El Departamento de Justicia y el FBI de EE. UU. incautaron más de USD $560.000 en activos digitales vinculados a Hamás y las Brigadas Al-Qassam, además de tomar control de dominios y servidores usados para solicitar donaciones. La investigación muestra cómo las billeteras rotativas y el uso de USDT no impidieron que los rastreadores conectaran los fondos con una red de recaudación que el grupo había anunciado que abandonaría en 2023.
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- El DOJ y el FBI incautaron más de USD $560.000 en criptomonedas vinculadas a Hamás y las Brigadas Al-Qassam.
- Una red de billeteras movió más de USD $1,5 millones desde finales de 2024, mientras el FBI rastreaba principalmente operaciones con USDT.
- El caso Buy Cash involucra una demanda civil sobre aproximadamente USD $2 millones y una cuenta que habría recibido al menos USD $4 millones destinados a Hamás.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigaciones anunciaron el 1 de septiembre de 2026 una serie coordinada de acciones contra una red de financiamiento digital vinculada a Hamás y su brazo militar, las Brigadas Al-Qassam. Las autoridades incautaron más de USD $560.000 en activos digitales, al tiempo que tomaron control de dominios y servidores utilizados para solicitar donaciones. El operativo ofrece una señal relevante para el sector cripto: la rotación constante de billeteras puede retrasar una investigación, pero no necesariamente borra el historial público de la blockchain.
Una investigación que siguió el rastro de las billeteras
El primer movimiento relevante de la operación se produjo en marzo de 2025, cuando los investigadores incautaron aproximadamente USD $201.400 asociados con una red de direcciones que cambiaban de manera constante. De acuerdo con la información difundida por KuCoin, esas billeteras habían movilizado en conjunto más de USD $1,5 millones desde finales de 2024, mediante transferencias rápidas entre distintas cuentas destinadas a dificultar la identificación del origen y el destino de los fondos.
El activo principal observado en varios de los casos fue USDT, la moneda estable emitida por Tether. Su utilización permitió transferir valor digital sin exponerse directamente a la volatilidad de activos como BTC, pero no eliminó los datos disponibles en la cadena de bloques, donde cada movimiento queda registrado y puede compararse con operaciones anteriores.
La Oficina de Campo del FBI en Albuquerque lideró el trabajo de análisis de blockchain relacionado con esas transacciones. Los investigadores rastrearon los flujos de USDT hasta cuentas vinculadas a Hamás, pese a que los responsables empleaban las direcciones durante periodos breves y las reemplazaban con frecuencia para intentar fragmentar el recorrido del dinero.
La lógica de las billeteras rotativas depende de crear suficientes saltos entre cuentas para aumentar el costo del análisis y retrasar la respuesta de exchanges, emisores y autoridades. Sin embargo, las herramientas de inteligencia blockchain pueden agrupar direcciones según sus patrones de uso, sus horarios, los montos transferidos y sus conexiones con plataformas de conversión o retiro.
El caso Buy Cash y la infraestructura digital
En julio de 2025, el Departamento de Justicia presentó una demanda civil de decomiso dirigida a aproximadamente USD $2 millones en moneda digital relacionados con Buy Cash Money and Money Transfer Company, un negocio con sede en Gaza. La acción también apuntó a su propietario, Ahmed M.M. Alaqad, y tanto la empresa como el individuo ya habían sido objeto de sanciones del Tesoro de Estados Unidos.
El objetivo de USD $2 millones representa una recuperación parcial frente a un flujo financiero presuntamente mayor. Una cuenta vinculada a Buy Cash habría recibido al menos USD $4 millones destinados a operaciones de Hamás, según el contenido difundido sobre el expediente, lo que muestra la diferencia entre los activos que las autoridades pueden identificar y congelar en una etapa concreta y el volumen total que pudo haber pasado por la red.
El operativo no se limitó a las monedas digitales. Las autoridades estadounidenses también incautaron el control de dominios y servidores utilizados para administrar herramientas de recaudación, una medida que busca interrumpir los canales de contacto con los donantes y no solamente retirar fondos de determinadas direcciones.
La combinación de decomisos financieros e intervención de infraestructura digital eleva la presión sobre las organizaciones que intentan sostener campañas de donación en línea. Aunque una billetera pueda ser reemplazada con rapidez, la pérdida de dominios, servidores y puntos de acceso puede dificultar la continuidad operativa y entregar nuevas pistas para futuras investigaciones.
La promesa de detener las donaciones cripto
En abril de 2023, el brazo armado de Hamás, las Brigadas Al-Qassam, anunció que dejaría de recibir donaciones mediante Bitcoin. El anuncio se produjo en un contexto de mayor presión por parte de exchanges y compañías de análisis blockchain, que habían intensificado la identificación y señalización de direcciones asociadas con el grupo.
Las actuaciones descritas por el DOJ cuentan una historia distinta, porque las autoridades sostienen que el grupo continuó solicitando donaciones a través de plataformas cifradas mucho después de aquella declaración pública. La diferencia entre el anuncio y los movimientos detectados refuerza la dificultad de evaluar una interrupción de actividades únicamente a partir de comunicados, sin contrastarlos con los flujos financieros observables.
El Departamento de Justicia mantiene desde al menos 2020 una campaña sostenida contra las redes digitales de recaudación vinculadas a Hamás. En ese periodo, el desarrollo de herramientas de trazabilidad permitió analizar grandes volúmenes de operaciones, incluso cuando los fondos atravesaban numerosas cuentas antes de llegar a un exchange o a otro punto de conversión.
Empresas como Chainalysis y TRM Labs han desarrollado sistemas capaces de agrupar direcciones por comportamiento, identificar cuentas de depósito en exchanges y construir grafos de transacciones a través de miles de saltos. La capacidad del FBI para conectar billeteras usadas durante lapsos breves con una misma operación afiliada a Hamás se apoya precisamente en ese tipo de análisis.
Implicaciones para exchanges y emisores
El caso incrementa la presión sobre los exchanges y proveedores de billeteras que procesan USDT a gran escala, especialmente cuando observan patrones de rotación rápida o transferencias originadas en jurisdicciones sometidas a sanciones del Tesoro estadounidense. Para esas empresas, el riesgo no se limita a recibir una dirección previamente identificada, ya que también deben evaluar cómo encaja una operación en una red de movimientos relacionados.
Buy Cash funciona como un ejemplo de la persistencia del rastro digital. El negocio de transferencia de dinero, que estaba sancionado por el Tesoro, habría procesado al menos USD $4 millones destinados a Hamás mediante direcciones identificables en la blockchain, y esa información permaneció disponible el tiempo suficiente para respaldar una demanda federal de decomiso.
Para los emisores de monedas estables, la reiterada presencia de USDT en investigaciones de este tipo seguirá generando preguntas sobre los mecanismos de congelación disponibles a nivel del emisor. Tether ha congelado en casos anteriores direcciones relacionadas con actividades ilícitas cuando recibió solicitudes de las autoridades policiales, una práctica que coloca a las stablecoins en una posición distinta frente a activos cuya administración no depende de una entidad central.
La operación también plantea un reto de equilibrio para el ecosistema cripto. El análisis de blockchain puede ayudar a interrumpir flujos asociados con actividades sancionadas, pero exchanges, custodios y emisores deben aplicar controles basados en evidencia y procedimientos verificables para evitar bloqueos erróneos, mientras responden a requerimientos legales cada vez más sofisticados.
Una advertencia sobre la trazabilidad de la blockchain
La incautación demuestra que la transparencia de las redes públicas puede convertirse en una herramienta de investigación incluso cuando los operadores intentan ocultar sus movimientos mediante múltiples billeteras. Cada transferencia no revela por sí sola la identidad de una persona, pero la combinación de patrones, vínculos con servicios financieros y datos obtenidos fuera de la cadena puede construir una atribución suficientemente sólida para una acción judicial.
La utilización de plataformas cifradas y de direcciones nuevas no elimina la necesidad de interactuar con el sistema financiero. En algún momento, los fondos pueden llegar a un exchange, una empresa de transferencia o un proveedor de servicios, y esas conexiones ofrecen puntos de observación que permiten relacionar operaciones aparentemente separadas.
El expediente descrito también separa dos conceptos que suelen confundirse en el debate público: anonimato y seudonimato. Las direcciones de blockchain no muestran automáticamente el nombre de su titular, pero sus movimientos dejan una secuencia permanente que puede analizarse retrospectivamente cuando las autoridades obtienen información adicional.
Por ahora, las acciones anunciadas por el DOJ y el FBI combinan la recuperación de activos, el bloqueo de infraestructura y el seguimiento de transacciones para presionar una red que, según las autoridades, continuó activa pese a su anuncio de 2023. El resultado refuerza la advertencia para cualquier organización que pretenda usar criptoactivos para evadir sanciones: cambiar de billetera puede modificar la apariencia del flujo, pero no necesariamente su historia.
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