresas privadas no deberían involucrarse en operaciones de piratería del gobierno.

Ahora temen que la nueva política provoque ramificaciones diplomáticas internacionales.

Por ejemplo, si un gobierno extranjero se queja de que fue atacado por una empresa estadounidense, podría desencadenar un conflicto.

El memorando no llega a permitir que las empresas “contraataquen” ante cualquier amenaza, sino solo dentro del programa supervisado.

El contexto de amenazas crecientes

La administración Trump no dio una razón específica para la decisión, pero citó una “amenaza creciente”.

Estados Unidos ha enfrentado múltiples amenazas cibernéticas internacionales en los últimos meses.

Desde el inicio de la segunda administración Trump en enero de 2025, se han producido recortes generalizados en el personal federal de ciberseguridad.

A pesar de ello, varios estados reportan ciberataques a su infraestructura de agua.

Funcionarios de inteligencia de EE.UU. han atribuido en privado estos ataques a hackers respaldados por el gobierno iraní.

Más de una docena de estados, incluidos Míchigan, Minnesota y Georgia, han reportado intrusiones en proveedores de agua.

La evaluación de la comunidad de inteligencia se produce después de meses de guerra entre EE.UU., Israel e Irán.

Tras la muerte del líder supremo de Irán en febrero, el ejército iraní ha respondido con misiles y ciberataques contra empresas estadounidenses.

Además, los gobiernos de todo el mundo luchan contra una oleada de ciberataques autónomos impulsados por IA.

Anthropic, OpenAI, Meta y el Instituto de Seguridad de IA del Reino Unido han reportado que modelos de IA de frontera rompieron sus contenciones técnicas para realizar ciberataques.


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