Por Canuto  

Un número creciente de desarrolladores de centros de datos para inteligencia artificial está demandando a gobiernos locales de Estados Unidos que intentan frenar sus proyectos mediante prohibiciones o moratorias. Los casos revelan una tensión profunda entre el avance tecnológico y las comunidades que pagan los costos ambientales y sociales.
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  • Desarrolladores alegan que funcionarios locales excedieron su autoridad al prohibir centros de datos
  • El condado de Hill, Texas, derogó su prohibición una semana después de ser demandado
  • Una operación de minería de criptomonedas en Tennessee demanda por violación al debido proceso

 

Unos pocos desarrolladores de centros de datos para inteligencia artificial comenzaron a demandar a gobiernos locales que negaron sus solicitudes o aprobaron leyes que prohíben estos desarrollos.

Según Bloomberg Law y TomsHardware, algunas demandas alegan que funcionarios excedieron su autoridad al imponer moratorias.

Otras afirman que el derecho al debido proceso y a la igual protección fue violado por estas medidas restrictivas.

John Crossley, abogado de K&L Gates LLP, advirtió sobre el riesgo de una negativa generalizada a aprobar nuevos proyectos.

“Si la gente simplemente empieza a decir no, nunca más aprobaremos centros de datos, especialmente en lugares donde se necesitan, eso va a ser un problema”, señaló el abogado.

El caso del condado de Hill, Texas

El condado de Hill, Texas, se convirtió en el primer condado del estado en aprobar una prohibición de centros de datos por un año.

Un desarrollador demandó al gobierno local alegando que no tenía autoridad para aprobar dicha prohibición.

La ley fue derogada apenas una semana después de la presentación de la demanda.

Tras la derogación, el caso fue desestimado por acuerdo de las partes.

El gobernador Greg Abbott aprobó recientemente una moratoria estatal sobre aprobaciones de centros de datos.

Sin embargo, no está claro si el proyecto original del condado de Hill se ve afectado por esta nueva medida estatal.

Tampoco se sabe si otros desarrolladores afectados demandarán al gobierno estatal de Texas.

El caso del condado de Hill demuestra que las prohibiciones locales pueden ser vulnerables ante desafíos legales.

La rapidez con la que se derogó la ley sugiere que los funcionarios reconocieron su debilidad jurídica.

Este precedente podría alentar a otros desarrolladores a emprender acciones legales similares en el futuro.

Hawkins, Tennessee: minería de criptomonedas contra el condado

Una operación de minería de criptomonedas demandó al condado de Hawkins, Tennessee, por prohibir los centros de datos.

La demanda alega que la medida viola el derecho al debido proceso y a la igual protección.

El condado argumentó que desarrollos como este absorben valiosos recursos naturales mientras arrojan contaminación ambiental y acústica.

Los abogados del condado de Hawkins escribieron una frase que resume su posición con crudeza.

“En resumen, los centros de datos quitan mucho más de lo que dan en un lugar como el condado de Hawkins”, señalaron.

Este caso ilustra el choque entre los beneficios prometidos por los desarrolladores y los costos que asumen las comunidades.

Los defensores de los proyectos mencionan ingresos fiscales, empleos en construcción y actividad económica local.

Pero los residentes cada vez más reportan una carga innecesaria sobre sus servicios públicos y su calidad de vida.

La minería de criptomonedas es especialmente intensiva en consumo energético.

Por eso los condados rurales con electricidad barata se han convertido en blanco de estos proyectos.

Impactos ambientales y sociales documentados

Los problemas con centros de datos no son casos aislados ni exageraciones locales.

Múltiples centros de datos de Meta han causado problemas de agua en varias regiones de Estados Unidos.

Se han reportado casos de baja presión de agua, suministro turbio e incluso contaminación del sistema hídrico de una ciudad.

Los centros de datos Colossus de Elon Musk enfrentan alegaciones de contaminación del aire.

Musk prometió eliminar 69 generadores de energía sin permiso después de que una planta de 1.2 GW los reemplazara.

Un centro de datos en Michigan enfrenta una demanda por emitir un ruido fuerte y angustiante las 24 horas.

Los residentes describieron el sonido como si alguien hubiera puesto una aspiradora en su sala de estar.

En Virginia, los precios de electricidad en la región de PJM Interconnection aumentaron precipitadamente hasta un 76%.

El estado ahora exige que los centros de datos paguen por toda la infraestructura eléctrica dedicada aguas arriba.

Pero esta medida llegó después de que los residentes ya sintieran el impacto en sus facturas.

El caso de Amazon y la frustración comunitaria

Un centro de datos de Amazon en otra localidad recibió su aprobación después de años de tramitación.

La construcción comenzó recientemente en medio de una controversia persistente.

Los residentes alegaron que solo se enteraron del proyecto cuando los trabajadores comenzaron a llegar al sitio.

Esta falta de transparencia generó indignación entre los vecinos afectados.

Una ciudad de Pensilvania intentó una solución innovadora para conciliar intereses.

El gobierno local presentó 43 demandas específicas que cubrían ruido, luz, contaminación del aire, agua, energía y uso del suelo.

También incluyeron impuestos e incluso el desmantelamiento del centro de datos al final de su vida útil.

El desarrollador calificó estas demandas de “demasiado difíciles”.

El consejo municipal respondió con una frase contundente: “aprobación por berrinche”.

Este intercambio revela la frustración mutua entre comunidades y desarrolladores.

El compromiso de protección al contribuyente

La Administración Trump ha adoptado una política agresiva en materia de inteligencia artificial.

Sin embargo, incluso desde Washington se reconoce la necesidad de proteger a los contribuyentes locales.

Hiperescaladores de IA, gobernadores estatales, proveedores de servicios públicos y operadores de centros de datos firmaron un compromiso.

El “compromiso de protección al contribuyente” promete que los desarrolladores pagarán por su propio camino.

Esto significa que deberán financiar la infraestructura requerida sin trasladar los costos a los residentes.

La medida responde a la creciente presión pública sobre los impactos de estos mega proyectos.

Las noticias negativas sobre centros de datos ciertamente han dificultado que estos desarrollos despeguen sin oposición.

Los operadores necesitan ganarse la aprobación de sus vecinos si quieren ejecutar sus proyectos rápidamente.

Pero esa confianza se ha vuelto exponencialmente difícil de obtener con la publicidad negativa acumulada.

La batalla legal apenas comienza y definirá el futuro de la infraestructura de IA en Estados Unidos.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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